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El ajuste libertario se queda sin crédito político

Mientras los funcionarios oficialistas celebran una inflación en descenso, la economía cotidiana sigue sin enterarse: la morosidad de las familias aumenta y el margen para recortar gastos prácticamente desapareció. El deterioro económico encuentra un correlato cada vez más claro en el humor social y hasta el FMI advierte las señales de desgaste.

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  • Los problemas que el Gobierno no ve, o no quiere ver, pueden monopolizar el futuro más rápido de lo que se esperaba. Agosto comenzó con un nuevo golpe a bolsillos cada vez más vacíos. Desde este viernes volvieron a aumentar el transporte público, las tarifas de gas y agua, las cuotas de la medicina prepaga, los colegios privados, los peajes y los alquileres. La lista vuelve a concentrarse en gastos esenciales o importantes, aquellos que las familias no pueden, o no quieren, evitar. Mientras los funcionarios celebran una inflación en descenso, la economía cotidiana sigue sin enterarse. Cada mes cuesta más sostener el mismo nivel de vida y la desaceleración de los índices no logra traducirse en un alivio perceptible para la mayoría de los hogares.

    El transporte público en la Ciudad de Buenos Aires y en las líneas provinciales bonaerenses aumenta 3,6%; los peajes porteños, 3,5%; los colegios privados con aporte estatal de la provincia de Buenos Aires incrementarán sus cuotas un 8,1% en dos tramos, con un 5,5% en agosto y otro 2,5% en septiembre. También vuelven a subir los servicios básicos. El gas registra un incremento promedio del 2,7%, el agua un 1% y las empresas de medicina prepaga aplican ajustes de entre 1,3% y 2,9%, según el plan contratado. El problema es la acumulación. Todos los meses se suman nuevos incrementos sobre los mismos rubros esenciales, mientras el margen para recortar gastos prácticamente desapareció.

    El mayor impacto vuelve a estar en la vivienda. Los contratos de alquiler alcanzados por el Índice de Contratos de Locación (ICL) tendrán una actualización del 34,95%, muy por encima de la inflación mensual prevista. Para quienes deben firmar un contrato nuevo, los valores iniciales también siguen en niveles muy elevados, consolidando a la vivienda como uno de los gastos más difíciles de afrontar.

    La presión sobre los ingresos también empieza a reflejarse en otro indicador del deterioro económico. Un relevamiento del Instituto Argentina Grande señala que, en julio de 2026, ya había 3,6 millones de argentinos considerados deudores "irrecuperables", es decir, personas que acumulan al menos una línea de crédito con más de un año de atraso en los pagos. En apenas doce meses esa cifra se duplicó y ya representa el 17,2% de todos los deudores del sistema. El crecimiento de la morosidad muestra que el problema ya no pasa solamente por el aumento del costo de vida. Cada vez más familias también encuentran dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras, una señal de que el deterioro del poder adquisitivo comienza a trasladarse al sistema de crédito.

    Consultado recientemente sobre la situación de los millones de argentinos endeudados, el ministro de Economía, Luis Caputo, respondió que se trata de "un tema entre privados" y sostuvo que el Estado "no puede hacer nada" porque "cada uno se hace cargo de sus decisiones". Más allá de la discusión sobre cuál debe ser el rol del Estado, una respuesta de ese tenor expone el riesgo de perder de vista la dimensión humana de la crisis. Desde el principio del gobierno de Milei se evidenció la falta de empatía de los funcionarios con las víctimas del ajuste y hasta la crueldad con la que tratan a amplios sectores de la sociedad, pero ahora eso parece estar volviendo en contra.

    El deterioro económico encuentra un correlato cada vez más claro en el humor social. Un relevamiento nacional de QSocial muestra que la mitad de los consultados afirma que ya no está dispuesta a seguir esperando una mejora en su situación personal. Apenas el 20% dice que puede esperar hasta las elecciones de 2027, mientras que un 10% fija ese límite en fin de año y un 8% hasta mediados del año próximo. El crédito político para sostener el ajuste parece empezar a agotarse.

    El estudio también revela un creciente escepticismo respecto del rumbo económico. El 67% considera que el ajuste impulsado por el Gobierno no era necesario, frente a un 32% que lo considera indispensable aunque implique costos en el corto plazo. En la misma línea, dos de cada tres consultados creen que el esfuerzo no terminará valiendo la pena, mientras que sólo el 31% mantiene expectativas positivas sobre los resultados futuros.

    La preocupación por el deterioro económico también se refleja en cuáles son hoy las principales demandas sociales. Según QMonitor, el trabajo y la pobreza encabezan el ranking de los problemas más importantes del país, ambos con el 21% de las menciones, seguidos por la corrupción con el 19% y la inflación con el 11%. El dato marca un cambio de clima social. La inflación dejó de ser la principal preocupación no porque el costo de vida haya dejado de pesar, sino porque sus consecuencias ya son más visibles que sus causas. El empleo, la caída de los ingresos y el avance de la pobreza pasaron al primer plano.

    Ese malestar también impacta sobre la evaluación del Gobierno. El mismo estudio registra una aprobación de la gestión de Javier Milei del 31%, frente a un 64% de desaprobación. Además, el 61% considera que el Gobierno no tiene capacidad para resolver los principales problemas del país, mientras que solo el 32% cree que sí podrá hacerlo.

