Blindajes (im)perfectos

El fiscal a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, reclamó que se siga investigando si el presidente Javier Milei fue parte de una maniobra para atraer inversores a que apostaran por $LIBRA y luego dar un "tirón de alfombra" y huir con su dinero.

Se propuso asumir el lugar que dejó vacante el fiscal Eduardo Taiano al promover el sobreseimiento de Milei y los demás imputados. Aseveró que de la propia prueba contenida en el expediente surge la necesidad de profundizar la pesquisa. Todo indica que el engaño existió.

Se refirió a las reuniones entre Milei y el creador del criptoactivo $LIBRA, Hayden Davis, y a los llamados entre el Presidente y el intermediario Mauricio Novelli el día del lanzamiento de esa criptomoneda, a la hora exacta en la que el Presidente la difundió a través de su cuenta personal de X. Son datos que no pueden despreciarse sin mayores análisis. En otras palabras: dijo que con los elementos enumerados por Taiano en su dictamen y por el juez Marcelo Martínez de Giorgi en su resolución había que tomar decisiones diametralmente opuestas a las que ellos tomaron.

También señaló que se deben analizar correctamente los indicios que evidencian intentos por entorpecer la investigación: desde los mensajes borrados en el teléfono de Novelli hasta el vaciamiento que su madre y su hermana hicieron de las cajas de seguridad bancarias el lunes posterior al viernes de los enamorados en el que se lanzó $LIBRA. Reparó además en la información eliminada en el celular de Sergio Morales, socio de Novelli y funcionario de la Comisión Nacional de Valores al momentos de los hechos.

La presentación de la PIA dentro de los plazos procesales habilitados para hacerlo se produjo gracias a que el periodismo reveló que el juez Martínez de Giorgi había sobreseído a los imputados. De no haberse publicado la noticia, los plazos se hubieran vencido.

En una causa sin querellantes —porque habían sido apartados antes por el propio magistrado— solo la fiscalía y la defensa fueron formalmente notificadas de la novedad. De manera informal, la resolución llegó también a la Casa Rosada. Todo indicaría que allí se produjo la filtración: el Presidente estaba ansioso por mandar públicamente a la hoguera a quienes narraron el caso $LIBRA. Quizás la vanidad de los involucrados atentó contra la eficacia de la maniobra.

La negociación entre el gobierno y Comodoro Py para cerrar el caso $LIBRA venía avanzando desde hacía meses. Fue una de las prioridades que le fijaron al ministro de Justicia, Juan Mahiques, y a su segundo, Santiago Viola, cuando sucedieron a Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio: proteger al Presidente y a su hermana ante el avance de las causas judiciales.

El abogado Cúneo Libarona había fracasado en su intento y había quedado expuesto cuando el principal asesor presidencial, Santiago Caputo, interrumpió una entrevista que estaba siendo grabada para un canal de noticias. La torpe interrupción fue para decirle a Milei que no podía contar —como lo estaba haciendo— que el ministro de Justicia estaba ocupado en el caso.

Viola pasó a ser el encargado de seguir de cerca el trámite del expediente. Tan cerca como para poder saber de antemano que los querellantes serían apartados del caso y que el Presidente sería desvinculado antes de fin de año, como se adelantó desde estas columnas.

El blindaje perfecto hubiera requerido de un silencio que alguien vulneró. Y por ese pequeño haz de luz ingresó el planteo de la PIA que el juez Daniel Rafecas, interinamente a cargo del juzgado federal 8, no tocará hasta que su colega Martínez de Giorgi regrese de la licencia que se tomó el día siguiente a sobreseer al Presidente.

Quienes analizaron los hechos ocurridos esta semana en derredor del caso $LIBRA y los torpes movimientos de la Casa Rosada recordaban que algo parecido ocurrió con el caso en el que se investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, el exjefe de Gabinete que pasó de rockstar a fantasma. "Le armaron una estrategia judicial para llevarse el caso a otro fuero y se mandó a dar una entrevista. Una gestión de crisis efectiva muchas veces necesita de un silencio invulnerable", analizaba un conocedor de los pasillos de los tribunales federales ubicados en el barrio porteño de Retiro.

