La presentación ante el Comité de Derechos Humanos reclama suspender su inhabilitación perpetua, modificar las condiciones de su prisión domiciliaria y restablecer la integración de la Corte Suprema.
La defensa de Cristina Kirchner encabezó este miércoles una conferencia de prensa para explicar los alcances de la Comunicación Individual que presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para denunciar las violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos durante el proceso judicial de la Causa Vialidad.
La presentación sostiene que el proceso judicial tuvo como finalidad la "proscripción electoral" de la expresidenta y que la condena buscó impedir su participación en futuras elecciones. En ese sentido, la defensa denunció una violación del artículo 25 del Pacto, que garantiza el derecho a votar y ser elegido, y cuestionó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Entre las principales violaciones denunciadas, los abogados señalaron también el incumplimiento del derecho a un juicio justo. Según la presentación, a Cristina Kirchner se le atribuyeron responsabilidades sobre actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente y se cuestionó que la condena se haya basado, entre otros elementos, en la firma del Decreto 54/2009, que continúa vigente.
La defensa también planteó que se vulneró el derecho a ser juzgada por un tribunal competente, independiente e imparcial. En el documento se cuestiona que los órganos intervinientes hayan sido los jueces naturales de la causa, se denuncian mecanismos irregulares de asignación de expedientes y se afirma que existieron relaciones personales entre jueces y fiscales y dirigentes políticos opositores.
A su vez, sostuvo que durante el proceso se violó la presunción de inocencia y que desde el inicio existió una presunción de culpabilidad. En este punto, la presentación también menciona declaraciones públicas del actual Presidente de la Nación, a quien atribuye haber presentado la condena como una decisión impulsada por él.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con el derecho a contar con tiempo y medios adecuados para preparar la defensa. La defensa denunció la incorporación de pruebas provenientes de otros expedientes sin una posibilidad efectiva de contradicción, además de un supuesto acceso privilegiado de la acusación a documentación que habría sido negada a los abogados de la expresidenta.
El escrito también cuestiona la revisión de la condena. Según la defensa, la Cámara Federal de Casación Penal no examinó de manera efectiva los agravios planteados y las instancias superiores no realizaron un control suficiente de la sentencia, por lo que, en la práctica, no habría existido una verdadera revisión judicial.
Además, los abogados invocaron la prohibición de juzgar o condenar dos veces a una persona por los mismos hechos. En ese sentido, señalaron que 49 de las 51 obras públicas analizadas en la causa ya habían sido objeto de investigaciones anteriores que concluyeron con archivos o sobreseimientos.
Por último, la defensa denunció una violación al derecho a un recurso efectivo. En el documento cuestionó la actual composición de la Corte Suprema, integrada por tres miembros, y sostuvo que esa situación impide un examen independiente. También objetó que un juez recusado haya participado en la resolución de su propia recusación.
En paralelo con la denuncia de violaciones al Pacto, la defensa solicitó al Comité de Derechos Humanos que adopte medidas cautelares mientras analiza el fondo del caso.
El principal pedido es la suspensión de la inhabilitación perpetua impuesta a Cristina Kirchner. Los abogados sostienen que esa sanción se basa en una condena arbitraria y que la perpetuidad de la inhabilitación contradice precedentes del propio Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La defensa también pidió el restablecimiento de la integración legal de la Corte Suprema, al considerar que su actual conformación de tres integrantes afecta el Estado de Derecho y el derecho a contar con un recurso judicial efectivo.
El tercer conjunto de medidas está relacionado con las condiciones de la prisión domiciliaria de la expresidenta. En concreto, solicitaron el retiro de la tobillera electrónica, la eliminación de las restricciones para recibir visitas y el acceso al aire libre.
Además, reclamaron que Cristina Kirchner reciba un trato igualitario respecto de otras personas que cumplen prisión domiciliaria y denunciaron que las actuales condiciones constituyen un trato discriminatorio y degradante. También pidieron que las autoridades argentinas no responsabilicen a la expresidenta por las manifestaciones o concentraciones protagonizadas por terceros frente a su domicilio.
La defensa recordó que Cristina Kirchner agotó todas las instancias disponibles en la Justicia argentina. Tras la condena, presentó recursos de casación y extraordinario federal y, finalmente, un recurso de queja ante la Corte Suprema. Según el documento, la decisión del máximo tribunal del 10 de junio de 2025 cerró definitivamente las vías judiciales internas y habilitó la presentación de la Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
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