Una jueza dictó una medida cautelar contra el barrio privado Tiempos de Canning

Entre las acusaciones, los denunciantes señalan que no se terminaron las obras que les prometieron al momento de comprar la propiedad y tras 14 años no tienen "un boleto de Cesión de posición fiduciaria y por lo pronto no se evidencia una posible escrituración ya que el desarrollista hasta el momento no se ha adecuado a la ley de propiedad horizontal y por lo tanto no vemos factible que nuestra situación prospere”.

Además, advierten que la empresa se basa en un reglamento interno de convivencia para cobrarles expensas sin rendir cuentas y hasta “pagando sobreprecios”. Denuncian que “se paga sobreprecio en contratos de seguridad durante años, negándose a cambiar a pesar de numerosos reclamos. Y hay un listado de anomalías que suman inconsistencias que determinan la mala praxis administrativa”. Los denunciantes, a su vez, señalaron que, por la falta de obras, sufren incendios, robos y la imposibilidad de transitar los días de lluvia.

Luego de presentada el pedido de cautelar, la jueza Cardoni determinó: “en mérito a que las obras denunciadas inconclusas hacen en su mayoría a la prestación de servicios esenciales (agua, luz, comunicación, circulación, seguridad), de conformidad al acuerdo acompañado y la denuncia penal formulada, que hacen a la URGENCIA de la petición y ante la ausencia de un carril contractual idóneo para acceder a la información que les posibilite a los actores vecinos tomar conocimiento de la gestión de las mismas y su avance, entiendo que sólo a los efectos cautelares con la documentación traída, se abastecen los requisitos elementales para que proceda la medida solicitada, es decir verosimilitud en el derecho y peligro en la demora”.

La magistrada ordenó que se designe una veedora para que los compradores tengan acceso a las compras y ventas que realiza la constructora. Sin embargo, la veedora María Belén Sainz, alertó que “no he tenido a la vista los extractos bancarios a fin de poder comprobar el efectivo pago de los gastos detallados”.

Los vecinos responsabilizan por la situación a Mariano Defelippis, presidente de Universal Business y a la presidenta de Tierras de Canning S.A, Nora Solis, ambas empresas encabezan junto a Dreyer el emprendimiento. También señalan a la Administradora Cosentino por los gastos “desproporcionados” de expensas.

Los compradores además acusan que existe una confusión patrimonial “entre la desarrolladora y la administración del proyecto Tierras de Canning, lo que sumerge al complejo en un estado de desprotección, abandono y desidia”.