Cada 10 de octubre, organizaciones de derechos humanos, parlamentarios, juristas y colectivos de decenas de países se movilizan para pedir el fin de la pena capital. La fecha fue impulsada desde 2003 por la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte.
Este año, la conmemoración llega con la pena capital atravesando un protagonismo que hace mucho tiempo no tenía. En Estados Unidos, las últimas semanas han estado marcadas por el caso de Christa Pike, una mujer de 50 años que sobrevivió a su ejecución, aferrándose a la vida tras la aplicación de dos inyecciones letales.
La relación de Estados Unidos con la pena de muerte es insólita en muchos sentidos y está llena de contradicciones. Es el único país occidental desarrollado que aplica de forma recurrente este castigo, que es presentado por sus defensores como un mecanismo de disuasión para potenciales perpetradores de delitos graves. Sin embargo, EEUU es también el país desarrollado con el mayor índice de homicidios y crímenes violentos, a mucha distancia de sus pares europeos e incluso de varios latinoamericanos.
El telón de fondo del casos de Pike es un momento récord para la aplicación de la pena capital en el mundo. Amnistía Internacional registró 2.707 ejecuciones en 2025, un 78% más que las 1.518 de 2024, sin contar los miles que, según la organización, ocurren en China por encima de las reconocidas oficialmente por el gobierno. Es la cifra más alta desde 1981, cuando Amnistía contabilizó 3.191 sin incluir a China.
En la actualidad, al menos 17 países aplican la pena capital y las organizaciones internacional estiman que 2026 cerrará con una cifra aún mayor de ejecuciones que las registradas en 2025.
Una parte sustancial se vincula con delitos de drogas. Casi la mitad de las ejecuciones de 2025, 1.257, correspondió a ese tipo de delitos, que no cumplen el umbral de "crímenes más graves" que fija el derecho internacional. Amnistía atribuye parte del aumento a un endurecimiento de las políticas antidrogas, sobre todo en los países asiáticos.
La ejecución fallida de Christa Pike
En 1995, Christa Pike, junto a su novio asesinó a Colleen Siemmer en el estado de Tennessee, presuntamente motivada por un ataque de celos. Ambas tenían 18 años y al año siguiente Pike fue destinada al corredor de la muerte. Su novio no corrió la misma suerte porque era menor de edad en el momento del crimen y fue condenado a cadena perpetua.
Más de 30 años después, el pasado 30 de septiembre, Tennessee se dispuso a ejecutar a Pike, de 50 años, la única mujer en el corredor de la muerte del estado y la primera en ser ejecutada allí en más de 200 años.
El camino hasta esa fecha estuvo marcado por los recursos e idas y vueltas judiciales. Expertos de Naciones Unidas habían pedido detener la ejecución y conmutar la pena, al sostener que casi tres décadas de aislamiento equivalían a tortura. El 30 de septiembre, un panel de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos frenó temporalmente la ejecución, pero la Corte Suprema levantó esa suspensión por la tarde
Lo que siguió fue una película de terror. Los funcionarios de Tennessee no lograron matar a Pike tras administrarle dos dosis del fármaco letal, y un experto en pena de muerte calificó el episodio como "incomprensible". El procedimiento se interrumpió casi dos horas después de iniciado, cuando la defensa presentó una apelación de emergencia para detenerlo y exigir atención médica.
Sus abogados atribuyeron el problema a fallas en las vías intravenosas de Pika, que habrían hecho que el pentobarbital no llegara al torrente sanguíneo. La mujer quedó inconsciente y fue trasladada a un hospital, donde se la mantuvo con vida gracias a un respirador artificial.
Nadie esperaba que lograra recuperarse, pero el martes pasado se despertó y ya puede dar pequeñas caminatas por la habitación. Ayer, su abogado informó que había desarrollado una neumonía, que al parecer es un efecto colateral de las inyeccciones letales que no lograron acabar son su vida.
Mientras tanto, el gobernador Bill Lee suspendió las ejecuciones que restaban en el año y el jefe del sistema penitenciario renunció, como fusible de la ejecución fallida.
Cuáles son los países con más ejecuciones en el mundo
Según Amnistía Internacional, por número de ejecuciones, encabezan la lista China -que no presenta cifras oficiales, pero las organizaciones sostienen que son varios miles-, Irán, con al menos 2.159, Arabia Saudita, con al menos 356, Yemen, con al menos 51, y Estados Unidos, con 47. Irán y Arabia Saudita sumaron juntos el 93% de las ejecuciones documentadas. Solo Irán concentró cerca del 80% del total mundial conocido.
El caso estadounidense merece una lectura aparte. Las 47 ejecuciones de 2025 fueron el nivel más alto desde 2009, con Florida a la cabeza con 19. Once estados ejecutaron a alguien ese año. Amnistía vinculó el aumento con la disposición de algunos estados a ampliar los métodos, como el pelotón de fusilamiento o la asfixia con nitrógeno.
Otros países también aumentaron sus cifras. Egipto registró 23, y Kuwait y Singapur 17 cada uno. Japón, Sudán del Sur, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos retomaron las ejecuciones tras una pausa.
El panorama no es uniforme. Las ejecuciones se concentraron en 17 países, una cifra en línea con los mínimos históricos desde 2018. Cuando Amnistía comenzó su campaña abolicionista en 1977, solo 16 países habían abolido la pena capital para todos los delitos; a fines de 2025 eran 113. Gambia la abolió para el delito de homicidio y otros, y Vietnam la eliminó para el transporte de drogas y otros siete delitos.
Ese contraste, un récord de ejecuciones en pocas manos frente a una tendencia abolicionista sostenida, es el que las organizaciones convocantes buscan subrayar este 10 de octubre.