El Gobierno prorrogó las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el sábado 28 de febrero, con el objetivo de garantizar el tratamiento de los proyectos incluidos en el temario, para evitar que las iniciativas debatidas en la última semana de febrero queden sin efecto por cuestiones reglamentarias. Además, suma la discusión por el financiamiento universitario.
La medida se implementó a través del Decreto 103/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El cambio agrega una jornada al cronograma previsto, que finalizaba el viernes 27. Según el reglamento de la Cámara de Diputados, cuando restan diez días o menos para el cierre de las sesiones, los dictámenes pueden perder validez práctica. Por eso, la Casa Rosada resolvió ampliar el plazo y blindar el tratamiento parlamentario.
Además, el Presidente confirmó que se incorporará al temario la "consideración del Proyecto de Reforma de la Ley 27.795 sobre Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente", iniciativa que será enviada por el Poder Ejecutivo.
El Gobierno aspira a cerrar febrero con la sanción de la reforma laboral y otros proyectos considerados prioritarios, antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias del 1° de marzo. Hasta ahora, el oficialismo consiguió media sanción de la reforma laboral y avances en la Ley Penal Juvenil y el acuerdo con el Mercosur.
Financiamiento universitario bajo revisión
La inclusión del tema se da luego de que el Gobierno apelara la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley aprobada en 2025. La crisis por el presupuesto universitario -que escaló entre 2024 y 2025 con masivas movilizaciones y un veto presidencial- abrió un frente político y judicial que el oficialismo busca encauzar con una nueva norma.
En ese marco, funcionarios del área educativa mantuvieron reuniones con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para avanzar en una propuesta que contemple actualización presupuestaria con previsibilidad jurídica, pero sin comprometer el objetivo central del Ejecutivo: el superávit fiscal.