En medio de la promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, advierten por la situación de los prestadores

El anuncio formal de una norma, evidentemente no siempre implica alivio inmediato para quienes la necesitan. En los últimos días, la Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada por el Congreso y promulgada, pero su ejecución práctica quedó condicionada: el Ejecutivo suspendió su aplicación hasta tanto se definan las partidas presupuestarias específicas para financiarla. Esa decisión convirtió una victoria legislativa y social en una promesa pendiente de presupuesto.

Este aplazamiento no ocurre en abstracto: se produce en el mismo momento en que el gobierno negocia y suscribe un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional y coloca deuda en mercados internacionales. Para muchas familias que esperaban ya un alivio, esta demora no es menor: prestaciones, pensiones, prestación de servicios, compensaciones a prestadores, todo está condicionando a que exista un financiamiento real.

En medio de este contexto, el encuentro que se concretó hoy a la tarde entre la Referente de la red de Prestadores de Discapacidad de la Provincia de Buenos Aires, Laura Lavega y su familia, con la Senadora Nacional, Alicia Kirchner, tuvo dos núcleos centrales:

• La deuda histórica: reconstruyeron cómo, desde la dictadura cívico-militar hasta pasados los años noventa, se fueron arrastrando compromisos externos que terminaron afectando la capacidad del Estado Argentino para satisfacer derechos básicos y como con la llegada de los gobiernos kirchneristas desde 2003 asumieron parte de esa deuda, a menudo bajo críticas, pero también con reclamos de justicia social.
  
  
• El momento presente: la exigencia de que la nueva ley no quede solo en letra muerta. Lavega y Kirchner comparten una mirada fundamental: las familias que no pueden cobrar pensiones, prestadores que ven caer sus aranceles respecto de la inflación, las barreras físicas y de reconocimiento del derecho no pueden seguir esperando. La emergencia es real y la Ley es Urgente.

Soberanía, deuda y consecuencias concretas.

Un elemento que la senadora remarcó con fuerza en la charla fue la deuda con el FMI, y cómo nuevas obligaciones externas, si no se negocian con transparencia, pueden impactar la soberanía del Estado para decidir sus políticas sociales. Algunos puntos clave:

• La Argentina tiene una deuda con el FMI que no solo es cuantiosa, sino que su pago viene condicionando reformas económicas, ajuste fiscal y exigencias que muchas veces limitan la capacidad de expansión del gasto público social.
  
  
• Cuando el Estado asume compromisos para pagar deuda externa grandes, suele tener menos margen para reasignar fondos hacia sectores vulnerables, como el de discapacidad, o para sostener prestaciones cuyo costo sube con la inflación.
  
  
• En este contexto, políticas sociales emergentes, como la ley de emergencia, quedan en manos de decisiones presupuestarias que dependen de la voluntad política y la capacidad negociadora frente a acreedores externos.

Lo que está pendiente, la emergencia que preocupa:

• Aunque la ley está firmada, su entrada en vigencia está condicionada: sin presupuesto aprobado que contemple sus requerimientos, sin definición clara de financiamiento, no hay garantía de que las prestaciones se efectivicen.
  
  
• Los prestadores, además, arrastran deudas inflacionarias: los aranceles actuales no cubren los costos reales, lo que pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales.
  
  
• Las familias están en una situación de espera: algunas personas dependen de pensiones no contributivas, otras de prestaciones de salud costosas o de rehabilitación. La dilación en la aplicación afecta derechos fundamentales.

Entre anécdotas de vida, historias de lucha y la urgencia del presente, Laura y Alicia coincidieron en lo esencial: en medio de un contexto desolador, cuando lo institucional y lo civil se encuentran, las luchas se articulan y el compromiso se multiplica. Allí surge una luz de esperanza encarnada en legisladoras que escuchan, observan la realidad y, sobre todo, responden con responsabilidad política e institucional.

No se trata solo de una disputa semántica entre «promulgada» y «vigente»: la distinción importa porque, en contextos de ajuste y negociación con el FMI, la promesa normativa puede quedar subordinada a una restricción presupuestaria que prioriza la estabilización fiscal ante la emergencia social. El resultado es una doble fractura: jurídica —la ley existe pero no se ejecuta plenamente— y social —personas y prestadores sufren la demora en prestaciones y pagos. Entender esa relación permite explicar por qué la discusión sobre la deuda y los nuevos pedidos de préstamo no es un debate técnico distante, sino una decisión política que define quién absorbe el costo del ajuste: los mercados o los sectores más vulnerables.

Por Candela Pérez.