La diputada estadual Fabiana Bolsonaro, que no tiene ningún parentesco con el expresidente Jair Bolsonaro, aunque es legisladora del Partido Liberal, se pintó la cara y el cuerpo de negro durante la última sesión ordinaria en la Asamblea Legislativa de São Paulo para protestar por la designación una mujer transgénero como presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer.
"¿Yo, soy negra ahora? Estoy pintada de negra, me reconozca como negra. ¿Por qué no puedo, entonces, presidir la Comisión de Antirracismo?", preguntó Bolsonaro de manera irónica a sus colegas. La diputada ahora enfrenta un pedido de destitución de parte de otros legisladores que la acusan de racismo, transodio y “blackface”.
El incidente ocurrió como protesta ante la designación de Erika Hilton, una mujer trans, para presidir la Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer. Durante su alocución, la funcionaria denunciada afirmó que "las mujeres trans no son mujeres" y cuestionó la identidad de género de su colega mediante lo que calificó como un “experimento social”.
La diputada Monica Seixas interrumpió la exposición para denunciar actos de transfobia y racismo, además de solicitar la "inmediata suspensión de la sesión". Pese al reclamo, el presidente del cuerpo permitió la finalización del discurso, aunque confirmó que el caso será elevado a las autoridades de control interno de la legislatura.
Un grupo de 18 parlamentarios presentó un pedido formal de destitución ante el Consejo de Ética bajo el argumento de que el hecho “vulnera principios constitucionales y refuerza estigmas contra las personas trans”. En paralelo, se radicaron denuncias por discriminación racial ante el Ministerio Público Federal y la Justicia Electoral para investigar la autodeclaración racial de la legisladora.
Ante la masividad del repudio, Fabiana Bolsonaro negó la práctica de "blackface" y alegó que su acción pretendía que se "reconozca la histórica lucha de la población negra". La Justicia brasileña y los organismos de control parlamentario deberán determinar ahora si la conducta de la diputada de 32 años justifica la pérdida de su investidura.