Adiós a la Cuota Simple, Ahora 12 y la Ley de Góndolas

En tanto, el Gobierno también avanza con la media sanción en el Senado de la Ley Hojarasca, una iniciativa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone derogar y modificar más de 70 normas vigentes con el objetivo de "reducir la burocratización del Estado".

El Gobierno profundiza la desregulación

Según se explica en los considerandos de la Resolución 12/2026, las disposiciones eliminadas habían sido dictadas al amparo de marcos regulatorios que fueron modificados o derogados, entre ellos la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la ley que creó el Observatorio de Precios, por lo que "han perdido su objeto y aplicabilidad".

Entre las normas derogadas figuran resoluciones vinculadas al control de precios de determinados productos, requisitos de información para la comercialización de bienes, procedimientos de autorización para importaciones, programas de fomento al consumo y medidas relacionadas con el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino.

En los fundamentos de la decisión, el Gobierno sostuvo que "la proliferación normativa ha llevado a la superposición, desactualización y dispersión de normas", situación que genera incertidumbre sobre cuáles continúan vigentes. Además, afirmó que ello provoca "una inseguridad jurídica para los ciudadanos que restringe el libre desenvolvimiento de su vida".

La resolución también señala que resulta necesario avanzar en una revisión permanente de la normativa para que el Estado "se enfoque en normativas relevantes y prioritarias" y pueda brindar respuestas más rápidas y transparentes.

Derogaciones de la Secretaría de Industria, Comercio y PyME:

La Resolución 12/2026 deroga 22 normativas del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), un mecanismo de intervención directa que buscaba controlar precios en la cadena triguera; 30 normativas de Ahora 12 y Cuota Simple, una medida de intervención indirecta en las condiciones crediticias; 4 normativas que obligaba a instituciones privadas de enseñanza a notificar anticipadamente sus aranceles, incentivando así la distorsión de precios al fijarse aumentos preventivos y arbitrarios por parte de los colegio; una normativa accesoria al programa Precios Cuidados; una normativa que duplicaba mecanismos de atención ya existentes para adolescentes consumidores. Se elimina esta superposición y se concentran los reclamos en un canal especializado que garantiza una respuesta más ágil y eficiente.

• La N° 355/2022 de la ex Secretaría de Comercio Interior, junto a sus 19 modificatorias, que regulaban el control de precios de determinados productos.
• 426/2022 y 296/2023, vinculadas a requisitos de información para la comercialización de bienes.
• 22/2006, 178/2007 y 167/2008, procedentes del ex Ministerio de Economía y Producción.
• La N° 368/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio, dictada al amparo del Decreto N° 787/2025 que eliminó la obligación de los colegios privados de pedir autorización estatal para modificar sus cuotas.
• 82/2014 de la ex Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo.
• La disposición N° 167/2018 de la ex Subsecretaría de Comercio Interior.
• 282/2021 y sus 21 modificatorias, que regulaban programas de fomento al consumo cuya vigencia venció sin prórroga.
• Las resoluciones 753/2021, 56/2022, 57/2022 y 142/2022 con su modificatoria N° 148/2022, ligadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino
• 254/2019 y 43/2022 vinculadas a procedimientos de autorización para la importación de mercancías.

Derogación de normas: el impacto en la vida cotidiana

El impacto cotidiano de estas medidas representa un giro radical hacia el libre mercado, donde el Estado deja de intervenir en los márgenes de ganancia y en los precios máximos de las góndolas. Esta desregulación llega también a la educación privada, ya que los colegios ya no deben realizar trámites burocráticos ni pedir autorización al Gobierno para aumentar sus cuotas. Ahora pueden decidir y comunicar los incrementos de forma directa y más rápida según sus propios costos, lo que se traduce en menos previsibilidad y aumentos potencialmente más frecuentes para las familias. En definitiva, para el ciudadano común esto implica convivir con precios que se mueven al ritmo de la oferta y la demanda.

En el ámbito del consumo, el fin de los programas de cuotas subsidiadas estatales traslada el costo de financiar compras con tarjeta de crédito directamente a las reglas del mercado financiero y de los bancos. Conseguir cuotas baratas para comprar ropa o electrodomésticos pasa a depender de las promociones de cada comercio o entidad bancaria en lugar de una obligación pública. A esto se suma la quita del "papeleo" y de las obligaciones que tenían las empresas de presentar listados de costos y stock al Gobierno, lo que reduce sus costos administrativos y agiliza el comercio, aunque deja al consumidor con un Estado que tiene menos herramientas para monitorear el desabastecimiento.

Por otro lado, la eliminación de autorizaciones complejas, licencias y declaraciones juradas reduce drásticamente la burocracia para el ingreso de mercadería al país. Esta flexibilización facilita la entrada de tecnología, indumentaria, repuestos e insumos médicos del exterior, lo que en el día a día se nota en una mayor variedad de marcas y una menor escasez de productos importados, en detrimento de la industria local.

Ley Hojarasca: cuáles son los principales puntos

Este proyecto propone una derogación masiva de leyes a través de la eliminación de más de 70 normas vigentes, muchas de ellas sancionadas hace décadas, bajo el argumento de que perdieron aplicación práctica, fueron superadas por marcos regulatorios posteriores o responden a contextos históricos ya inexistentes. La iniciativa busca una simplificación del marco regulatorio para reducir la cantidad de normas actuales y facilitar su conocimiento y cumplimiento tanto para ciudadanos como para empresas.

Todo esto se apoya en el principio de "máxima libertad", bajo la premisa de que los derechos no requieren ser creados por ley y que debe regir un esquema en el que todo esté permitido salvo lo expresamente prohibido, en línea con una menor intervención del Estado.

Dentro de este paquete, se apunta a la eliminación de normas redundantes que ya fueron reemplazadas por legislaciones más modernas —como las vinculadas a vacunación, hidrocarburos o beneficios específicos— y a la supresión de leyes obsoletas que quedaron desactualizadas frente a los avances tecnológicos y productivos, tales como las regulaciones sobre microfilmación de documentos, televisión a color o mecanismos antiguos de almacenamiento y comunicación.

Asimismo, se propone derogar normas vinculadas a entidades inexistentes que ya no funcionan o a programas que nunca se implementaron pero que permanecen formalmente vigentes en el sistema legal. En la misma línea de reducción de la burocracia estatal, se eliminan leyes que crean organismos, comisiones o fondos considerados innecesarios o con funciones superpuestas, así como trámites administrativos calificados como redundantes o sin utilidad actual.

Por otra parte, el proyecto contempla la revisión de normas que afectan libertades individuales, proponiendo derogar leyes que habilitan controles sobre reuniones privadas, circulación o actividades culturales, muchas de ellas dictadas en contextos de fuerte intervención estatal o durante gobiernos de facto. También se impulsan cambios en el financiamiento de entidades para quitar el sostén estatal a organismos como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios, los cuales deberán mantenerse con recursos propios. Finalmente, se suprimen normas que otorgan beneficios y privilegios específicos a determinados sectores o actividades, bajo la premisa de evitar distorsiones y desigualdades dentro de un mismo ámbito.