El 16 de septiembre de 1955, fracciones de las Fuerzas Armadas lanzaron acciones en distintos puntos del país con el objetivo de derrocar al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón y dieron inicio a la llamada Revolución Libertadora. El levantamiento se produjo tres meses después del bombardeo de Plaza de Mayo, ocurrido el 16 de junio, que dejó más de 300 muertos y más de 1.200 heridos y profundizó la crisis política que atravesaba al país.
El bando golpista estuvo integrado inicialmente por algunas unidades del Ejército y la Fuerza Aérea y por prácticamente toda la Marina de Guerra. La operación contó además con el respaldo de sectores mayoritarios de la oposición política y de la Iglesia, y con la participación de comandos civiles que actuaron junto a los militares rebeldes. Tras una semana de enfrentamientos, el golpe triunfó. El 19 de septiembre, ante el avance de los sectores golpistas, Perón dejó el poder y el 23 de septiembre el general Eduardo Lonardi asumió como presidente de facto. El saldo de los combates fue de más de 150 muertos.
La Fundación Eva Perón, creada el 19 de junio de 1948, fue una de las instituciones alcanzadas por la ofensiva del nuevo régimen. Desde los primeros días posteriores al golpe, las autoridades avanzaron sobre sus edificios, instituciones y programas sociales. La intervención no se limitó a desarmar su estructura: también alcanzó los objetos, símbolos y nombres asociados con Eva Perón y con las políticas sociales desarrolladas durante los gobiernos peronistas.
La destrucción de los símbolos
La investigación histórica Evita y la destrucción del recuerdo, de Viviana Demaría y José Figueroa, analiza ese proceso a partir del concepto de damnatio memoriae, una expresión de origen romano que refiere a la eliminación de las huellas de una persona de la memoria pública. Los autores recurren a esa idea para describir las medidas adoptadas después de 1955 contra las instituciones, los objetos y los símbolos vinculados con Eva Perón.
La ofensiva alcanzó a buena parte de la estructura creada por la Fundación Eva Perón. Sus hospitales, hogares, escuelas y centros de asistencia quedaron bajo intervención y comenzaron a perder los nombres, emblemas y elementos que los identificaban con la institución. La política de “desperonización” también se extendió a quienes habían trabajado o se habían formado dentro de esas estructuras.
Uno de los primeros blancos fueron las Escuelas Hogar. El 23 de septiembre de 1955 se ordenó su ocupación militar y comenzó el retiro de los símbolos asociados al peronismo. En los patios fueron quemadas frazadas, sábanas, colchones, pelotas y juguetes que llevaban el logotipo de la Fundación. La medida alcanzó también a otros establecimientos destinados a la atención de niños y niñas. En la Clínica de Recuperación Infantil Termas de Reyes, en Jujuy, los menores internados fueron expulsados y el edificio terminó convertido en un casino.
Eva y Juan Domingo Perón entregando juguetes de la Fundación
La eliminación de las marcas de la Fundación llegó incluso a los objetos de uso cotidiano. En Mendoza, vajillas y cristalería utilizadas por los niños fueron arrojadas al río. En distintos establecimientos del país también se retiraron o destruyeron elementos que llevaban las iniciales de la institución.
En el área de salud, uno de los casos más significativos fue la Escuela de Enfermeras 7 de Mayo, creada en 1950 como parte del proceso de formación de profesionales para el sistema sanitario. Hasta 1955 habían egresado 858 enfermeras y 430 especialistas. Después del golpe, la institución fue intervenida, sus estudiantes y profesionales quedaron bajo persecución y, finalmente, la escuela fue cerrada.
La ofensiva llegó también a los hospitales. Se ordenó retirar los elementos identificados con la Fundación y, según la reconstrucción histórica, fueron destruidos frascos de los bancos de sangre y pulmotores que llevaban las iniciales de la institución. La medida no se limitó a los objetos asociados con Eva Perón: también fueron confiscados muebles de hospitales, hogares para niños y hogares de tránsito, bajo el argumento de que representaban un nivel de lujo considerado incompatible con la nueva orientación del régimen.
La destrucción de esos elementos tenía una dimensión que excedía su valor material. Los colchones, juguetes, vajillas, uniformes y equipamiento sanitario formaban parte de la vida cotidiana de quienes utilizaban las instituciones de la Fundación. Al retirarlos o eliminarlos, también desaparecían las marcas que permitían vincularlos con las políticas sociales desarrollada durante el peronismo.
La intervención se extendió al conjunto de los programas de asistencia. Fueron ocupados hogares para niños y ancianos y se dispuso el cierre de los Hogares de Tránsito. También quedaron desactivados programas de turismo social, colonias de vacaciones y proveedurías de alimentos. La Ciudad Estudiantil Presidente Juan Perón fue desalojada y posteriormente utilizada como centro de detención.
Las condiciones de funcionamiento de las Escuelas Hogar también fueron modificadas. Los nuevos responsables cuestionaron la alimentación, la vestimenta y el mobiliario que recibían los menores, y calificaron algunas de esas prestaciones como “suntuosas” o “excesivas”. La nueva política buscó reemplazar ese modelo por otro considerado más austero por las autoridades del régimen.
La persecución no quedó limitada al funcionamiento de las instituciones. También se buscó borrar los nombres, fotografías, bustos y emblemas relacionados con Perón y Eva Perón. De este modo, la intervención sobre la Fundación avanzó en paralelo sobre sus estructuras y sobre las huellas materiales de su existencia.
El proceso adquirió una dimensión legal en 1956, cuando el decreto-ley 4161 prohibió la utilización de imágenes, símbolos, signos y expresiones vinculadas con el peronismo. La norma alcanzó fotografías, retratos, esculturas, el escudo y la bandera peronista, así como los nombres de Perón y sus familiares.
La disolución de la Fundación implicó, además, una disputa por sus bienes y su patrimonio. Tras el golpe se conformaron organismos destinados a avanzar sobre la liquidación de la institución y sus recursos. El proceso se extendió durante los años siguientes y alcanzó los bienes que habían quedado bajo control del Estado después de la intervención.
Así, el desmantelamiento de la Fundación Eva Perón combinó la eliminación de sus programas sociales, la intervención de sus instituciones y la destrucción de sus símbolos. Hospitales, escuelas, hogares y centros turísticos fueron modificados, cerrados o intervenidos, mientras que los objetos que llevaban el nombre o el emblema de la Fundación fueron retirados y, en numerosos casos, destruidos.
La Fundación había construido su identidad alrededor de una concepción de la asistencia social sintetizada en una frase atribuida a Eva Perón: “Donde existe una necesidad nace un derecho”. Después de 1955, la disputa también se trasladó al terreno de la memoria. La destrucción de objetos y símbolos formó parte de un proceso destinado no solo a desarticular sus instituciones, sino también a eliminar las huellas materiales que permitían reconocer su existencia.