CABA anunció un plan para refinanciar deudas con tarjetas de crédito: quiénes pueden acceder

En esa línea, indicó que las nuevas alternativas de refinanciación estarán disponibles en la web de la institución y de las entidades financieras que decidan adherirse. "Esta fue una propuesta que trabajamos en conjunto entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura para convertirla en una ley financieramente viable", apuntó.

Quiénes pueden acceder

La medida abarcará a los siguientes grupos:

• Deudas originadas con tarjetas de crédito y/o préstamos personales otorgados exclusivamente por entidades financieras
• Mora en situación 2 o 3 del Banco Central (entre 60 y 180 días de atraso). Ingresos familiares inferiores a 10 salarios mínimos.
• Que los compromisos mensuales de deudas representan más del 30% de los ingresos mensuales del hogar.
• Domicilio real en la Ciudad con una antigüedad mínima de 2 años.

Quedarán excluidos quienes sean propietarios de más de un inmueble, tengan vehículos con una antigüedad menor a 5 años (excepto aquellos destinados a actividades laborales debidamente acreditadas), sean titulares de embarcaciones, aeronaves o bienes suntuarios sujetos a registro, tenedores de activos financieros que excedan el total de la deuda reclamada y aquellos que hayan comprado divisas durante el período en el que se generaron deudas.

La adhesión al programa contempla un beneficio fiscal que otorga la Ciudad, la reducción del 50% del impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a los intereses percibidos por las refinanciaciones.

A fines de junio, la Legislatura porteña había aprobado la creación de un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, impulsado por el legislador porteño Leandro Santoro.

El programa, que entrará en vigencia una vez que el gobierno porteño oficialice la reglamentación, permitirá aliviar el pago de intereses para los hogares en situación de morosidad y estirar los vencimientos. En concreto, plantea una tasa nominal anual (TNA) fija máxima del 35% (por debajo de las tasas de mercado) y un plazo mínimo de 24 meses.

Contempla acceso para empleados, jubilados y monotributistas de categorías bajas y medias. Los fondos se transferirán directamente a los acreedores y se establecerán criterios de prioridad para hogares vulnerables, inquilinos, estudiantes y personas con discapacidad.

El beneficio está dirigido a familias con residencia comprobada en la Ciudad, cuyos ingresos no superen los diez salarios mínimos (hoy $3,67 millones) y cuyas deudas representen más del 30% de sus ingresos mensuales. El programa apunta especialmente a quienes registran atrasos de entre 60 y 180 días, con el objetivo de evitar que queden fuera del sistema financiero o enfrenten embargos. De esta manera, quedarán excluidos quienes posean patrimonio suficiente para cancelar sus obligaciones por cuenta propia.

Para incentivar la adhesión del sector privado, las entidades financieras que participen recibirán una reducción del 50% en Ingresos Brutos sobre los intereses generados por estos créditos. Además, los beneficiarios que no sean clientes del banco público porteño podrán abrir una cuenta gratuita en el Banco Ciudad para acceder a la línea especial.

Los datos de morosidad

Según un informe de la agencia Fidelitas, en junio empeoró el índice del país en lo relacionado con el riesgo crediticio comercial. El denominado Índice de Score y Riesgo Económico (SERF) se ubicó en 45,2 puntos, lo que implicó una caída de 1,5 puntos respecto de mayo.

Eso implica que el riesgo comercial en la Argentina se deteriora a pesar de que los números macro marchan bien, lo que la agencia denomina una "grieta" económica. La duda de los analistas es si es sostenible esa brecha en el tiempo. El dato de morosidad, tanto de personas como de empresas, es el indicador más relevante desde el punto de vista del reporte.

Al respecto, la agencia de riesgo señala que "la morosidad crediticia dejó de ser un dato coyuntural para pasar a ser estructural, ya transformado en una verdadera emergencia" y que "de los 26 millones de personas bancarizadas, 9,7 millones, el 27,1%, tienen algún tipo de atraso".