A 50 años del golpe militar en Chile: la búsqueda de los desaparecidos

Este lunes 11 de septiembre se cumplen 50 años del fatídico golpe de estado encabezado por Augusto Pinochet que derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende e instauró una feroz dictadura de casi 17 años que marcó para siempre a la historia de Chile. Durante este período hubo más de mil desaparecidos, cuyos restos volvieron a ser buscados por el actual gobierno.

A lo largo del régimen pinochetista desaparecieron 1469 personas, pero hasta ahora se identificaron los restos de solamente 307.

Un ejemplo es el caso de Fernando Ortiz, hallado recién en 2012, cuando se le devolvieron sus restos en una caja a su familia. Era profesor universitario y fue secuestrado en 1976, a los 50 años. Lo emboscaron, lo llevaron con otros dirigentes chilenos y lo enviaron a un centro de tortura.

Ese centro clandestino, el Simón Bolívar, una casa rural al este de la capital a cargo de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), estaba tan oculto que recién 30 años después se supo de su existencia. Nadie salió vivo de allí. No hay testigos, solo el silencio de los recuerdos más oscuros que no vamos a conocer.

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El golpe de 1973 terminó con la que era una de las democracias más sólidas de América Latina y durante 17 años el régimen que persiguió, torturó y asesinó a opositores. 50 años más tarde, el gobierno actual chileno anuncia una búsqueda y localización de los desaparecidos.

Con ese objetivo, se implementó la digitalización de los expedientes para facilitar entrecruzamiento de información y la exploración de lugares donde se sospecha que podría haber desaparecidos enterrados. Hasta ahora, esos procesos habían estado frenado por falta de financiamiento.

Esto hizo que fuera muy difícil para las víctimas y sus familias encontrar justicia por los desaparecidos y fallecidos. Además, el sistema chileno fue muy benévolo con los genocidas a través de una Ley de Amnistía del régimen de Pinochet que les impedía juzgarlos por delitos de lesa humanidad.

Recién en 2000 se nombraron jueces para investigar estos crímenes. Hasta enero de 2023 se dictaron 640 sentencias y se enviaron a cientos de personas a prisión. Hay 17 jueces abocados a estos 1500 casos.

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Sin embargo, las familias saben que muy difícil encontrar a las víctimas 50 años después. En 1978, por caso, se encontraron restos de desaparecidos en un horno de cal abandonado, en el cual Augusto Pinochet exigió la exhumación de los cuerpos para no quedaran rastros. Además, muchos cuerpos fueron arrojados al océano o a los volcanes. La mayor parte de lo que se ha encontrado fueron restos óseos, dientes y parte de ropa.

La idea es agilizar este plan de localización pero las esperanzas son pocas. Ya hay expertos forenses trabajando en algunos sitios y se procedió a la digitalización de documentos y reportes.

La historia dio ejemplos de errores groseros: en 1990, la morgue identificó erróneamente 48 de los 96 restos descubiertos en fosas comunes. Se admitió el error una década después. La falta de búsqueda de verdad de las autoridades chilenas quedó a la vista y dejó la herida aún más abierta para las familias.

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Otro caso fue el descubrimiento de 89 cajas con restos, escondidas durante 20 años en una universidad. Una vez encontradas nadie hizo nada con ellas. Recién en 2023 fueron llevadas al extranjero para analizarlas.

Algo que le falta al plan del presidente Gabriel Boric es obtener información de las Fuerzas Armadas y militares hoy presos. Nunca entregaron archivos alegando que no existen. Algunos, incluso, fueron incinerados, y nadie tomó medidas al respecto.

La medida del gobierno es histórica, ya que es la primera vez que se hace una búsqueda exhaustiva de los desaparecidos desde el fin de la dictadura de Pinochet, con el objetivo de conocer la verdad y encontrar paz para las víctimas y sus familias.