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El gendarme Nahuel Gallo pidió ser el único querellante en la causa contra Nicolás Maduro

El gendarme argentino, que estuvo 448 días detenido en Venezuela acusado de terrorismo y espionaje, declaró ante la Sala I de la Cámara Federal.

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  • El gendarme argentino Nahuel Gallo declaró este miércoles ante la Cámara Federal y solicitó su incorporación como único querellante en la causa contra Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad, luego de sufrir una detención de 448 días en Venezuela.

    Gallo compareció ante la Sala 1 del tribunal para apelar la unificación de las querellas que dispuso el juez de primera instancia, Sebastián Ramos. Durante la audiencia, el agente describió su arresto ocurrido el 8 de diciembre de 2024 en el país caribeño y su posterior traslado a la cárcel de El Rodeo I.

    El gobierno venezolano acusó al gendarme de supuestas actividades terroristas, de espionaje y de planificar un magnicidio contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Tras la denuncia de la Cancillería argentina, Gallo obtuvo su liberación el 2 de marzo de este año y retornó al país en un avión privado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

    Los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia decidirán si revocan la unificación de los damnificados en dos grupos de abogados. Asimismo, el tribunal evaluará el pedido del fiscal Agüero Iturbe para citar como testigo al presidente de la AFA, Claudio Tapia, con el fin de esclarecer la repatriación del uniformado.

    La justicia argentina tramita la extradición de Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad

    La causa judicial inició en 2023 bajo el principio de jurisdicción universal, una herramienta jurídica que habilita la persecución de crímenes internacionales de manera subsidiaria. El juez Ramos activó el pedido de extradición del mandatario venezolano después de la intervención de los Estados Unidos en Caracas que derivó en la custodia de Maduro para los tribunales de Nueva York.

    La legislación local ampara estos procesos mediante la incorporación de tratados internacionales a la Constitución Nacional. Entre los principales instrumentos destacan la Convención contra la Tortura de 1984, los Convenios de Ginebra de 1949 y la Convención contra las Desapariciones Forzadas de 2006.

    El expediente acumula como prueba informes de la Organización de las Naciones Unidas, la OEA y Amnistía Internacional sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela. El juzgado federal recopiló previamente denuncias sobre más de ochenta casos que afectaron a centenares de personas en el territorio venezolano.

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