Adorni no pudo evitar entonces el requerimiento de justificación de sus bienes y su nivel de vida que le formuló el fiscal Gerardo Pollicita. Ahora, ya alejado de la vida pública y sin nuevas entrevistas en el horizonte, logró ganar tiempo: los investigadores intentan determinar hasta qué punto es contestable la versión de que Adorni tenía medio millón de dólares en billeteras virtuales desde antes de ingresar a la función pública, como sostuvo en su descargo. Pidieron informes y luego pedirán otros informes.

La vanidad de los actores puede ser, en muchos casos, enemiga de las ejecuciones perfectas. Algo de eso hubo en la huida de Brasil —vía Argentina— de Flávio Bolsonaro tras perder la elección presidencial con Luiz Inácio "Lula" da Silva: los mismos que hicieron olas para colgarse la cucarda de haber armado un escape perfecto terminaron la semana presionando a funcionarios provinciales de Misiones, a actores del Poder Judicial y a comunicadores para que dejaran de indagar en los detalles.

No les gustó que se supiera que, tras despedir a Bolsonaro y de regreso a sus funciones habituales, fueron interrumpidos por un control policial al que tuvieron que exhibir sus documentos. Eso permitió que se conociera que empleados del ente Nacional Yaciretá, que responden a Santiago Caputo, fueron parte de la comitiva. ¿Qué hacían ahí?

Ocurre que ahora la Justicia investiga si se pudieron haber cometido delitos al facilitar la huida de Brasil de un hombre que tenía prohibida la salida, información que era de carácter público. ¿Argentina puso recursos del Estado para facilitar el engaño a la Justicia brasileña? Alguien podría tener que dar explicaciones.

El jueves por la tarde, la jueza María Eugenia Capuchetti pidió que se preservaran las cámaras de seguridad de distintos puntos estratégicos, como pasos fronterizos y el aeropuerto de Puerto Iguazú, para luego intentar determinar quiénes acompañaron a Bolsonaro en su travesía. Todos los organismos del Estado nacional ofrecieron respuestas esquivas, como si les hubiera bajado una orden de no colaborar. ¿Se está entorpeciendo la investigación?

El papel de las fuerzas federales de Seguridad en las causas que salpican al Gobierno quedó también en la mira esta semana por otro caso de corrupción, aquel en el que se investiga el cobro de coimas y el direccionamiento de contrataciones desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En el expediente se acumuló profusa prueba contra el extitular del organismo, Diego Spagnuolo; contra funcionarios que estaban bajo su órbita y contra lobbistas y droguerías. Y los habitantes momentáneos de la Casa Rosada buscan que el escándalo no afecte más la imagen de la familia presidencial.

El jueves último, el Gobierno difundió los presuntos resultados de un informe de la Gendarmería Nacional que decían que no se pudo establecer la autenticidad de la voz atribuida a Diego Spagnuolo en los audios que trascendieron periodísticamente y que sirvieron de base para la denuncia que dio origen a la causa judicial.

La rareza fue que el supuesto informe se difundió antes de llegar al expediente. Fuentes del caso recordaron, además, que esas grabaciones en las que Spagnuolo hablaba del famoso "tres por ciento" no se utilizaron como prueba y que el peritaje seguía en marcha, incluso con discusiones entre peritos.

En septiembre último se había suscitado un debate en torno a que la Gendarmería pretendía suspender el análisis por supuestas incapacidades técnicas para arribar a conclusiones concretas —que excedan el "no se pudo constatar" o "los audios no son aptos para la comparación"—. La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal ofreció hacerlo en sus oficinas.

¿Cuál fue el objetivo de la difusión de ese documento, aparentemente preliminar, de esta semana? Instalar que los audios de Spagnuolo no se pueden usar porque pudieron haber sido adulterados. ¿Y por qué eso sería importante si la fiscalía no los usó y la causa avanzó de todas formas? La respuesta que emerge de las oficinas del poder es tan breve como clara: "Porque es el lugar donde aparece mencionada Karina".