La abogada Valeria Carreras denunció al fiscal Diego Luciani por adelantar su postura sobre la causa Vialidad en el libro “Corrupción, estado de derecho y derechos humanos”, patrocinado por la Fundación Konrad Adenauer.
La abogada Valeria Carreras denunció al fiscal Diego Luciani por adelantar su postura sobre la causa Vialidad en el libro “Corrupción, estado de derecho y derechos humanos”, patrocinado por la Fundación Konrad Adenauer.
La letrada pidió el apartamiento del funcionario judicial en el juicio que se lleva a cabo contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por supuesto redireccionamiento de fondos en la obra pública en Santa Cruz, ya que Luciani fue el coautor y escribió uno de los capítulos del libro.
“He tomado conocimiento de la existencia de una publicación del propio Luciani, donde adelanta opinión y se trasluce en el 2019 su juicio respecto a lo investigado en la causa de referencia”, advirtió en la presentación, formulada ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Según señaló, en dicha participación, Luciani “deja sentada su opinión formada y tomada respecto del caso Vialidad e incluso mencionado como elemento en su alegato, que es tal cual a sus dichos escritos”.
Según la información difundida por Vanesa Petrillo, periodista de C5N, la nota también está dirigida al procurador general interino, Eduardo Casal, como superior jerárquico del fiscal.
La vicepresidenta recusó a Luciani cuando trascendió la foto que jugaba al fútbol con uno de los jueces del tribunal del caso Vialidad en la quinta Los Abrojos de Mauricio Macri.
“En nuestro país se viene observando un acontecimiento social inédito de rechazo y repulsa frente a todo acto de corrupción cometido por los funcionarios públicos y el sector privado. Esto último, debido a que se ha verificado que, en la enorme mayoría de los casos, detrás de un hecho de corrupción de un funcionario público aparecen involucradas personas del mundo empresarial, quienes en su círculo social gozan de un cierto prestigio. Así, el dinero que se desvía de los fondos públicos pasa a manos privadas como un modo de obtener impunidad. El abuso en el ejercicio de sus cargos por parte de los funcionarios para obtener ganancias a partir de las actividades con empresas privadas puede poner en riesgo el funcionamiento del Estado de derecho, tal como se ha detectado en Argentina con los presuntos sobornos en la cartelización de la obra pública.
En efecto, a partir de una investigación por parte de periodistas del diario La Nación, conocida públicamente como `Causa de los Cuadernos´ –que derivó en una serie de allanamientos, detenciones, citaciones a prestar declaración de indagatoria, autos de procesamiento de ex altos mandatarios del Estado, y que provocó que algunos imputados se acogieran a la figura del arrepentido–, salió a la luz un entramado de sobornos que se encontraría presente en casi la totalidad de la obra pública. Si bien en el imaginario colectivo siempre ha estado latente la sensación de que la relación funcionario-empresario es promiscua, en la actualidad los hechos han puesto en el centro de la escena esta realidad y han provocado preocupación y conmoción en la ciudadanía”.