El mensaje del Papa, el costo social del ajuste y las internas de un Gobierno que no logra reordenarse

En épocas donde se promueve la desmovilización, la masividad de las convocatorias fue otro dato político de peso. Millones de personas participaron de las actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, en algo que excedió ampliamente a los católicos practicantes. La visita volvió a poner en circulación una agenda social que encuentra escaso espacio en el discurso oficial, atravesada por la pobreza, el hambre, los salarios, el trabajo y la discapacidad.

Con el vocero Adrián Ravier y el destructor de mundos Federico Sturzenegger a la cabeza, el Gobierno intentó apropiarse de algunas de las definiciones del Pontífice y presentar sus llamados al diálogo y la unidad como un respaldo a su propia estrategia. Sin embargo, la doctrina social que León XIV reivindicó, en continuidad explícita con Francisco, plantea una oposición de fondo a los fundamentos del programa libertario. Cuestiona la reducción de la vida económica a la rentabilidad y reclama un Estado con capacidad de proteger a los más débiles. La visita terminó sin una confrontación directa con Milei, y no hacía falta. Porque dejó expuestas las diferencias entre el mensaje papal y las prioridades de un Gobierno que hizo del ajuste, la desregulación y el repliegue estatal los únicos ejes de su gestión.

Con los salarios y el tipo de cambio como únicas anclas, la distancia entre el discurso oficial sobre la desaceleración inflacionaria y la situación cotidiana de los hogares aparece con claridad en los últimos indicadores de consumo. Según un informe de la consultora Scanntech citado por Leandro Renou en Página/12, el consumo masivo registró en octubre una caída interanual del 6,8%. El retroceso alcanzó prácticamente todos los rubros. El único segmento que mostró crecimiento fue Alimentos, con una suba del 1,8%, mientras Bebidas se desplomó 14,1%, Limpieza cayó 7,1% y Cuidado Personal retrocedió 2,2%. En lo que va del año, el consumo acumula una baja del 2,5%.

El detalle de los productos expone la profundidad del ajuste en los hogares. La venta de gaseosas cayó 12%, la de agua 10,5% y la de jugo en polvo, una de las alternativas más económicas, se desplomó 26%. También retrocedieron las ventas de jabón de tocador (4,2%), champú (4,3%), cremas dentales (4%) y desodorantes (0,9%). Incluso la lavandina, uno de los artículos más baratos de limpieza, registró una caída del 9,6%. En higiene personal, el único producto que logró crecer fue el papel higiénico.

Renou recoge además la explicación de empresarios del sector. El problema central es la pérdida de ingresos disponibles después del pago de tarifas y otros gastos fijos. Los salarios no consiguen recuperar terreno y el consumo cotidiano queda cada vez más restringido. La caída también alcanza a los comercios. Los establecimientos con menos de 200 sucursales registraron un retroceso del 9,1%. El panorama preocupa especialmente al sector comercial porque se acerca el período de las Fiestas, que concentra alrededor del 40% de la facturación anual, sin expectativas claras de recuperación. Si pasa lo que temen, el año terminará siendo un desastre.

La presión sobre los ingresos también se refleja en el costo de las canastas básicas, que volvió a aumentar por encima de la inflación general y golpeó con mayor fuerza a los hogares de menores recursos. La Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza, registró una suba del 3,5%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el umbral de indigencia, aumentó un 3,1%. Ambos incrementos superaron ampliamente el 2,2% de inflación del nivel general, informado por el INDEC el jueves.

El dato expone una presión adicional sobre los sectores más vulnerables, que destinan una proporción mucho mayor de sus ingresos a alimentos y gastos esenciales. Mientras el Gobierno sostiene su discurso de desaceleración inflacionaria, el costo de cubrir las necesidades básicas crece a un ritmo superior al promedio de los precios. Los indicadores agregados pueden mostrar una desaceleración, pero eso no significa que los hogares de menores recursos estén experimentando un alivio equivalente.

Como fue dicho, en octubre la inflación fue del 2,2%, tres décimas por encima de septiembre (1,9%) y el registro más alto desde abril. El dato general volvió a superar el 2% y mostró que la desaceleración de los precios convive de modo permanente con aumentos importantes en rubros sensibles para los hogares.

