El Gobierno habilitó anticipos a 12 provincias: busca sostener el vínculo con los gobernadores

La asistencia contempla hasta $400.000 millones en concepto de adelantos de coparticipación, con la condición de que sean reintegrados dentro del mismo ejercicio fiscal. Según lo establecido, será la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía la que determine cuánto recibirá cada jurisdicción en función de su capacidad de pago y su participación en la recaudación nacional.

La decisión llega en medio de un escenario complejo para las cuentas provinciales, con ocho meses consecutivos de caída en la recaudación. Según estimaciones oficiales, los ingresos del primer trimestre registraron una baja cercana al billón de pesos frente al mismo período del año pasado, mientras la presión de las paritarias y el deterioro de los ingresos mantienen abiertos múltiples frentes de conflicto.

Por último, el decreto también introduce cambios en una norma previa que había otorgado asistencia a Entre Ríos, y ajusta la tasa de interés para equiparar las condiciones con las nuevas provincias incluidas.

Qué provincias están incluidas en la medida

El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei y se inscribe en una estrategia para mostrar una postura más flexible frente a las provincias, en momentos en que la Casa Rosada necesita respaldos políticos. Entre los distritos alcanzados figuran Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

El esquema prevé que la devolución de los fondos se realice mediante retenciones automáticas sobre la coparticipación, con más intereses calculados a una tasa fija nominal anual del 15%. La autoridad económica también podrá acordar con cada provincia las condiciones específicas de desembolso, plazos y mecanismos de reintegro.

Qué requisitos deben cumplir las provincias para acceder

Para acceder a los anticipos, las provincias deberán autorizar al organismo nacional a descontar los recursos correspondientes hasta cancelar el total de la asistencia más los intereses. Además, la normativa establece que los distritos deberán comprometer su participación en el régimen de distribución de recursos de la Ley 23.548 u otros fondos coparticipables.

Dentro del Gobierno destacan que la medida tuvo un doble frente de negociación: el político, encabezado por el Ministerio del Interior, y el fiscal, bajo la órbita del Ministerio de Economía. En ese marco, aseguran que el mecanismo permite ordenar la relación financiera con las provincias y fijar límites a los pedidos recurrentes de adelantos.