Archivos del Plan Cóndor: el misterio de los niños abandonados en una plaza en Chile

El Buenos Aires Herald está publicando una serie de notas por los 50 años de la firma del Plan Cóndor. Las notas fueron co-producidas junto con el proyecto Plancondor.org, el cual es liderado por la Dra. Francesca Lessa en colaboración junto al Proyecto Sitios de Memoria Uruguay, el Observatorio Luz Ibarburu de Uruguay y Londres 38 de Chile, con el apoyo del University College London.

El niño de la plaza no soltó a la niña que tenía a su lado en toda la tarde. Las atracciones ubicadas cerca del banco donde se acurrucaban hacían ruido al dar vueltas, y el operador miraba a los niños. No parecía que estuvieran acompañados por ningún adulto. Al final, pensó, alguien vendría a buscarlos. Pero nadie lo hizo.

A medida que pasaban las horas, la gente en la plaza comenzó a prestarles más atención. Llevaban demasiado tiempo ahí como para estar esperando a alguien. Sus ropas limpias y pulcras sugerían que no eran niños de la calle. Y a pesar de que estaban en Valparaíso, Chile, el niño no tenía acento chileno.

Finalmente, llegaron los carabineros. Se llevaron a los niños a una casa a cargo del tribunal de menores, que luego los entregó al sistema de adopción de Chile. Los diarios locales dieron la noticia del extraño caso de los niños que habían aparecido en la plaza O'Higgins. Pero aún así, nadie fue a buscarlos. Era diciembre de 1976, poco antes de Navidad.

Pasaron los meses y los años. Finalmente, una pareja chilena conoció a los niños y comenzó el largo proceso de adopción. El niño se llamaba Anatole y la niña, Victoria.

En 1979, una señora mayor llegó a Chile. Hacía tres años que venía hablando con embajadas, organizaciones de derechos humanos, trabajadores sociales y cualquier otra persona que ella pensara pudiera tener alguna pista sobre el paradero de sus nietos secuestrados. Hizo el viaje desde Uruguay luego de que un trabajador social chileno que vivía en Venezuela y que había pasado tiempo con los niños en el sistema de acogida le pasó el dato.

La aparición de María Angélica Cáceres de Julién en la vida de los niños fue el comienzo de una travesía de décadas que los llevaría a descubrir quiénes eran sus padres biológicos, por qué su familia había sido destrozada y cómo la dictadura argentina también había separado a unos 500 bebés y niños de sus padres.

Cartel del PVP reclamando por los niños secuestrados.

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Mario Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite eran militantes uruguayos del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), un grupo anticapitalista para exiliados políticos, que actualmente existe como partido político. La pareja huyó a la Argentina junto con su pequeño hijo, Anatole, luego de que una dictadura tomara el poder en Uruguay en 1973.

En mayo de 1975, Victoria Lucía dio a luz a su hija, Victoria Eva, en Buenos Aires. Por motivos de seguridad, la anotó con su apellido de soltera, Grisonas Andrijauskaite. La dictadura uruguaya buscaba a su marido y ponerle el inusual apellido Julien podría haberle traído a la familia una atención no deseada.

Poco menos de tres años después del golpe de Estado que dio inicio a una brutal dictadura en Uruguay, los militares argentinos también derrocaron a la Presidenta Isabel Perón. El golpe de estado depuso a un gobierno de origen democrático que se había convertido en un régimen violento y autoritario. Entre el comienzo de la dictadura, el 24 de marzo de 1976, y el regreso de la democracia el 10 de diciembre de 1983, la junta militar desapareció, torturó y asesinó a 30.000 personas.

Todo esto ocurrió públicamente y se supo al instante. Lo que en ese momento no se conocía era una reunión que los jefes de inteligencia de la Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay habían tenido en Santiago de Chile en noviembre de 1975. ¿El motivo? Coordinar la persecución de disidentes políticos sin distinción de fronteras. Para las miles de personas que se convirtieron en refugiados políticos durante estos años, este operativo significaba que ni siquiera huyendo de sus países de origen estarían a salvo.

El acuerdo firmado el 28 de noviembre de 1975 se conocería más tarde como el Plan Cóndor. Pronto se amplió para incluir a las dictaduras de Brasil, Ecuador y Perú. También hubo apoyo desde más al norte: el gobierno de los Estados Unidos les proporcionó significativo apoyo y financiación.