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó buena parte de la aceleración mensual a las modificaciones en el régimen de Zona Fría, que impactaron en las facturas de gas y empujaron la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 4,2%. El argumento apunta a un efecto transitorio derivado de la reducción de subsidios. También incidieron los precios estacionales, que treparon 5,5%, mientras los regulados aumentaron 2,9%. El ministro destacó que la inflación núcleo, que excluye esos dos componentes, mostró el registro más bajo desde julio de 2025. La media móvil de tres meses de la inflación núcleo también fue presentada por el Gobierno como la más baja desde enero de 2018.

La explicación oficial, sin embargo, tiene algunos puntos que merecen atención. El impacto de Zona Fría no alcanza para explicar por sí solo la dinámica de los precios. Los regulados acumularon un aumento interanual del 43,7%, diez puntos por encima del nivel general, mientras que los servicios públicos volvieron a ubicarse entre los principales impulsores de la inflación. La decisión de sostener esos aumentos, en contra de la prédica de que la baja de inflación es el mandato más importante del gobierno de Milei, muestra que lo verdaderamente trascendente, lo que vinieron a hacer los libertarios, es provocar una transferencia de ingresos cada vez más brutal de los sectores más relegados a los más concentrados. La modificación del régimen de subsidios no fue un fenómeno externo o imprevisible, sino una decisión del propio Gobierno que trasladó parte del costo de las tarifas a los usuarios.

El deterioro de las condiciones sociales también aparece en el último informe de AtlasIntel/Bloomberg. El desempleo desplazó a la corrupción y se convirtió en el principal problema del país para el 50,2% de los consultados. La preocupación por los altos precios y la inflación también aumentó, hasta alcanzar el 32,4%, mientras que la situación económica general llegó al 34,5%. La encuesta refleja un escenario en el que el mercado laboral gana centralidad frente al discurso oficial concentrado en la desaceleración inflacionaria. El dato coincide con un proceso de deterioro del empleo registrado. El sector privado acumuló 15 meses consecutivos de caída y perdió casi 310.000 puestos de trabajo desde agosto de 2023.

En el ranking de imagen neta de la dirigencia política, el podio es de los opositores, otro dato preocupante para el oficialismo. La expresidenta Cristina Kirchner aparece en el primer lugar, seguida por Axel Kicillof y Myriam Bregman. Recién después aparece Patricia Bullrich, por delante de Javier Milei. La senadora conserva una valoración favorable superior a la del Presidente, en medio de su enfrentamiento explícito de las últimas semanas. Además, mientras la imagen negativa de Javier Milei creció tres puntos y su positiva cayó dos, Bullrich redujo un punto su rechazo y mantuvo estable su valoración favorable.

La evaluación de la gestión presidencial también muestra una brecha pronunciada entre aprobación y rechazo. El 60,6% desaprueba el desempeño de Milei, frente a un 36,2% que lo aprueba, una diferencia negativa de 24,4 puntos porcentuales. En la evaluación general del Gobierno, el 55,7% tiene una opinión negativa y apenas el 28,9% positiva. En la Casa Rosada se esfuerzan por recordar que, en octubre del año pasado, el proyecto fue apoyado en las urnas, a pesar de que la valoración del Presidente y su gestión ya estaban en baja. Y, de paso, le hicieron llegar a Bullrich -a través de operadores y comunicadores adeptos- que ella no tiene los votos para hacer "mileísmo sin Milei".

Un poco preocupados por la subsistencia del rumbo a pesar de sus desastrosos resultados, otro poco por la onda que instaló León XIV, las principales entidades empresarias del país —nucleadas en el Grupo de los Seis— propusieron convocar a una mesa de diálogo nacional una vez concluida la visita del Papa. La iniciativa apunta a reunir al Gobierno nacional, los gobernadores, los trabajadores, los sindicatos y representantes de la sociedad civil para acordar una serie de políticas y compromisos que tengan continuidad más allá de los cambios de gobierno. El espacio está integrado por la UIA, la Sociedad Rural, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos Argentinos. En un comunicado, plantearon que cada sector deberá explicitar qué espera de los demás y, sobre todo, a qué se compromete.

La propuesta también recibió respaldo de dirigentes de la CGT, que vienen reclamando una instancia de negociación tripartita para discutir una agenda de producción y trabajo. El antecedente no es alentador. Durante 2024 y 2025 el Gobierno ensayó mesas de diálogo con empresarios y sindicalistas, pero ninguna logró continuidad ni una convocatoria amplia. Ahora, el pedido apunta a superar las reuniones sectoriales y construir un ámbito institucional de discusión.

