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El Gobierno presentará un proyecto que impulsa una reforma tributaria integral

Se espera que la iniciativa ingrese al Congreso este año para que comience a regir a partir del 1° de enero de 2025. La misma pretende acercarse al objetivo del superávit fiscal.

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  • El Gobierno informó al Congreso que en el transcurso de este año presentará "una reforma integral del sistema tributario". El objetivo está puesto en la simplificación, aumento de la base de contribuyentes y reducción de la presión fiscal.

    El anuncio forma parte del mensaje del Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados que acompaña al proyecto de modificación de la ley del Impuesto a las Ganancias, en el que aclaró que la reforma impositiva comenzará a regir en 2025 en la medida que este año se obtenga superávit fiscal.

    El mensaje comienza señalando que "la República Argentina se encuentra atravesando una grave crisis económica y fiscal que afecta seriamente el funcionamiento del Estado Nacional", que es "producto de las sucesivas políticas en materia fiscal adoptadas en las últimas décadas".

    "Este proceso de crisis se ha visto fuertemente agravado por las medidas adoptadas en materia impositiva en los 4 meses anteriores al 10 de diciembre de 2023 por la administración que concluyó su mandato en esa fecha", agregó, en referencia a la gestión de su predecesor, Alberto Fernández.

    "Se deja plasmado en estos fundamentos y se comunica al Honorable Congreso de la Nación que durante el transcurso del año 2024 el Poder Ejecutivo Nacional presentará una reforma integral del sistema tributario con el fin de simplificarlo, lograr un aumento de la base de contribuyentes registrados e ir reduciendo la presión fiscal a partir del 1° de enero de 2025 en adelante", se puede leer sobre el final de la disposición.

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    El mensaje lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y del ministro de Economía, Luis Caputo, y condiciona la presentación de la reforma a "que se cumpla con los objetivos planteados, específicamente en cuanto a obtener superávit fiscal durante el transcurso del presente año".

    Por otra parte, el texto consideró al impuesto a las Ganancias como "el tributo de mayor progresividad del entramado fiscal argentino", y fundamentó el envío del proyecto de ley que modifica aspectos de ese gravamen en la necesidad de "recomponer los ingresos fiscales eliminados entre los meses de agosto y diciembre de 2023".

    Entre las medidas adoptadas en ese lapso, se mencionó "aquellas dispuestas por la Ley Nº 27.725", es decir los cambios en Ganancias impulsados por el entonces ministro de Economía, Sergio Massa.

    Esas medidas, sostuvo el texto, "han tenido como consecuencia directa una merma de los recursos fiscales del Estado Nacional, elevando los ya altos niveles de déficit existente, hecho que dificulta el desarrollo del proceso de saneamiento de las cuentas fiscales que se ha iniciado el pasado 10 de diciembre de 2023".

    Asimismo, expresó que "no cabe duda de que el impuesto a las Ganancias es el tributo de mayor progresividad del entramado fiscal argentino, ya que toma como base para su determinación las ganancias netas que todo contribuyente obtiene, por oposición a otros tributos que, de manera regresiva, imponen cargas fiscales homogéneas a distintos contribuyentes sin tomar en cuenta su situación particular".

    También, destacó que el proyecto cuenta con un capítulo referido al "Impuesto a los Ingresos Personales", que abarca a "aquellos sujetos que evidencian una capacidad contributiva suficiente para ser alcanzados por el tributo, respetando siempre la progresividad que es el principio rector de la norma".

    ¿Cómo se ajustarán las jubilaciones si se aprueba la Ley Ómnibus?

    La modalidad de actualización de las jubilaciones y pensiones fue uno de los aspectos más controvertidos en el debate por la Ley Ómnibus en el Congreso. Tras reformular algunos puntos del proyecto, el Gobierno dispuso que durante el primer trimestre del año continuará utilizando la fórmula de movilidad jubilatoria vigente desde 2021. Esto significa que hasta marzo inclusive se aplicará el mecanismo actual, por el cual los haberes previsionales se determinan mediante un coeficiente que surge de sumar el 50% del aumento trimestral de la recaudación de la ANSES y el 50% de la variación de los salarios.

