Secta de Villa Crespo: ordenan liberar a todos los detenidos

Percowicz ya venía cumpliendo arresto domiciliario por sus problemas de salud y edad, y ahora queda en libertad con un embargo de 1.200 millones de pesos.

La medida se adoptó tras un fallo dividido del tribunal

Para el juez Roberto Boico, correspondía la revocación de las prisiones preventivas "constituyen el medio más gravoso de cautela y el caso no lo amerita a la fecha, conforme pautas que fueron desarrolladas previamente y sin perderse de vista -especialmente- que el escenario auditado exhibe un progreso cognitivo conformado por una multiplicidad de diligencias, tanto de cargo como de descargo”.

En cambio, el camarista Martín Irurzun opinó que “el encierro cautelar es la única forma de garantizar los fines de la instrucción”

Los camaristas dispusieron sobre Carlos Barragán y Mariano Krawczyc la falta de mérito aunque seguirán siendo investigados.

En cambio, Boico decidió confirmar las acusaciones sobre explotación sexual de personas aunque las mujeres del grupo indagadas dijeron que actuaron en total libertad.

Para el juez sí existen elementos como ser conversaciones telefónicas u otras pruebas que dan cuenta que había situaciones de ese tipo, por lo que confirmó la acusación en ese sentido.

Al igual que Irurzun, también confirmó los delitos por asociación ilícita y lavado de dinero. Es que sospecha es que los acusados sobre los integrantes de la Escuela Yoga de Buenos Aires les exigían una “membresía” mensual o bien los desapoderaban de sus bienes para luego integrarlos al circuito financiero legal.

Irurzun sostuvo que existen elementos que permiten acreditar, a esta altura y con el grado de certeza que la instancia instructoria exige, que efectivamente existió un mecanismo de manipulación de la voluntad que fue la herramienta principal para la concreción de los fines ilícitos buscados, siendo la efectividad del método natural consecuencia del tiempo transcurrido”.

En el extenso fallo, los jueces repartieron críticas sobre la investigación del juez Lijo y los fiscales Carlos Stornelli y Alejandra Mangano, esta última de la Unidad fiscal contra la trata de personas.