El presidente Javier Milei cuestionó las jubilaciones de privilegio a presidentes y vicepresidentes y advirtió que "no deberían existir", en el marco del proyecto presentado en . Además, recordó que declinó percibir el monto.
El Presidente respaldó un proyecto de ley presentado por el diputado Damián Arabia, del PRO, que propone que "se les remueva la pensión vitalicia a Presidentes y Vicepresidentes condenados penalmente".
El presidente Javier Milei cuestionó las jubilaciones de privilegio a presidentes y vicepresidentes y advirtió que "no deberían existir", en el marco del proyecto presentado en . Además, recordó que declinó percibir el monto.
En una publicación en su cuenta de la red social X (ex Twitter), Milei destacó un proyecto de ley presentado por el diputado del PRO Damián Arabia, que apunta a que "a partir de ahora se les remueva la pensión vitalicia a Presidentes y Vicepresidentes condenados penalmente", señaló el legislador.
"Y también para que se le suspenda provisoriamente en caso de procesamiento penal. No es jubilación, es un privilegio", agregó el diputado del partido amarillo en esta línea.
Por su parte, el jefe de Estado respaldó la propuesta en sus redes sociales. "Me encanta la idea. Desde mi visión las jubilaciones no deberían existir y por ello yo renuncié a la misma", expresó.
El presidente Javier Milei había hecho efectiva el 6 de junio su renuncia de forma indeclinable a la jubilación de privilegio que le asiste como mandatario de la Argentina.
La misma fue concretada en una nota enviada al director ejecutivo de ANSES, Mariano de los Heros y pese a que la jubilación de privilegio le asiste como un legítimo derecho que se encuentra previsto por la Ley 24.018.
Ese derecho fue ratificado por la Cámara de Diputados, luego de que el bloque Hacemos Coalición Federal que preside Miguel Pichetto y Unión por la Patria lograron frenar el intento de otros bloques para eliminar las jubilaciones de privilegio de ex presidentes y vicepresidentes.
Pichetto expresó una moción para eliminar ese artículo, que establecía el fin de esos privilegios pero con efecto inmediato desde sancionada la ley, por lo que no podía utilizarse retroactivamente para negarle esos beneficios a ex presidentes.