En medio de conflictos por la falta de fondos para el funcionamiento de entidades públicas, entre ellas las universidades, el Gobierno implementó por decreto este miércoles una modificación presupuestaria que eleva la autorización de gasto para 2024 en $14,48 billones, a través de recursos provenientes de impuestos, que originalmente se esperaban en $19,41 billones.
El Gobierno elevó el presupuesto en $14,48 billones, por debajo de lo esperado
Dado que se utiliza una prórroga del de 2023, el presidente Javier Milei y su Gabinete incrementaron por decreto las partidas mediante recursos tributarios, con un recorte de $4,93 billones.
La medida se implementó a través del Decreto 280/2024, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y de la totalidad del Gabinete.
La norma recuerda que "al inicio del presente ejercicio presupuestario no se encontraba aprobado el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2024", por lo que se prorrogó el de 2023.
En ese contexto, "resulta necesario y urgente incorporar diversas disposiciones complementarias a la prórroga y modificar el presupuesto vigente, con el fin de garantizar la continuidad del funcionamiento del Estado Nacional".
El decreto detalla en un largo anexo las partidas de gastos que se incrementan, listado que encabezan las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), $7,27 billones; servicio de la Deuda Pública (Intereses y Comisiones), $2,69 billones; y servicios económicos, asistencias financieras, Obligaciones a Cargo del Tesoro, por $2,57 billones.
En cuanto al empleo público, otro de los grandes ejes de conflicto de la gestión de Milei, la norma remarca que "las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley ni los que se produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del jefe de Gabinete de Ministros".
La reasignación presupuestaria, que representa un ahorro fiscal de poco más de $4,93 billones, se enmarca en la búsqueda de equilibrio fiscal del Gobierno, realizado a través de la "licuadora" y la "motosierra", que no son más que la pérdida del poder adquisitivo de los argentinos, el encarecimiento en dólares del país y el fuerte ajuste de los servicios del Estado que impactan en los sectores más desfavorecidos.
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