    El principal cambio radica en que, a partir de abril, el índice de movilidad se obtendrá mensualmente conforme al último dato de inflación disponible al momento de comenzar el ciclo de pago de cada mes. De esta manera, recién a partir del cuarto mes del año los jubilados comenzarán a percibir actualizaciones atadas al costo de vida. Este valor surgirá del Índice de Precios al Consumidor (IPC) calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

    La propuesta es mantener “el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual. A partir de abril, comienza una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del INDEC. Así se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo”, establece el texto que ya obtuvo dictamen de mayoría e ingresará a la Cámara de Diputados el próximo jueves.

    Si bien la iniciativa a priori puede considerarse positiva, ya que se acortan los plazos de actualización y los ajustes estarán indexados por el costo de vida, los jubilados perderán contra la inflación durante el primer trimestre de 2024. En este periodo, los haberes previsionales se adecuarán en base a una fórmula que está por debajo de la inflación, y otorgarán una base de cálculo para abril que se encuentra atrasada desde el momento cero.

    Se estima que la movilidad de marzo rondaría el 30% o 35% versus una inflación acumulada del 75% u 80%, de acuerdo con proyecciones privadas. Así, hasta que se aplique la movilidad por inflación, los haberes previsionales sufrirían una pérdida adicional a la que tuvieron durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

    De hecho, entre 2020 y 2023, la inflación fue de 1146%, mientras que los ingresos avanzaron entre 590% y 743%. En rigor, sólo en el último año el deterioro del poder de compra fue de entre el 14,2% y el 37,4%, según el nivel del ingreso cobrado.

    ¿Dónde está la 'trampa' en el nuevo método de ajuste?

    El cálculo actual ya viene con un retraso, porque se realiza sobre el trimestre anterior. Es decir, la normativa vigente indica que para la actualización de marzo se tomará en cuenta la variación de los salarios y de los ingresos tributarios de ANSES entre septiembre y diciembre de 2023.

    En caso de aprobarse la Ley Ómnibus, el dato clave es que la nueva fórmula propuesta para calcular los aumentos se hará "conforme al último dato de inflación mensual del INDEC disponible al momento de comenzar el ciclo de pago de cada mes" a partir de abril.

    De acuerdo con especialistas en asuntos previsionales, el problema que surge es que ANSES liquida los haberes con, por lo menos, 30 días de anterioridad. El aumento de abril, que deberían comenzar a liquidar a principios de marzo, será calculado con el índice de inflación de febrero.

    El cambio de fórmula, entonces, actuará con dos meses de rezago respecto al incremento general de precios.

    A su vez, este método no contemplaría la inflación de enero, que se estima en niveles similares a los de diciembre 2023, lo que licuará aún más el ingreso de los jubilados.

    Bono a jubilados de la mínima

    Para paliar de manera parcial la pérdida del poder adquisitivo, el Gobierno confirmó un nuevo bono de $55.000 en febrero para los jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo.

    La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 81/2024 y apunta a otorgar una “ayuda económica” a los adultos mayores de menores ingresos.

    La normativa señala que accederán al bono todos aquellos que perciban $105.712,61, es decir, la jubilación mínima establecida en el último mes del 2023, mediante la Ley de Movilidad.

    Por otro lado, aquellos que reciban más de ese monto, cobrarán un importe proporcional hasta alcanzar un ingreso de $160.712,61. De este modo, a ningún jubilado se le asignará menos de ese dinero.

    El decreto también ratifica los grupos de beneficiarios que podrán recibir el bono: jubilados y pensionados de ANSES, Pensiones No Contributivas (PNC) y quienes cobren la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

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