Tras la amnistía, Venezuela comenzó con la liberación de decenas de presos políticos

Según había adelantado el diputado Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión legislativa que redactó la ley y monitorea de cerca su aplicación, el Ministerio Público ya había presentado ante los tribunales las solicitudes correspondientes y las excarcelaciones iban a concretarse este sábado. De ese total, 371 personas se encuentran detenidas en Caracas, mientras que el resto está distribuido en las provincias de Barinas, Portuguesa y Monagas.

En medio de este clima de expectativa, familiares de presos políticos permanecían concentrados frente a cárceles y centros de detención del país, a la espera de noticias sobre sus allegados.

En paralelo, la Asamblea Nacional formalizó la creación de una comisión especial encargada de supervisar la implementación de la ley. El cuerpo es presidido por Arreaza y tiene como vicepresidenta a la dirigente opositora Nora Bracho. Entre sus atribuciones se encuentra la revisión de situaciones que no hayan sido contempladas inicialmente en el texto legal.

En su primera jornada de funcionamiento, la comisión se declaró en sesión permanente y abrió canales de diálogo con el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia y la Defensoría Pública, con el objetivo de acelerar los trámites. Rodríguez reclamó celeridad en el análisis de los casos excluidos y se estableció un plazo máximo de quince días para responder cada solicitud de amnistía.

La ONG Foro Penal anticipó que elevará al Parlamento un listado con 232 nuevos casos de personas detenidas por motivos políticos para que sean evaluados bajo el nuevo marco legal. El objetivo, explicaron desde la organización, es evitar que víctimas de violaciones a los derechos humanos queden excluidas de los beneficios de la amnistía tras el cambio de gobierno.

La ley establece que el período alcanzado por la medida comprende los años 1999 hasta 2026, aunque delimita una serie de coyunturas políticas específicas, lo que deja fuera determinadas detenciones y todos los casos vinculados a operaciones militares. No obstante, la propia normativa habilita a la comisión a recomendar medidas alternativas para los casos que analice.

Familiares de Nahuel Gallo y Germán Darío Giuliani pidieron reunirse con Javier Milei

En este contexto de liberaciones selectivas, crece la preocupación por la situación de los argentinos Nahuel Gallo, Germán Darío Giuliani. A diferencia de otros casos, no se han registrado novedades oficiales ni confirmaciones sobre una posible salida de estos ciudadanos.

La presión de los familiares se intensificó tras la reciente liberación del israelí-argentino Yaacob Harary, quien denunció públicamente los maltratos sufridos durante su cautiverio. María Alexandra Gómez, esposa del gendarme Nahuel Gallo, utilizó sus redes para reclamar la vuelta de su pareja: “Víctor merece a su Papá, Nahuel merece estar en casa”.

La falta de transparencia oficial sigue siendo el principal obstáculo para las familias, que exigen la publicación de una lista nominal de los beneficiarios de estas medidas. Aunque el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, se mostró abierto a difundir los nombres, la ausencia de información formal mantiene el clima de incertidumbre y tensión política.

Las familias, durante los últimos días de enero se reunieron con el senador radical Maximiliano Abad y Patricia Bullrich, donde pidieron que las autoridades “accionen ante la falta de información de sus familiares y agoten todas las posibilidades hasta que puedan liberar a Nahuel y Germán”.

Vanesa, la esposa de Giuliani, sugirió que “sería bueno que el presidente nos atienda, necesitamos de urgencia, aprovechar el canal abierto que tiene el gobierno argentino en su buena relación con Estados Unidos, para que nos tramita eso”.