La jueza Loretta Preska falló en contra de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. Si bien el fallo no contiene el monto de la penalidad que Argentina deberá pagar a Burford Capital, estimaciones que los abogados argentinos hicieron en el juicio indican que la penalidad podría alcanzar u$s16.000 millones.
En un fallo de 25 páginas, la magistrada le dio la razón a tres planteos realizados por Burford: la fecha que determinó la toma de control de la empresa por parte del Estado argentino, la tasa de interés que debe pagar el país por la penalidad y el P/E ratio que determina el valor de las acciones.
De esta forma, Preska consideró que la fecha en la que el Estado nacional toma el control es el 16 de abril (y no el 7 de mayo como quería la Argentina), la tasa de interés que deberá aplicarse es 8% (y no 3% como pretendía Argentina como máximo) y que el P/E ratio debe ser el más alto.
Sobre cada uno de los argumentos en discusión:
- La Corte considera que Argentina ejerció el control indirecto sobre las acciones de Repsol el 16 de abril de 2012. Lo hizo a través de un decreto de intervención.
- La Corte también considera que un interés simple de 8% es apropiado y que debe regir desde el 3 de mayo de 2023.
Además, validó los cálculos realizados por el experto financiero de Burford Capital para estimar el Price/Earning ratio, un componente fundamental de la fórmula que determina el monto a pagar por Argentina.
El caso viene desde 2012, cuando la Argentina nacionalizó YPF, entonces controlada por el grupo español Repsol. Dos años más tarde, laempresa ibérica fue indemnizada con u$s5.000 millones.
Pero otros accionistas minoritarios en 2015 presentaron una demanda, explicando que el país no había presentado una oferta pública de adquisición como preveía la ley.