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La dictadura argentina se abalanzó sobre la familia Julien el 26 de septiembre de 1976. Numerosos testigos luego describirían cómo un operativo violento y a gran escala irrumpió en la casa donde Mario Roger y Victoria Lucía vivían escondidos en el barrio de San Martín, en el oeste del conurbano bonaerense. Los testigos afirman que Mario Roger fue asesinado durante el operativo. Los agentes golpearon y torturaron a Victoria Lucía, golpeándola y estrellando su cara contra el piso.

La madre y los niños fueron llevados a un taller mecánico en el barrio porteño de Floresta que funcionaba como un centro de detención clandestino: Automotores Orletti. Las investigaciones posteriores han concluido que al menos 300 argentinos y uruguayos pasaron por allí, un punto neurálgico a través del cual Argentina y Uruguay coordinaron su persecución en el marco del Plan Cóndor.

Lo que le sucedió a Victoria Lucía en Automotores Orletti solo lo saben los militares responsables del crimen: sigue desaparecida hasta el día de hoy.

Carta del embajador de Uruguay en Chile al canciller chileno sobre el caso.

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Poco después de conocer a sus nietos, la abuela le contó a Anatole, de siete años, toda la historia de un tirón. De repente, fragmentos extraños e inquietantes que el niño había guardado en su memoria comenzaron a tener sentido.

“Recordaba el día del operativo. Recordaba una ametralladora, a mis padres en el piso”, le dijo al Herald en una videollamada desde Chile.

Tras el secuestro, los niños fueron llevados a un centro de detención clandestino en Uruguay. Anatole recuerda que luego lo llevaron a Chile en una pequeña avioneta.

“Se podía ver la cabina, era muy pequeña”, dijo. “Me preguntaron si quería mirar y vi la cordillera de los Andes”.

Los padres adoptivos de los niños inicialmente protegieron a la pequeña Victoria de los detalles. Sin embargo, aceptaron que la familia biológica estableciera un vínculo con los niños.

“Yo, con mi mente de niñita, no me preguntaba por qué tenía más abuelas o por qué venía gente del extranjero a vernos”, dijo Victoria. “Me gustaba mucho, me parecía muy entretenido”.

Los hermanos nunca pudieron descubrir por qué los llevaron a Chile y los abandonaron a una edad tan temprana. Solo puede hacer especulaciones. Quizás los militares eligieron Chile en vez de Argentina o Uruguay porque el país no tenía ninguna conexión con su caso. Quizás pensaban entregarle los niños a alguien. Quizás algo salió mal.

“Lo extraño es que se supone que esos operativos tienen una logística planificada, por lo que era un poco absurdo dejarnos tan públicamente en una plaza”, dijo Victoria. “Uno se pregunta estas cosas. Pero como mis padres estaban en Argentina, obviamente la familia sobreviviente iba a buscarnos en Argentina y, si no en Uruguay. Nunca se les habría ocurrido ir a Chile”.

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Incluso después de saber donde estaba sus nietos, a María Angélica Cáceres de Julién le llevó tiempo poder acercarse a ellos.

“Empezó todo un operativo para investigar primero, porque uno no llega a decir ‘¡Oiga, capaz que su hijo no es suyo!’” explicó Victoria.

La abuela y los defensores de los derechos humanos que la acompañaban primero tuvieron que averiguar a qué colegio iban los niños y quién los había adoptado. Tenían que actuar con cautela: muchos hijos de detenidos y desaparecidos en Argentina fueron apropiados por familias vinculadas a la dictadura. Pero los padres adoptivos, Jesús Larrabeiti y Sylvia Yáñez, eran ciudadanos chilenos civiles que llegaron a los niños a través del sistema de adopción.

“Cuando mi abuela nos vio, por supuesto que reconoció a nuestros padres en nuestros rasgos”, dijo Victoria. En ese momento no tenían acceso a pruebas de ADN, aunque más tarde obtuvieron la confirmación genética de sus identidades mediante pruebas realizadas por la CONADI, la Comisión Nacional de Identidad de Argentina.

Jesús y Sylvia no habían completado aún los trámites de adopción cuando María Angélica encontró a los niños. Siendo la abuela paterna, podría haber presionado para obtener la custodia.

“Mi abuela se dio cuenta de que habíamos recuperado algo irrecuperable, que era una madre y un padre, y que estábamos bien”, dijo Victoria. “La gente la criticó mucho cuando regresó a [Uruguay]. Le decían: ‘¿Cómo no te llevaste a los niños? ¿Cómo no ejerciste tu derecho?’ Pero ella entendió que lo que más necesitábamos era un papá y una mamá.”

