Atentado contra Cristina Kirchner: la querella solicitó que se secuestren nuevos celulares

La querella de la vicepresidenta Cristina Kirchner reclamó este viernes que sean secuestrados los teléfonos celulares de las dos colaboradoras del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman que lo acompañaron el 30 de agosto en la confitería Casablanca cuando, según un testigo de la causa, habría hecho referencias al ataque que ocurriría dos días después.

Los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira presentaron un recurso ante el juzgado de María Eugenia Capuchetti para que "se ordene el inmediato secuestro de los celulares de (Ivana) Bohdziewicz y (Carolina) Gómez Mónaco".

Remarcaron que esa medida, a la que la jueza no hizo lugar el día que ambas colaboradoras de Milman fueron escuchadas como testigos, era la única que permitiría probar o descartar la línea de investigación que se abrió a partir de la declaración del testigo que mencionó al legislador.

El testigo, que es colaborador del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, aseguró ante la Justicia haber escuchado a Milman decir, el 30 de agosto en la confitería Casablanca: "Cuando la maten, voy a estar camino a la costa".

Dos días después, el 1 de septiembre, se produjo el intento de magnicidio a la vicepresidenta cuando llegaba a su departamento del barrio porteño de Recoleta.

En la presentación se destacó, además, que todos los datos aportados por el testigo vinculados con la presencia de Milman en la confitería Casablanca en un día, a una hora y con una compañía determinada, fueron constatados por prueba independiente de su testimonio por lo que restaba confirmar o descartar era aquello que él dijo haber escuchado.

Aldazabal y Ubeira consideraron que "más allá de lo que hicieran las partes", la jueza debió "haber ordenado una medida indudablemente necesaria".

En tanto, cuestionar que "lejos de eso, se limitó a rechazar lo pedido por esta parte, 'fundándolo' varias horas después, en una resolución que no cita un solo precedente ni razón válida y se limita a afirmar, de modo genérico, que secuestrar un celular violaría los artículos 18 y 19 Constitución Nacional".