Conflicto policial en Jujuy: el Gobierno ofreció un salario mínimo de $1.150.000 y aumentos escalonados

Tras las manifestaciones de los efectivos de la policía de Jujuy, el gobierno provincial presentó una propuesta formal de recomposición salarial que contempla aumentos escalonados y la fijación de un piso salarial neto de $1.150.000 para los efectivos recién incorporados a partir de marzo.

El esquema fue discutido durante una reunión en la Central de Policía y, según trascendió, habría sido aceptado de manera preliminar por los representantes del sector, aunque aún restan definiciones técnicas para terminar de cerrar la estructura de remuneraciones.

Uno de los ejes de la propuesta es que las futuras actualizaciones salariales del personal policial queden alineadas con los incrementos otorgados al resto de los trabajadores de la administración pública provincial. En ese marco, el punto de partida sería el aumento del 10% que ya había sido concedido previamente.

El plan también incluye el pago de un adicional por presentismo y mejoras en los conceptos vinculados a títulos y formación de posgrado. Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el objetivo es avanzar hacia un esquema que permita estabilizar el funcionamiento de la fuerza y recuperar la normalidad institucional tras varios días de tensión.

Como parte del intento por destrabar el conflicto, el Gobierno pidió a los manifestantes un compromiso de mantener la paz social durante las próximas protestas. En particular, solicitó evitar la presencia de personas encapuchadas, la quema de neumáticos y cualquier acción que pueda provocar daños a bienes públicos o privados.

En paralelo, el conflicto también derivó en una causa judicial. El Gobierno provincial presentó una denuncia penal por los disturbios registrados el lunes por la noche en las inmediaciones de la Casa de Gobierno, lo que motivó la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El organismo inició una investigación de oficio para identificar a los responsables de los incidentes, que incluyeron la remoción de vallas de seguridad y el uso de pirotecnia de alto poder. Según indicaron las autoridades, ya se analizan imágenes de cámaras de seguridad y otros registros fílmicos para determinar la participación de los involucrados.

Desde el Ejecutivo calificaron los hechos como actos de vandalismo organizados por sectores que, sostienen, no representan a la mayoría de la fuerza. En ese sentido, remarcaron que no permitirán acciones que pongan en riesgo la estabilidad institucional de la provincia.