El grito "Ni una menos" resuena en un Ecuador asolado por la violencia machista

El caso emblema es el de la abogada María Belén Bernal de 34 años, que desapareció el 11 de septiembre luego de ingresar en la Escuela Superior de Policía en las afueras de Quito. Hasta allí se dirigió para encontrarse con su esposo, el teniente Germán Cáceres. Su cuerpo fue hallado cuatro días después, en un cerro en cercanías de la academia. El principal sospechoso es su marido, que brindó declaración y se dio a la fuga, y se cree que fue encubierto por parte de la fuerza. Por la muerte de María Belén, el presidente Guillermo Lasso ordenó la destitución de dos generales y la renuncia del hasta entonces ministro del Interior, Patricio Carrillo.

Según datos de la Fiscalía, desde 2014 se produjeron 573 femicidios, pero la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo (ALDEA) determinó en un estudio de 78 páginas, que en ese período se registraron 1.051 muertes.

Analicemos en detalle la radiografía: la Alianza Feminista para el Mapeo de los Femi(ni)cidios en el Ecuador indicó en su último reporte que de los 206 casos de femicidio registrados este año, 82 mujeres eran madres, 5 estaban embarazadas y por lo menos 144 hijos e hijas quedaron huérfanos.

Desde que el Consejo de la Judicatura comenzó el registro en 2014, los casos van en aumento. Si se considera el relevamiento oficial, 2017 marcó un pico de 17,6% del total de casos en el país. Pero para Alianza Mapeo, el salto se dio en 2021 con un 17% de casos.

Las asociaciones denuncian que la estadísticas oficiales están subvaluadas, y ponen el acento en la impericia de los operadores judiciales a la hora de tipificar el delito como tal, y en la falta de una verdadera perspectiva de género en la Justicia.

La mayoría de las víctimas son mujeres con educación básica, mestizas y tienen entre 25 y 34 años, una franja etaria que coincide con la de sus agresores. El 15% de las mujeres había reportado antecedentes de violencia. En tanto, el 53% de los femicidas tenían un vínculo sentimental con la víctima.

¿Cómo se cometen los femicidios? El 30% con armas de fuego y el 27% con armas blancas. De acuerdo al reporte de Aldea, casi el 23% de las muertes se ejecutaron sencillamente con las manos.

En 2021, el Sistema de Seguridad telefónico 911 recibió en promedio 300 llamados diarios de mujeres en auxilio por agresión de sus parejas o exparejas. Cada emergencia fue corroborada y atendida por instituciones. Incluso, trasladadas a alguno de los 17 centros de atención y cinco casas de acogida que mantienen convenios con la Secretaría de Derechos Humanos. De todas formas, las organizaciones señalan que se subejecutan los fondos estatales destinados a programas de lucha contra la violencia de género: apenas un 5% de los 13 millones de dólares disponibles.

También en 2021, las denuncias por violencia psicológica contra la mujer crecieron un 10,4%. Y como consecuencia del confinamiento por la pandemia, desde marzo de 2020 la violencia sexual en el hogar es el tipo de caso más común dentro de las violencias de género.

En un país con aumento del crimen organizado, los colectivos feministas consideran clave no confundir femicidio con sicariato, poniendo de relieve en diversas campañas la violencia machista contra la mujer, también exacerbada por el narcotráfico. El reclamo da cuenta de que el Estado trata como sicariato incluso aquellos casos que presentan signos de odio sobre los cuerpos de las mujeres. De ahí, la consigna #EsFemicidioNoSicariato.

Las estadísticas oficiales señalan que 65 de cada 100 mujeres de 15 a 49 años han sido víctimas de algún tipo de violencia, en un país con 18 millones de habitantes. Guayas y Pichincha encabezan a las provincias con mayor índice de femicidios.

En Ecuador existen dos leyes que tipifican el femicidio. La primera se aprobó en el Código Orgánico Integral Penal en 2014, y establece en su artículo 141 que en relación al delito de femicidio, “la persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 23 años”.

Y el artículo 142 incorpora como agravantes con pena máxima:

• Haber tenido, tener, o perseguir una relación de pareja o de intimidad con la víctima.
• El vínculo entre víctima y femicida: cualquier tipo de relación que implique confianza, subordinación o superioridad.
• La presencia de hijos o cualquier otro familiar de la víctima al momento del hecho.
• Arrojar el cuerpo en espacios públicos.

La segunda ley se publicó en febrero de 2018 en el Registro Oficial y tiene como objetivo prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, otorgándole un mandato al Estado en cuanto a la implementación de medidas, atención, protección y reparación de las víctimas y sanciones para los agresores. En definitiva, garantizar la seguridad e integridad de las mujeres para retomar su proyecto de vida.

Las fuerzas políticas que integran la Comisión de Justicia en el Parlamento han abierto el debate sobre la necesidad de reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP), para regular la participación del Estado por acción u omisión en casos de crímenes contra la mujer. En concreto, buscan la incorporación del “feminicidio” en el Código.

Aclaremos los términos. La palabra “femicidio” alude a la muerte de una mujer en manos de cualquier ciudadano civil, mientras que el “feminicidio” incorpora al Estado como parte responsable, por caso, que el agresor tenga responsabilidades estatales, o el hecho tenga lugar en una institución del Estado.

La incorporación de la figura del “feminicidio” abriría la posibilidad de que el Estado también asuma responsabilidad por la muerte violenta de una mujer.

En 2021, Ecuador incorporó el Protocolo Nacional para Investigar Femicidios y otras Muertes Violentas de Mujeres y Niñas, un protocolo de investigación que llevan adelante los operadores de la justicia y que establece que en casos de muerte violenta de mujeres y niñas, se debe presumir que se trata de un femicidio. De los operadores judiciales depende la construcción de los casos, y que no se confunda la tipificación penal. Desde 2014, solo el 55% de los casos han sido resueltos, mientras que casi un 24% continúa en etapa de investigación previa.