Antes de presentarse ante el magistrado en el Poder Judicial de Asunción, Santiago Peña protestó cuando le pidieron que pusiera las manos atrás para ser esposado: “No puede ser, ko, soy un expresidente de la República”, reclamó, según reconstruyó el diario ABC Color.
La escena ocurrió este sábado, un día después de que el Congreso lo destituyera por juicio político por el escándalo financiero del Ueno Bank. Peña, de 47 años, llegó al edificio en una camioneta blindada, con chofer militar y acompañado por su jefe de seguridad, el teniente coronel Óscar Armando Sostoa Martínez.
El procedimiento se hizo en el estacionamiento del subsuelo, que fue despejado para la ocasión. Allí le explicaron que, como procesado, el protocolo exigía esposarlo para llevarlo hasta el despacho del juez Humberto René Otazú Fernández, titular del juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos.
Peña se resistió al principio. Recién cedió cuando le aseguraron que serían apenas unos minutos, desde el ascensor hasta el despacho. Un policía lo esposó y así recorrió el estacionamiento, el ascensor y el pasillo del cuarto piso de la torre norte. Dentro del despacho le sacaron las esposas, pero se las volvieron a colocar al salir, hasta que llegó de nuevo al subsuelo.
No se autorizaron fotos ni videos del trayecto. Sí se presume que las cámaras de seguridad del edificio lo registraron.
Horas antes, durante su paso por la Fiscalía General del Estado, el trato había sido muy distinto: ingresó por un acceso reservado, sin esposas y con una custodia discreta. Ese detalle molestó a víctimas del caso Ueno Bank, que se manifestaron en las puertas del organismo.
Los fiscales Christian Manuel Benítez Cáceres, Silvia Margarita González Vester, Elena Fiore Franco y Ruth Karina Benítez Benítez pidieron la prisión preventiva. Argumentaron que el expresidente tiene solvencia económica, logística, residencias y cuentas en el exterior, y acceso a fondos que no están fiscalizados, por lo que podría evadir a la Justicia. Hasta se presumía con una posible fuga a la Argentina, tal cual lo hizo Flávio Bolsonaro. Además, remarcaron que la pena que enfrenta, de hasta 15 años de cárcel por el concurso de delitos, reduce el incentivo para someterse voluntariamente al proceso.
El juez Otazú hizo lugar al pedido y ordenó que la medida se cumpla en el Regimiento Escolta Presidencial (REP). Según el relato de ABC Color, Peña no declaró ante el magistrado. En la Fiscalía, en tanto, se abstuvo de responder preguntas. Su defensa está a cargo del abogado Ricardo Alberto Preda Del Puerto.
Peña llegó al regimiento alrededor de las 19 del sábado. Allí lo esperaba su esposa, Leticia Ocampos Villate. La orden inicial era que cumpliera arresto domiciliario en su casa, pero los disturbios de manifestantes obligaron a la Policía Nacional a trasladarlo al REP, donde pasó la noche.
El comandante del regimiento, coronel José Dayub, explicó que el lugar no cuenta con instalaciones penitenciarias. El expresidente está alojado en un dormitorio con puerta común y llave, no en una celda ni en un espacio con rejas. “Solamente es un dormitorio más”, describió. Por ahora, es el único detenido en el recinto.
Dayub aseguró que Peña puede recibir visitas y usar su teléfono celular, ya que la disposición judicial establece una condición de “libre comunicación”. Según indicó, consultó el alcance de la medida con la asesoría jurídica de la institución.
También detalló que el REP le ofreció desayuno, almuerzo y cena, pero que Peña dijo que pediría a su familia que se ocupe de las comidas. Los allegados las llevarían a las 8, al mediodía y entre las 18 y las 19. En cuanto a la actividad física, el coronel señaló que hay espacio en el predio para que camine o haga ejercicio, aunque debía confirmar si la resolución judicial lo permite.