Luego de haber sido imputados, la Justicia federal procesó a Emerenciano Sena y su pareja Marcela Acuña por trata de personas con fines de explotación laboral a trabajadores en el marco de la construcción de viviendas en el programa Sueños Compartidos.
Emerenciano Sena y su esposa Marcela Acuña fueron procesados por explotación laboral
La pareja y el dirigente Osmar Quintín Gómez fueron denunciados por Sergio Schoklender en 2010 durante la construcción de viviendas en el programa Sueños Compartidos.
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La jueza federal Zunilda Niremperger impuso un embargo de $31 millones
La medida fue dictada por la jueza federal Zunilda Niremperger, quien además les impuso un embargo de $31 millones.
La denuncia fue hecha en 2010 por el apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, contra el matrimonio líder del movimiento MTD 17 de Julio y el dirigente Osmar Quintín Gómez, este último detenido por el supuesto abuso sexual de una docente.
En el contenido, acusaba a los Sena de someter a la servidumbre a las personas que trabajaban en un predio ubicado sobre la ruta 11, entre otros delitos.
De qué fueron acusados Emerenciano Sena, Marcela Acuña y Osmar Quintín Gómez
En el marco de la construcción de viviendas a nivel nacional, el programa Sueños Compartidos era la planificación de casas en el predio excampo de tiro, en la ciudad de Resistencia, a partir de un convenio entre la provincia del Chaco y la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Como contrapartida, los trabajadores recibieron una beca del programa “Chaco por vos” de $500 mensuales, los cuales percibieron durante diciembre de 2008 y enero/febrero de 2009. Pero, según la denuncia, Sena les dio la orden de que no fueran más a cobrar la beca porque tenía que dársela a otros.
Sumado a eso, los trabajadores denunciaron que, tras ser contratados por Sena, Acuña o Quintín, estos le prometían trabajo registrado y una vivienda para sus familias, sin embargo, nunca sucedió.
De acuerdo a la investigación que siguió el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, los acusados no respetaban la jornada laboral de 8 horas obligándolos a permanecer muchas más horas y hasta, incluso, Sena solía ordenar a los gritos que colocaran un candado para que nadie saliera del predio.
También aseguraron que el pago era a condición si cumplían con la orden de Sena y una vez que les pagaban, los obligaban a entregar a los acusados una parte del mismo para la compra de alimentos, herramientas, pero también hacer gorras, banderas y camisetas del movimiento piquetero que lideraban.
Además, debían aportar dinero para conformar un fondo de asistencia para los compañeros que no tenían y a algunos les hacían firmar los recibos de sueldo por la suma de $1.500 y solo les entregaban $1.000.
Asimismo, las condiciones de trabajo no eran dignas, pues los hacían comer en el piso y bajo el control por parte de autoridades los escondían.
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