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Causa AMIA: ordenan la captura internacional de un alto jerarca iraní por su presunta participación en el atentado

Se trata de Alí Asghar Hejazi, quien fue mano derecha del líder supremo Alí Khamenei, asesinado a fines de febrero. La orden del juez Daniel Rafecas se produjo tras el pedido del fiscal Sebastián Basso.

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  • El juez federal Daniel Rafecas dispuso la captura internacional de Alí Asghar Hejazi por su presunta responsabilidad en el atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994. El magistrado solicitó a Interpol la activación de una alerta roja para someter al acusado a una declaración indagatoria.

    Hejazi fue la mano derecha del líder supremo Alí Khamenei, asesinado a fines de febrero, y presidió el denominado Comité Vijeh. Según la investigación de la UFI-AMIA, en ese organismo estatal iraní "se recogió información, se analizó el objetivo y se elaboró la propuesta para destruir la AMIA".

    A pesar del avance en las imputaciones, el juzgado rechazó el procesamiento de otros diez acusados de nacionalidad iraní y libanesa. Esta negativa responde a la falta de un fallo de la Cámara de Casación sobre la constitucionalidad de la Ley de Juicio en Ausencia.

    La causa sumó además un pedido de cooperación internacional dirigido a la República Islámica de Irán. La justicia argentina busca formalizar el trámite para indagar al jerarca, quien se suma como el último eslabón identificado en la planificación del atentado.

    La Justicia amplía los cargos contra ocho imputados

    El juzgado reconfiguró las acusaciones contra los principales sospechosos, entre ellos Alí Fallahijan y Mohsen Rabbani, bajo la figura de asociación ilícita. La fiscalía dictaminó que la organización Hezbollah fue una creación de Irán con el fin de "cometer atentados terroristas a lo largo del mundo".

    Esta nueva calificación legal no incorpora hechos inéditos, sino que ofrece una interpretación diferente de las pruebas existentes en el expediente. El enfoque permitiría, en un futuro juicio, la aplicación de condenas más severas para los responsables de la conexión internacional.

    Los acusados enfrentan cargos por homicidio calificado por odio racial o religioso en perjuicio de 85 víctimas fatales. La imputación incluye también las lesiones sufridas por 151 personas y los daños materiales totales que provocó la explosión en la Ciudad de Buenos Aires.

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