Judiciales

El fallo fue votado por unanimidad. La imprenta fue expropiada por una ley del Congreso en 2013. Aumenta la tensión entre el Gobierno y el Máximo Tribunal.

Había sido citado a declarar como testigo en la causa que investiga la muerte de Maradona, pero se presentó con un papel con varias anotaciones.

El empresario de la construcción Ricardo Alconada Magliano presentó un escrito ante el juez Ernesto Kreplak en el que admitió sentirse "víctima" de una situación de espionaje ilegal de la que no estaba enterado.

El juez de garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, se refirió al suceso en el que altos funcionarios de la AFI le pidieron la detención de Hugo y Pablo Moyano.

Mariano Llorens decidió quedar al margen por "motivos de decoro y delicadeza". Debía fallar en los planteos que hicieron varios querellantes, entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La resolución es para poder tramitar primero las nulidades que planteó la defensa. Iba a comenzar el jueves 3 de marzo.

La fiscal Paloma Ochoa solicitó interrogar al exministro de Justicia. La plata se le otorgó en el marco de las medidas de protección que se le atribuyeron.

El exintegrante de la AFI macrista, Leandro Araque, participó de la audiencia testimonial en el tribunal federal de La Plata, ante el juez Ernesto Kreplak.

El exmandatario afirmó que durante su gestión no había amenazas ni aprietes a los jueces, aunque la evidencia demuestra lo contrario.

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, le entregó al sindicalista siete biblioratos con información detallada.

El exjefe de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la AFI macrista es indagado por el presunto pedido al juez Luis Carzoglio para que detengan a Hugo y Pablo Moyano.

Se llegó a esta instancia luego que todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia se hayan excusado para hacerlo. El pedido lo realizó Carlos Beraldi, intimando a que se defina qué jueces habrán de resolver las denuncias de Cristina Kirchner durante el gobierno de Mauricio Macri.

El magistrado Marcelo Martínez de Giorgi llamó a declarar al hermano del expresidente y a la interventora la AFI en la causa que investiga presuntas maniobras ilícitas de inteligencia durante el gobierno de Cambiemos.

Los familiares de las víctimas del submarino se mostraron en contra de autorizar al expresidente a salir del país: temen peligro de fuga y expresaron irregularidades en la invitación al evento.

A pesar de que hubo 22 condenados, en los dos juicios que se realizaron, no hay presos en la cárcel.

El expresidente fue invitado a participar de un evento en Montevideo. Volará en un avión privado. En ese país se encuentra prófugo Fabián 'Pepín' Rodríguez Simón.

Desde su despacho del organismo, el contador fue clave para la persecución de opositores mediante el hostigamiento fiscal durante el gobierno de Mauricio Macri. Enfrenta cargos por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, asociación ilícita, calumnias, injurias, defraudación, y falso testimonio, entre otros.

El senador bonaerense de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan fue citado a declarar, en el marco de la investigación por el funcionamiento de una "mesa judicial" para perseguir y armar causas contra dirigentes sindicales durante el gobierno provincial de María Eugenia Vidal

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, y Eduardo "Wado" de Pedro, ministro del Interior, deberán presentarse el 10 de marzo.

Las audiencias darán inicio este jueves y podrían extenderse durante dos o tres años. Se trata del proceso de lesa humanidad más grande de la historia de la provincia de Buenos Aires.

Las audiencias darán inicio este jueves y podrían extenderse durante dos o tres años. Se trata del proceso de lesa humanidad más grande de la historia de la provincia de Buenos Aires.

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia sostuvo que si bien hubo un pedido judicial los archivos no se destruyeron y que "deberían haberlo hecho".

El máximo tribunal confirmó una resolución de la Cámara Nacional Electoral que insta al Congreso a permitir el sufragio de personas condenadas.