Sin embargo, la apelación al diálogo convive con posiciones empresarias que respaldan con fervor el rumbo económico y relativizan sus consecuencias sociales. Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y uno de los empresarios más cercanos a Javier Milei, salió a cuestionar los planteos de justicia social y redistribución que había formulado León XIV ante empresarios en la Universidad Católica Argentina. Menos de 24 horas después de escuchar al Pontífice, Grinman calificó esos conceptos como un "slogan vacío" y se preguntó: "¿Qué vamos a redistribuir si este es un país que nunca generó riquezas?". El titular de la CAC había firmado el comunicado del Grupo de los Seis que reclamaba diálogo y paz social a partir de los mensajes del Papa.

Con más de 32.000 empresas cerradas desde el inicio de la gestión de Milei, Grinman relativizó el impacto de las quiebras y sostuvo: "En el mundo todos los días hay empresas que nacen y todos los días hay empresas que fallecen. Eso es absolutamente normal". También defendió el rumbo económico como un tránsito doloroso pero necesario. "Hay un puente que hay que atravesar", afirmó, aunque reconoció que no será un camino sencillo.

Este contexto de tensión por los horribles resultados sociales de la política económica repercute en las internas crecientes del Gobierno. Este martes habrá una nueva reunión de la Mesa Política, después de casi un mes sin encuentros presenciales. El principal foco de conflicto es Bullrich. La jefa del bloque libertario en el Senado viene marcando diferencias con decisiones de Javier Milei y con el esquema de conducción. La tensión escaló por el manejo de la bancada, los acuerdos políticos y la relación con los gobernadores. Un episodio que profundizó la disputa fue el enfrentamiento entre Bullrich y la senadora karinista Nadia Márquez, quien cuestionó su conducción por considerarla demasiado cerrada. En la Casa Rosada sospechan, además, que Bullrich no está haciendo lo suficiente para conseguir los votos necesarios para suspender las PASO. La senadora sostiene que está a favor de eliminarlas, pero que las negociaciones con los gobernadores corresponden a Diego Santilli y a los Menem.

La interna también atraviesa la estrategia de negociación con las provincias. Mientras Santilli y Santiago Caputo pretenden cerrar rápidamente acuerdos con los gobernadores para garantizar respaldo parlamentario, los Menem plantean exigir compromisos previos, entre ellos reducciones de impuestos provinciales y medidas de desregulación. En ese escenario, el Gobierno llega a las últimas semanas del período ordinario con una agenda legislativa cargada, que incluye el Presupuesto 2027, la reforma política, la suspensión de las PASO y el denominado Súper RIGI. La reunión de la Mesa Política busca ordenar las diferencias y evitar que las disputas internas condicionen la capacidad del oficialismo para conseguir sus propios votos.

La pelea por la reforma política se convirtió también en una disputa por deslindar responsabilidades ante un eventual fracaso legislativo. Bullrich desconfía de que el oficialismo tenga los respaldos necesarios para conseguir la media sanción y sospecha que en la Rosada buscan acelerar el tratamiento para dejarla expuesta si el proyecto no prospera. En su entorno creen que se pretende cargarle el costo político de una derrota, pese a que la negociación con los gobernadores está en manos de Santilli. La senadora incluso evalúa difundir un mensaje público para anticiparse y dejar en claro que no es responsable de conseguir esos apoyos.

El problema concreto es que los votos todavía no están asegurados. La reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado fue convocada para el martes 17, después de dos meses sin actividad, pero el PRO y la UCR condicionan su respaldo a que el oficialismo avance también con Ficha Limpia. "Sin Ficha Limpia, no hay nada de lo demás", advierten desde esos bloques. Así, el Gobierno pretende acelerar una reforma que considera prioritaria sin tener resuelta una negociación indispensable para reunir las mayorías.

Martín Menem salió a marcarle la cancha a Patricia Bullrich y puso un plazo concreto para la aprobación de la suspensión de las PASO. Espera que el Senado consiga la media sanción en los próximos 15 días. El titular de Diputados aclaró que se trata de una expectativa condicionada a los acuerdos parlamentarios, pero dejó explícito que la responsabilidad de conseguir los votos está ahora en manos de la Cámara alta. También aseguró que, una vez aprobado el proyecto en el Senado, La Libertad Avanza tendría los respaldos necesarios para convertirlo en ley en Diputados. En paralelo, Menem anticipó que el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias para avanzar con los proyectos que queden pendientes, entre ellos el Presupuesto, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y otras iniciativas económicas y políticas.

