El gobernador de Salta vetó parcialmente la "ley antipiquetes"

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, vetó parcialmente la ley que busca regular las protestas sociales, que fue sancionada la semana pasada por ambas cámaras legislativas de la provincia, luego de una serie de consultas a sectores que consideraban que algunos aspectos de la norma tenían "tintes restrictivos sobre derechos".

El ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Marcelo Domínguez, explicó en declaraciones a la prensa que el Poder Ejecutivo salteño entiende que "algunos aspectos del proyecto sancionado no guardan relación con el plexo normativo existente" en este sentido, que son la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y los tratados internacionales.

El veto surge luego de una serie de consultas realizadas a diferentes organizaciones del ámbito empresarial, sindical y social, con el objetivo de garantizar la convivencia, equilibrar derechos, en un marco del pleno ejercicio de las garantías constitucionales.

Domínguez explicó que el espíritu del veto surge “básicamente de haber escuchado a los sectores que se han pronunciado en contra de algunos aspectos de la norma, entendiendo que tiene tintes restrictivos de derechos”, y a los sectores productivos y las cámaras empresariales, “para conciliar de la mejor manera posible la situación que estamos viviendo en los últimos días”.

Qué puntos de la ley fueron vetados y cuáles se mantuvieron

“En los considerandos del decreto se atiende a que la norma perseguía el objeto de establecer un procedimiento de actuación del estado como garante y armonizador de los derechos de las personas durante el desarrollo de protestas y manifestaciones públicas, cualquiera fuere su naturaleza”, sostuvo Domínguez.

Luego, consideró que “esta ley ha sido ratificada en los aspectos no vetados, con el propósito de lograr en el menor tiempo posible que Salta vuelva a ser una provincia donde podamos convivir pacíficamente, atendiendo los reclamos de los sectores gremiales, pero también teniendo en cuenta los cortes de ruta generan un perjuicio enorme a la economía”.

Por ello, opinó que se debe “restablecer de inmediato el orden y la paz social”, y adelantó que, puntualmente en el artículo tercero de la norma, Sáenz “eliminó el requisito de la notificación previa de la manifestación a las autoridades públicas, con lo cual toda reunión espontánea no va a tener ninguna restricción”. Además, detalló que fue “vetado totalmente el artículo cuarto de la ley, que mandaba a notificar previamente, con una antelación de 24 horas ante la comisaría más cercana al lugar de desarrollo de la protesta”.

gustavo sáenz

Esta notificación, tal como determinaron los legisladores al sancionar la ley, debía incluir el lugar de concentración, el recorrido y la desconcentración, el horario de inicio, el tiempo estimado de desarrollo, el objetivo de la protesta o manifestación y los responsables.

Domínguez anticipó que “la autoridad de aplicación de la ley será el Ministerio de Seguridad y Justicia”, actualmente a su cargo, que deberá “arbitrar los medios necesarios para evitar la colisión de los derechos enunciados en el artículo primero, cuya vigencia está plenamente ratificada”.

“Es decir que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de reunión y de libre circulación están plenamente garantizados”, aseguró esta tarde el funcionario provincial.

El ministro informó que, en el artículo 8 del proyecto de ley “se mantuvo la disposición que, en caso que la protesta no se haya adecuado a las prescripciones de la ley, previa intervención del juzgado de garantías, se advertirá a los representantes sobre las posibles responsabilidades respecto de los daños que en su consecuencia pudieran provocarse”.