Mientras el Congreso atraviesa el receso de verano y se prepara para retomar la actividad en febrero con un temario limitado a las sesiones extraordinarias, varias designaciones institucionales clave quedarán en pausa hasta el inicio del período ordinario, el 1° de marzo. Entre ellas se encuentran las dos vacantes en el máximo tribunal del país, la designación del Procurador General, defensores oficiales, autoridades sin cubrir en la Auditoría General de la Nación y cientos de postulantes judiciales aún pendientes de aprobación.
Con ese escenario, 2026 se perfila como un año decisivo para una agenda que el Parlamento arrastra desde hace tiempo y que podría ocupar un lugar central cuando se reactive la actividad legislativa plena.
Corte Suprema: una integración incompleta
Las dos vacantes en la Corte Suprema siguen siendo el pendiente más sensible. Los cargos están sin cubrir desde 2021, tras la salida de Elena Highton de Nolasco, y desde diciembre de 2024, cuando se jubiló Juan Carlos Maqueda. Desde entonces, el máximo tribunal funciona con solo tres integrantes, lo que obliga a que sus fallos se adopten por unanimidad, ya que la ley prevé una mayoría de tres votos sobre una integración ideal de cinco jueces.
Durante 2024, el Gobierno impulsó las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, cuyos pliegos llegaron al Senado pero quedaron trabados por falta de consensos. Ambos fueron designados en comisión, pero el intento terminó en un fuerte revés político: García-Mansilla presentó su renuncia luego de que la Cámara alta rechazara su pliego y de una cautelar judicial que lo inhabilitó para firmar fallos, mientras que la postulación de Lijo tampoco logró consolidarse.
Tras ese fracaso, el Poder Ejecutivo decidió postergar la definición de nuevos candidatos. Con el Presupuesto 2026 aprobado y en medio de negociaciones legislativas más amplias, el oficialismo buscará reactivar en los próximos meses los acuerdos necesarios para cubrir las vacantes a partir de marzo.
La AGN y una rosca inconclusa
La integración de la Auditoría General de la Nación (AGN), el principal órgano de control del gasto público, es otro de los frentes abiertos. La ley establece que el organismo debe contar con siete auditores: tres designados por Diputados, tres por el Senado y un presidente nombrado de común acuerdo por ambas cámaras.
Los mandatos de los auditores del Senado vencieron a fines de marzo de 2025 y, durante más de un año y medio, también estuvieron vacantes los cargos correspondientes a Diputados. Esa situación se destrabó hace pocas semanas, en la última sesión del 18 de diciembre de 2025, cuando la Cámara baja designó a sus tres representantes: Rita Mónica Almada, por La Libertad Avanza; Juan Ignacio Forlón, por Unión por la Patria; y Cinthia Pamela Calletti.
La decisión generó fuertes críticas del PRO, que quedó excluido del reparto de cargos, y derivó en un amparo judicial presentado por su jefe de bloque, Cristian Ritondo. Con los cambios en la composición de las bancas tras el recambio legislativo, en el Senado no descartan que se reactiven las negociaciones para completar las designaciones pendientes.
Defensores: acuerdos a medio camino
Siguen sin resolverse las designaciones del Defensor del Pueblo y del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, cargos previstos por ley pero atravesados desde hace años por negociaciones políticas inconclusas.
El puesto de Defensor del Pueblo está vacante desde hace más de una década. En 2025, la Comisión Bicameral del Congreso inició un proceso de selección, con audiencias públicas realizadas, pero la designación final aún requiere el acuerdo del Congreso.
En el caso del Defensor del Niño, la Cámara de Diputados aprobó la postulación de María Paz Bertero, funcionaria vinculada políticamente al oficialismo bonaerense, pero su designación aún requiere el aval del Senado. El acuerdo que permitió avanzar en Diputados no alcanzó para cerrar la negociación en la Cámara alta, donde la definición quedó postergada para el período ordinario.
Procurador General: una vacancia estructural
El cargo de Procurador General de la Nación permanece vacante desde 2017, cuando renunció Alejandra Gils Carbó. Desde entonces, el Ministerio Público Fiscal es conducido por Eduardo Casal, quien asumió como procurador interino por ser el fiscal de mayor antigüedad ante la Corte Suprema y nunca fue designado formalmente por el Senado.
A lo largo de los últimos años circularon distintos nombres para reemplazarlo, pero la falta de acuerdos políticos en la Cámara alta —donde se requiere el aval de dos tercios de los senadores presentes— consolidó un interinato que ya se extendió durante sucesivos gobiernos. Al igual que los jueces de la Corte, el Procurador es propuesto por el Poder Ejecutivo y necesita acuerdo del Senado.
Con el inicio del período ordinario, el Congreso volverá a tener en sus manos una agenda institucional que excede las disputas coyunturales y que condiciona el funcionamiento del Estado. Más allá de los nombres propios, las decisiones —o las postergaciones— que se acumulen durante 2026 definirán el rumbo de la Justicia, los controles y la defensa de derechos por los próximos años.
