Cancillería negó irregularidades en la contratación de la entidad que dirige la esposa de Federico Sturzenegger

El canciller Pablo Quirno afirmó que “no hay absolutamente ninguna irregularidad” en la contratación de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) por un monto de $114.044.133. El contrato, destinado a la capacitación del personal diplomático y administrativo, fue defendido por el funcionario, quien aseguró que el proceso cumplió con todos los mecanismos de control y transparencia normativos.

A través de la red social X, Quirno explicó que la Cancillería mantiene este vínculo con la AACI desde 2018. Sin embargo, aclaró que debido al parentesco entre la Directora Ejecutiva de la entidad, María Josefina Rouillet, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se activó el protocolo de integridad del Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

“El expediente se tramitó de manera pública y transparente, con la participación de todos los organismos de control correspondientes”, sostuvo el canciller. La documentación del proceso, que incluye el aval de los entes reguladores, se encuentra disponible en los sistemas oficiales, lo que permitió, según el Gobierno, verificar el cumplimiento estricto de cada paso administrativo.

La contratación se realizó mediante una adjudicación simple por especialidad a través del sistema COMPR.AR y contempla un plazo de nueve meses con opción a prórroga. El objetivo de la medida es garantizar la formación continua en idioma inglés para los cuadros del Servicio Exterior de la Nación y el personal de planta de la cartera.

Desde el entorno de Sturzenegger remitieron al informe de la Oficina Anticorrupción incorporado al expediente. Según voceros del ministro de Desregulación, dicho documento concluye que “está clarísimo que no hubo ni hay irregularidad alguna”, descartando conflictos de intereses que pudieran invalidar la selección de la institución educativa.

La respuesta oficial surge tras el anuncio de la senadora Juliana di Tullio (PJ) de presentar una denuncia penal en Comodoro Py contra Sturzenegger y Rouillet. No obstante, el Ejecutivo ratificó la legalidad del procedimiento 26-0033-CDI25, remarcando que la revisión de la OA y la SIGEN garantiza la ausencia de anomalías en el millonario contrato.