Inconsistencias y puntos oscuros: qué dice la declaración patrimonial de Adorni sobre sus dólares y la casa en Indio Cuá

Los dólares y el bitcoin

Uno de los principales interrogantes planteados por la Fiscalía estaba relacionado con los dólares declarados en efectivo bajo el concepto de “venta de activos”. Adorni había declarado u$s 565.000 al inicio de 2023, u$s513.000 al cierre de ese año y u$s388.961,52 al cierre de 2024.

La explicación de la defensa es que esos fondos no surgieron de la venta de un inmueble ni de otro bien físico, sino de la liquidación de ocho direcciones de Bitcoin. Según el escrito, esas operaciones representaron un total de u$s591.544,61.

La defensa sostiene que las ocho billeteras tuvieron actividad exclusivamente entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018 y que actualmente no conservan saldo. Es decir, la inversión y su liquidación fueron realizadas entre cinco y nueve años antes de que Adorni ingresara a la función pública, el 10 de diciembre de 2023.

El argumento central es que los dólares declarados durante su paso por la función pública serían la conversión y posterior utilización de un activo adquirido previamente. Para acreditar la titularidad de las billeteras, la defensa señala que Adorni firmó mensajes mediante las claves privadas de las ocho direcciones ante un escribano. Además, entregó esas claves en un sobre cerrado y lacrado para que puedan ser utilizadas si fueran requeridas durante la investigación.

Según el escrito, el capital inicial utilizado para comprar Bitcoin provenía de ahorros acumulados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, durante sus años de actividad profesional privada. Las primeras compras se realizaron en 2014 por u$s1.897,20, mientras que la mayor parte de la inversión —u$s199.883,20— se concretó en 2017.

La defensa sostiene que la venta de las criptomonedas también se hizo en efectivo y de manera directa. Como ejemplo, señala que cuatro de las ocho direcciones fueron liquidadas el 5 de agosto de 2017, entre ellas una operación por u$s296.785,46.

El documento también reconstruye cómo evolucionaron esos fondos: de los u$s513.000 declarados al cierre de 2023 se pasó a u$s388.961,52 al cierre de 2024 y a u$s209.961,52 al cierre de 2025, luego de distintas inversiones, gastos y adquisiciones.

La casa de Indio Cuá y una diferencia de u$s40.000

El otro punto relevante está relacionado con el lote 380 del Country Indio Cuá y la vivienda construida allí.

La defensa sostiene que el terreno fue comprado por u$s 120.000: u$s100.000 mediante un mutuo con garantía hipotecaria sobre un inmueble de la calle Asamblea y los u$s 20.000 restantes en efectivo. En las declaraciones juradas rectificativas presentadas el 10 de junio de 2026, Adorni y su esposa incorporaron cada uno el 50% del activo y del pasivo hipotecario.

La principal controversia aparece en el costo de la remodelación. La Fiscalía había requerido explicar el origen de los u$s245.000 que, según el requerimiento, habían sido abonados al contratista Matías Tabar.

La defensa sostiene que esa cifra no coincide con la documentación incorporada al expediente. Según su análisis, la primera planilla presentada por el propio Tabar, correctamente sumada, arroja u$s285.929 y no u$s245.929. La diferencia de u$s40.000, afirma el escrito, no tiene explicación ni respaldo documental.

El escrito enumera además otras inconsistencias que atribuye a la documentación del contratista: diferencias entre dos planillas, gastos sin comprobantes, remitos con fechas anteriores al comienzo de la obra, materiales entregados en distintos domicilios, facturas emitidas a nombre del propio Tabar y ausencia de presupuestos comparativos. También señala que dos mamparas presupuestadas y abonadas nunca fueron instaladas.

Pero la defensa plantea que el dato central es otro: sostiene que el dinero efectivamente entregado a Tabar fue de u$s175.000. Ese monto, afirma, surge del análisis contable de los desembolsos realizados.

A su vez, un informe técnico elaborado por un arquitecto contratado por la defensa calculó en u$s 174.954,58 el valor de mercado de la obra. La diferencia entre ambos números sería de apenas u$s45,42. Para los abogados, la coincidencia entre el monto que aseguran haber efectivamente desembolsado y la valuación técnica constituye un elemento central para explicar el costo real de la remodelación.

La presentación también incorpora la declaración del propio Tabar, quien, según la defensa, reconoció que el presupuesto inicial de los trabajos fue modificado durante la obra y que algunos pagos se realizaron en efectivo y sin recibos.

De esta manera, la defensa busca explicar dos de los principales puntos observados por la Fiscalía: sostiene que los dólares declarados como “venta de activos” provienen de una inversión en Bitcoin realizada años antes del ingreso de Adorni a la función pública y que el costo efectivo de la obra de Indio Cuá fue sustancialmente inferior al monto atribuido inicialmente al contratista.