Jesús y Sylvia formaron una familia cariñosa y afectuosa y a los niños nunca les faltó nada. “Mis padres siempre fueron mis padres”, dijo Victoria. “Pero tenía sensaciones que no podía explicar, cambios emocionales un poco fuertes para la edad que tenía. A veces me sentía muy, muy deprimida y no sabía por qué”.

Descubrió la verdad a los nueve años, cuando visitó a su familia biológica en Uruguay junto a su hermano y sus padres adoptivos. Sus padres chilenos primero le hablaron de sus padres biológicos: le dijeron que la querían mucho, pero que habían fallecido.

Una vez que llegaron a Uruguay, su familia le contó lo que había sucedido. “Ahí supe el término ‘tortura’, qué era, qué se solía hacer en las torturas, y para una niña de nueve años, eso fue inasimilable en ese momento”, dijo Victoria. “Recuerdo una emoción de vacío muy profundo, de opresión, y de callarme”.

Victoria era demasiado pequeña para recordar que había sido separada de sus padres o abandonada en la plaza. Al igual que su hermano, sin embargo, muchas sensaciones que tenía comenzaron a tener sentido cuando se enteró de lo que había pasado.

“¡Era como, no estoy loca!”, exclamó. “Ahí entendí que el trauma no necesita recordar lo que pasó. Basta con que una bebé la separen de su madre para que se genere un quiebre psicológico”.

Actualmente, Anatole tiene 53 años y trabaja como abogado y fiscal en Arica, en el norte de Chile. Victoria, que tiene 50, se formó como psicóloga. Vive en Valparaíso con su marido e hija. También cuida de Sylvia, que tiene más de 80 años. Ellos y su familia uruguaya se visitan con regularidad.

“[Lo que pasó] me ha afectado, pero he decidido que no me determina”, explicó Victoria. “Yo no soy solo una hija de detenidos-desaparecidos. He tenido una buena vida. He sido feliz. He logrado metas”.

La maternidad cambió su percepción de la historia de su propia familia. “No podía soportar la idea de que alguien se llevara a mi hija y no volviera a verla nunca más, o ponerme en el lugar de mis padres, que tuvieron hijos en una situación de secuestro y desaparición forzada”.

El caso de su familia se incluyó en una serie de cinco juicios en Argentina que comenzaron en 2010, los cuales examinaron los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro de detención clandestino Automotores Orletti. En cuatro de los juicios, nueve hombres fueron condenados por crímenes contra decenas de víctimas; solo en el primer juicio se examinaron las atrocidades cometidas contra 65 personas. El otro, Automotores Orletti II, se combinó con el juicio más amplio sobre el Plan Cóndor.

En 2012, diez personas fueron condenadas por la apropiación sistemática de niños durante la dictadura argentina, un juicio histórico que demostró la naturaleza sistemática de esta brutal práctica. El juicio investigó los delitos contra 34 niños, dos de los cuales eran Victoria y Anatole.

Se estima que dictadura argentina separó a unos 500 bebés y niños de sus padres mientras estos se encontraban detenidos. Muchos fueron entregados a familias vinculadas al ejército y criados con una identidad falsa. Otros fueron abandonados de forma anónima en orfanatos y acogidos por el sistema de protección infantil.

Las Abuelas de Plaza de Mayo ha encontrado hasta ahora a 140 de ellos. Aunque los nietos tienen ahora entre 40 y 50 años, siguen recuperando sus identidades: el nieto número 140 fue identificado en julio de 2025.

Victoria viajó a Buenos Aires para declarar en el juicio por el secuestro y el asesinato de sus padres. Allí vio a los hombres responsables del crimen, pero ellos no le devolvieron la mirada. Si pudiera hablar con ellos, no lo haría.

“No hay nada que decir”, afirmó tajante. “Es imperdonable lo que hicieron y ellos lo saben”.

Los hermanos señalan que la devastación de su familia fue la responsabilidad de muchas más personas de las que han sido juzgadas. Algunas de las preguntas más delicadas, como el destino de su madre o por qué los abandonaron en Chile, nunca han sido respondidas.

En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el propio Estado argentino era responsable de la desaparición forzada de Mario Roger y Victoria Lucía. También determinó que era responsable de la violación de los derechos de Anatole y Victoria.

A pesar de estas sentencias, Victoria siente que algunas cosas no tienen reparación.

“Se ha hecho algo de justicia, pero falta que hablen”, dijo respecto a las personas que mataron a sus padres y los abandonaron a ella y a su hermano en una plaza de otro país. “Ellos se siguen asumiendo como héroes”.