La desconfianza del oficialismo también alcanza a los gobernadores y condiciona la estrategia electoral. El adelantamiento de las elecciones en Neuquén, decidido por Rolando Figueroa sin esperar una coordinación con la Casa Rosada, alimentó los recelos del sector de los Menem sobre los mandatarios provinciales. En paralelo, el Gobierno explora un acuerdo electoral con los gobernadores radicales Maximiliano Pullaro, Juan Pablo Valdés y Alfredo Cornejo. La propuesta consiste en que sus legisladores acompañen la suspensión de las PASO a cambio de habilitar listas colectoras con candidatos radicales al Congreso, adheridas a la fórmula presidencial libertaria. Se trata de un entendimiento que busca garantizar votos parlamentarios a Milei y, al mismo tiempo, ofrecerles a los mandatarios provinciales una vía para preservar representación legislativa propia sin romper con el oficialismo.

Pero, conforme se degrada la imagen de Javier Milei, la parte política pierde atractivo en la negociación con los gobernadores y gana espacio el trasfondo económico que condiciona los acuerdos. Tiene lógica cuando se miran los números. Entre enero y octubre de 2026, las transferencias de la administración nacional a las provincias se redujeron un 50% en términos reales respecto del mismo período del año pasado, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, elaborados sobre la base del Sistema Integrado de Información Financiera del propio Estado nacional.

El recorte profundiza una política que viene desde el comienzo de la gestión libertaria. En 2024, las transferencias habían caído un 75,6% real y, durante 2025, apenas recuperaron un 40,6%. El resultado es que, al cabo de los dos primeros años de Milei, los recursos enviados a las provincias quedaron un 65,7% por debajo de los niveles de finales de 2023. Menos fondos nacionales implican mayores restricciones presupuestarias y más presión sobre los gobernadores para sostener servicios y obras con recursos propios.

El Gobierno, desde el principio, usó esa necesidad para conseguir respaldo parlamentario y electoral, pero esos tiempos se están acortando. Es cierto que la discusión por las PASO, las listas colectoras y los acuerdos legislativos se desarrolla sobre una relación desigual, en la que Nación concentra los recursos y los gobernadores deben negociar apoyos para conseguir fondos, pero también es verdad que la evidencia de que Milei tiene el boleto picado y su futuro es incierto tiene cada vez más incidencia en esas charlas.

En paralelo a la disputa por la reforma política, Milei busca anotarse un triunfo legislativo con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La Cámara de Diputados tiene previsto tratar el proyecto el próximo 18 de noviembre y el oficialismo confía en convertirlo en ley, aceptando las modificaciones introducidas por el Senado. La iniciativa establece como función central del BCRA preservar el valor de la moneda, prohíbe expresamente financiar al Tesoro mediante emisión y elimina los adelantos transitorios, además de restringir las transferencias de utilidades al Gobierno. El cambio más relevante incorporado por el Senado establece que la designación y remoción de las autoridades del Central requerirá 37 votos de la Cámara alta, en lugar de los dos tercios de ambas cámaras que exigía el proyecto original. Para Milei, la reforma representa una de las principales banderas de su programa económico y busca institucionalizar la prohibición de financiar el gasto público con emisión monetaria. En Economía, además, esperan que su aprobación funcione como una señal de continuidad del esquema monetario y fiscal ante los mercados, que han sido esquivos en las últimas semanas.

La agenda de la semana del 16 al 20 de noviembre incluye, además de la reforma del Banco Central, el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional sobre Malvinas, que el oficialismo busca llevar al recinto para conseguir media sanción. También está previsto el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, junto con iniciativas sobre trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y modificaciones al Código Penal en materia de vandalismo rural. Aun los temas que parecen más nimios están pensados para negociar con los aliados, en una estrategia que le permitió a Milei y su gobierno llegar hasta acá con éxitos políticos relativos. Pero los fracasos en materia económico-social, los reveses de los aliados y el cambio en los consensos acerca de hacia dónde tiene que ir la Argentina parecen importar cada vez más y auguran un futuro tormentoso.