    Quizás lo más revelador sea el dato que surge al analizar al propio electorado oficialista. Apenas el 53% de quienes se identifican como mileístas considera que la situación actual del país es positiva. Es decir, ni siquiera dentro del núcleo de apoyo del Presidente existe una mayoría contundente que perciba una mejora del presente. Casi la mitad de sus propios votantes ya no tiene una visión favorable de la realidad económica. Entre el resto de las identidades políticas esa percepción prácticamente desaparece: alcanza el 13% entre los independientes, el 8% entre los votantes del PRO, el 5% entre los radicales, el 3% entre quienes se identifican con el peronismo y apenas el 1% entre los simpatizantes de la izquierda.

    Esas señales de desgaste fueron advertidas hasta por el FMI. Durante su visita a Buenos Aires, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, transmitió en una reunión con empresarios su preocupación por la falta de consenso político y social para sostener el actual esquema de ajuste más allá de 2027.

    Según trascendió de esos encuentros, Georgieva planteó la necesidad de un tipo de cambio más competitivo para fortalecer las reservas del Banco Central de cara a los vencimientos de deuda previstos para 2027. Ante la advertencia de empresarios de que una devaluación podría disparar nuevamente la inflación, la titular del Fondo habría sugerido que el Gobierno debería estar dispuesto a tolerar un aumento transitorio de los precios si eso permitiera reactivar la economía y recomponer la acumulación de divisas.

    En su presentación junto al ministro Luis Caputo, Georgieva puso el foco en la situación de las pequeñas y medianas empresas y dejó entrever que la recuperación de algunos sectores no logra extenderse al conjunto de la actividad. Al mismo tiempo, descartó nuevos desembolsos inmediatos del FMI, dejando en claro que el respaldo financiero no será ilimitado.

    La búlgara hizo generó un efecto doble y casi contradictorio en un solo movimiento. Por un lado, claramente vino a apoyar la reelección de Javier Milei. El Fondo está encantado con la sumisión del presidente argentino y su enjundia al realizar "el mayor ajuste de la historia". Por otro, procura asegurarse que sea sostenible más allá de la suerte electoral de LLA. La cadena nacional en la que se anunció el intento de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es una respuesta a esto último. Una prenda de cambio para que Georgieva siga acompañando el rumbo. Si Milei no reelige, que nadie pueda sacar a Santiago Bausili del BCRA. Y que el banco quede desligado de las consecuencias económico-sociales de su esfuerzo único por combatir la inflación con métodos ortodoxos.

    El cambio de clima también se refleja en la percepción sobre las responsabilidades de la crisis. Una encuesta realizada por Alaska y TresPuntoZero muestra que el 63,7% de los consultados considera hoy a Javier Milei como el principal responsable de la situación económica. Menos de tres de cada diez siguen atribuyendo la crisis a los gobiernos anteriores. El dato representa un giro significativo respecto de fines del año pasado, cuando una parte importante de la sociedad todavía responsabilizaba principalmente a las administraciones anteriores por la crisis.

    A la presión económica se suma el rechazo que sus proyectos comienzan a tener en la sociedad. El próximo 6 de agosto el Gobierno volverá a intentar, por quinta vez, aprobar el proyecto que habilita la venta de tierras a extranjeros. La iniciativa generó alerta en organizaciones sociales, organismos de DDHH, la Iglesia y gremios, que preparan una movilización en contra. Las dos CTA ya confirmaron su adhesión y también lo hizo la CGT. Según un estudio de Zuban Córdoba, ocho de cada diez argentinos están a favor de mantener los límites actuales a la extranjerización de la tierra.

    En paralelo, la Casa Rosada observa con atención los movimientos dentro de la oposición. La decisión de Cristina Fernández de Kirchner de recurrir al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para cuestionar su condena e inhabilitación es interpretada por el oficialismo como una oportunidad para profundizar las divisiones internas del peronismo. Mientras Javier Milei sostiene que su principal competencia es consigo mismo y no con otros espacios políticos, el Gobierno apuesta a que la fragmentación opositora pueda compensar el desgaste que muestran los sondeos.

    Sin embargo, los indicadores de confianza continúan deteriorándose. El Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella cayó en julio un 6,5% respecto del mes anterior y se ubicó en 1,94 puntos sobre una escala de 5. El retroceso revirtió el leve repunte registrado en junio y profundizó una tendencia negativa que, salvo esa excepción, se mantiene desde 2025.

    En términos interanuales, el índice cayó un 21%, una señal de que el deterioro de la percepción sobre el Gobierno no es solo coyuntural. El relevamiento de la Di Tella ha demostrado ser un mejor predictor de las conductas electorales que la mayoría de las encuestas. De cualquier modo, todos los sondeos marcan un deterioro fuerte en la intención de voto al Gobierno. Falta mucho para las presidenciales y en la Argentina todo puede suceder. Pero también puede pasar que ni siquiera la fragmentación o la falta de oferta electoral en la oposición frenen una derrota de Milei y su ajuste. El más grande de la historia, en sus propias palabras.

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