En medio de la promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, advierten por la situación de los prestadores

En medio de este contexto, el encuentro que se concretó hoy a la tarde entre la Referente de la red de Prestadores de Discapacidad de la Provincia de Buenos Aires, Laura Lavega y su familia, con la Senadora Nacional, Alicia Kirchner, tuvo dos núcleos centrales:

• La deuda histórica: reconstruyeron cómo, desde la dictadura cívico-militar hasta pasados los años noventa, se fueron arrastrando compromisos externos que terminaron afectando la capacidad del Estado Argentino para satisfacer derechos básicos y como con la llegada de los gobiernos kirchneristas desde 2003 asumieron parte de esa deuda, a menudo bajo críticas, pero también con reclamos de justicia social.
  
  
• El momento presente: la exigencia de que la nueva ley no quede solo en letra muerta. Lavega y Kirchner comparten una mirada fundamental: las familias que no pueden cobrar pensiones, prestadores que ven caer sus aranceles respecto de la inflación, las barreras físicas y de reconocimiento del derecho no pueden seguir esperando. La emergencia es real y la Ley es Urgente.

Soberanía, deuda y consecuencias concretas.

Un elemento que la senadora remarcó con fuerza en la charla fue la deuda con el FMI, y cómo nuevas obligaciones externas, si no se negocian con transparencia, pueden impactar la soberanía del Estado para decidir sus políticas sociales. Algunos puntos clave:

• La Argentina tiene una deuda con el FMI que no solo es cuantiosa, sino que su pago viene condicionando reformas económicas, ajuste fiscal y exigencias que muchas veces limitan la capacidad de expansión del gasto público social.
  
  
• Cuando el Estado asume compromisos para pagar deuda externa grandes, suele tener menos margen para reasignar fondos hacia sectores vulnerables, como el de discapacidad, o para sostener prestaciones cuyo costo sube con la inflación.
  
  
• En este contexto, políticas sociales emergentes, como la ley de emergencia, quedan en manos de decisiones presupuestarias que dependen de la voluntad política y la capacidad negociadora frente a acreedores externos.

Lo que está pendiente, la emergencia que preocupa:

• Aunque la ley está firmada, su entrada en vigencia está condicionada: sin presupuesto aprobado que contemple sus requerimientos, sin definición clara de financiamiento, no hay garantía de que las prestaciones se efectivicen.
  
  
• Los prestadores, además, arrastran deudas inflacionarias: los aranceles actuales no cubren los costos reales, lo que pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales.
  
  
• Las familias están en una situación de espera: algunas personas dependen de pensiones no contributivas, otras de prestaciones de salud costosas o de rehabilitación. La dilación en la aplicación afecta derechos fundamentales.

Entre anécdotas de vida, historias de lucha y la urgencia del presente, Laura y Alicia coincidieron en lo esencial: en medio de un contexto desolador, cuando lo institucional y lo civil se encuentran, las luchas se articulan y el compromiso se multiplica. Allí surge una luz de esperanza encarnada en legisladoras que escuchan, observan la realidad y, sobre todo, responden con responsabilidad política e institucional.

No se trata solo de una disputa semántica entre «promulgada» y «vigente»: la distinción importa porque, en contextos de ajuste y negociación con el FMI, la promesa normativa puede quedar subordinada a una restricción presupuestaria que prioriza la estabilización fiscal ante la emergencia social. El resultado es una doble fractura: jurídica —la ley existe pero no se ejecuta plenamente— y social —personas y prestadores sufren la demora en prestaciones y pagos. Entender esa relación permite explicar por qué la discusión sobre la deuda y los nuevos pedidos de préstamo no es un debate técnico distante, sino una decisión política que define quién absorbe el costo del ajuste: los mercados o los sectores más vulnerables.

Por Candela Pérez.