Ecuador en alerta por el avance del narcotráfico y el crimen organizado

El parte de situación actual lo ha explicado de manera clara a la prensa el exjefe de Inteligencia del Ejército, Mario Pazmiño: los grupos delictivos locales se disputan el control del territorio para “trasladar la droga, el microtráfico local y buscar liderazgos frente a otras bandas”.

Ubiquémonos en el mapa: al norte, Colombia y al sur, Perú: los dos países con mayor producción de cocaína en del mundo. En el medio, Ecuador, que desde mediados de la década del 2000 se ha convertido en un país de acopio, tránsito y distribución de drogas.

La trama se entreteje precisamente en el tráfico de drogas que sale desde Ecuador hacia puertos internacionales y en el lavado de activos. Es que el narcotráfico encontró en Guayaquil una posición estratégica con el océano Pacífico y como principal puerto de salida hacia América del Norte y Europa. Se calcula que entre el Departamento de Nariño y la provincia de Esmeraldas, sale el 75% de la droga de Colombia, a razón de unas 700 toneladas anuales.

Los cárteles mexicanos Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, el Clan del Golfo de Colombia y el Comando Vermelho brasileño han propiciado y encontrado en Ecuador el escenario perfecto para operar el territorio, especialmente las fronteras. Muchos de estos cárteles además tienen relación con organizaciones locales para coordinar la provisión y envío de drogas.

En el marco de la última Asamblea General de la ONU, el Presidente Guillermo Lasso afirmó que Ecuador “es el tercer país del mundo donde más cocaína se ha incautado este año” y agregó que “el crimen transnacional requiere de una solución transnacional”. Las cifras corroboran las expresiones del Presidente. En lo que va del año ya se incautaron más de 152 toneladas de droga, un incremento del 13% comparado con 2021.

Entre enero y agosto de este año, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional registraron 145 atentados con explosivos en Ecuador. Casi la mitad de ellos ocurrieron en Guayaquil.

De acuerdo a la información disponible, las explosiones se realizan frecuentemente con dinamita, dinamita en gel, granadas y pentolita, un compuesto utilizado en la fabricación de armamento militar.

La gravedad de los ataques se ha profundizado. El pasado 14 de agosto se registraron por primera vez 5 fallecimientos como consecuencia de un ataque con explosivos plantados por dos sicarios en moto, y que tuvo una onda expansiva de 70 metros. En esa ocasión, también resultaron heridas 20 personas y otros 117 se vieron afectados en el barrio Cristo del Consuelo. El entonces Ministro del Interior Patricio Carrillo dijo en Twitter que el ataque era “una declaración de guerra al Estado” por parte de “mercenarios del crimen organizado”.

Rápidamente, el presidente Lasso decretó el estado de excepción sobre Guayaquil, Durán y Samborondón, para facilitar el despliegue de 9 mil militares en las zonas rojas.

Solamente en esas tres localidades se registraron más de mil muertes violentas de enero a septiembre de 2022, además de mutilaciones y decapitaciones. La excepción ha sido prorrogada desde entonces y las autoridades consideran que si bien no ha resuelto el problema, durante su vigencia se han podido contener indicadores de violencia y disminuyeron otros hechos criminales.

Casi un mes después del ataque con explosivos mortal ocurrió un hecho grave de sicariato: el fiscal Édgar Escobar, que investigaba casos de violencia y narcotráfico en el país, fue baleado frente a la Fiscalía..

Lo que sucede en las cárceles ecuatorianas está directamente relacionado con el narcocrimen. Allí se han formado las llamadas megabandas o microcárteles dentro de los pabellones, y las luchas de poder han sido sanguinarias. Desde febrero de 2021, 398 presos han sido asesinados por bandas narcodelictivas. El sistema penitenciario pasa por su peor momento y no logra contener las masacres en su interior, dando lugar a una estructura perfecta para la proliferación del crimen organizado internacional y su correlato en las calles.

En Ecuador se habla de “la vacuna”, y no nos estamos refiriendo a inoculantes. La “vacuna” es básicamente una extorsión monetaria, un canon inexistente en la legalidad, pero vigente en el mundo del crimen, a cambio de seguridad. Lo pagan transportistas, lo pagan dueños de negocios, lo pagan todos aquellos que no quieran ser asaltados, golpeados o masacrados.

En las calles también ha proliferado la escuela del crimen. Hay reportes que dan cuenta que algunas escuelas al noroeste de Guayaquil priorizan la educación en línea para evitar que los niños se trasladen, a riesgo de ser cooptados como distribuidores de drogas o parte de las bandas urbanas. Un informe del medio británico The Telegraph expuso reuniones de menores en canchas y barriadas de Guayaquil para aprender cómo manejar y rastrillar armas. Una verdadera escuela de sicarios creada por la mafia albanesa asentada en la ciudad.

En este contexto, el Gobierno ha impulsado un referéndum para que los ecuatorianos decidan, entre otros temas, si las Fuerzas Armadas deben apoyar a la Policía Nacional en materia de seguridad interna. Esto permitiría el despliegue de unos 40 mil efectivos. También deberán fijar posición respecto de la extradición de narcocriminales ecuatorianos, hoy prohibido por la Constitución Nacional.

Mientras tanto, el Ejecutivo ha planteado la Estrategia por la Seguridad y la Paz como una apuesta para combatir el narcotráfico. Se busca declarar al narcotráfico y al crimen organizado como una amenaza para la estabilidad del Estado, e incorpora a la Policía y las Fuerzas Armadas para la identificación del enemigo, inteligencia y plan de lucha. Todavía no ha habido una respuesta, pero el objetivo es poder establecer una cooperación en una primera etapa con Estados Unidos, y luego, con otros países. La enmienda constitucional allanaría el camino de su implementación.