El PRO, a fondo contra Manuel Adorni: "Presidente, queremos que defienda el cambio"

En los papeles presentados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el funcionario aseguró poseer durante 2025 un patrimonio total de $944.575.052,45. El frente judicial es, quizás, para Adorni, el más urgente. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó a ARCA y a la Oficina Anticorrupción el envío "urgente" de la declaración jurada y sus rectificaciones.

El objetivo es cotejar los documentos con las explicaciones públicas de Adorni, quien admitió haber "ahorrado en negro" y haber obtenido ganancias por u$s300.000 en Bitcoins, activos que omitió declarar en sus anteriores presentaciones.

El jueves, el PRO ya había calificado la tardía presentación jurada de Adorni como "una falta grave": "Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible".

"En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura. No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige", completaron desde el partido aliado al Gobierno.

La oposición busca impulsar una moción de censura en Diputados

En el Congreso, el clima es de máxima tensión. El bloque de Unión por la Patria, junto a otros espacios de la oposición, solicitó formalmente una sesión especial para el martes 23 de junio. El objetivo es aplicar el artículo 101 de la Constitución Nacional e impulsar una moción de censura contra Adorni para ejecutar su destitución.

"Adorni le mintió en la cara a los 47 millones de argentinos y a los 257 diputados nacionales", denunciaron desde el bloque peronista. Los legisladores exigen que el Jefe de Gabinete responda verbalmente sobre las presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos y las inconsistencias en sus bienes.