Esta semana se cumplieron cinco años desde que las farmacias del Uruguay comenzaron a vender cannabis legal a ciudadanos y residentes permanentes de ese país, lo que significó la culminación de un largo proceso que se inició allá por diciembre de 2013, durante la presidencia de José ‘Pepe’ Mujica, cuando el Parlamento aprobó la Ley 19.172.
La inédita normativa convirtió a Uruguay en el primer país del mundo en legalizar la producción y comercialización de marihuana para diferentes fines (recreativo, medicinal, industrial y de investigación), siempre bajo supervisión estatal, y al mismo tiempo brindó un marco regulatorio a la tenencia.
La ley que regula la producción, distribución y venta de marihuana en Uruguay estableció al momento de su aprobación tres vías para acceder al cannabis psicoactivo de uso no médico: a través del cultivo doméstico, por medio de clubes de membresía y a partir de la dispensación en farmacias. Esta tercera etapa, que acaba de cumplir un lustro, fue la más polémica de las tres y la que más tiempo llevó implementar, ya que requirió de la articulación del estado con las empresas privadas licenciatarias que se encargan de la producción y con las farmacias que funcionan como puntos de venta.
Martín Fernández es abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), una entidad que forma parte del colectivo de organizaciones que militaron por esta política pública desde antes que se aprobara la ley. Durante años, Fernández llevó adelante múltiples defensas de autocultivadores y participó en actividades de formación y capacitación sobre cuestiones legales vinculadas a la marihuana.
“El tema del cannabis en las farmacias fue el resultado de una negociación que se llevó a cabo en la etapa de formulación de la ley, porque se entendía que podía ser un lugar adecuado para poder comercializarlo, y sobre todo para que tuviera un enfoque de salud que permitiera aprobarla y luego implementarla”, explica Fernández, en diálogo con C5N.com.
A cinco años de la puesta en marcha de este sistema, desde el Instituto trabajan ahora para lograr incorporar nuevos puntos de dispensación que ofrezcan una cobertura territorial más amplia.
“El abastecimiento en general está garantizado. Hubo períodos en los que se presentaron algunos problemas, pero ya no. De todos modos, hay una necesidad de diversificar los puntos de expendio”, considera el abogado de IELSUR.
Al día de hoy, el sistema cuenta con 49.630 consumidores registrados y un total de 28 farmacias distribuidas en once de los 19 departamentos de todo el Uruguay. Cada uno de esos inscriptos tiene permitido comprar hasta 40 gramos de marihuana por mes. El precio de venta al público del envase de 5 gramos es de $390 uruguayos (un poco más de u$s9).
Con un enfoque en la salud pública basado en la estrategia de gestión de riesgos y reducción de los daños, esta ley pretendió además limitar la influencia del crimen organizado, concediendo a la sociedad civil una opción de acceso a la sustancia por vías legales y evitando exponerla a un vínculo con el narcotráfico. Sin embargo, como toda reforma, desde un principio tuvo adeptos y detractores.
Un estudio del Observatorio Uruguayo de Drogas (OUD) realizado en diciembre de 2021 estimó que el mercado legal alcanza al 39% de los consumidores de cannabis, aunque podría crecer al 56% si los cultivadores a los que se les ha vencido la licencia decidieran renovarla.
Precisamente, la obligación de inscribirse en el registro del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) encontró resistencia tanto por parte de los cultivadores como de los consumidores. Por temor a que no se respete la privacidad, o simplemente por desconfianza, muchos prefieren no figurar en la nómina y seguir cultivando o comprando en la ilegalidad.
El periodista Guillermo Garat, autor de los libros Marihuana y otras yerbas: prohibición, regulación y uso de drogas en Uruguay (2012) y El camino: cómo se reguló el cannabis según sus actores sociales y políticos (2014), sostiene que el sistema de venta en farmacias “está funcionando cada vez mejor” y que, gracias a eso, “una parte importante del mercado está en la legalidad”, aunque reconoce que el registro del IRCCA ahuyenta a muchos usuarios.
“Acá, como en Argentina y en otros países donde hubo terrorismo de estado, que el estado te registre, para mucha gente es un problema. Es algo que ya se veía en las primeras encuestas, pero fue una forma de que la sociedad civil transara con el gobierno de Pepe Mujica y hacer que la ley empiece a caminar”, explica Garat a C5N.com.
Alejandra Nuñez es una consumidora de 38 años que vive en Montevideo y está registrada en el IRCCA. Según ella, la venta en farmacias “logró quitarle el estigma a la marihuana”.
“Es como que calmó a las cabezas más antiguas, que te decían que eras un drogadicto porque te fumabas un porro. Se tranquilizó un poco la cosa y lograron verlo de otra forma”, opina.
“Pensaban que legalizando la marihuana la gente iba a hacer cualquiera, y nada que ver. No es que ves más gente fumando, ni menos. Sigue todo igual de tranquilo”, asegura Nuñez, quien además reconoce el valor de “la política de concientización y reducción de daños” a partir de la información que el estado brinda a los consumidores.
El Frente Amplio presentó en junio un proyecto de ley en el Parlamento para que los turistas que visitan el país puedan comprar marihuana legal.
El diputado Eduardo Antonini, autor del proyecto, contó a la agencia AFP que “muchos turistas quieren acceder al cannabis cuando vienen a Uruguay”, pero al llegar a la farmacia se encuentran con la sorpresa de que la venta no está habilitada para ellos.
Sobre la Avenida 18 de Julio, la más importante de Montevideo, es frecuente ver en las vidrieras de los growshops (tiendas que venden insumos para el cultivo de cannabis) carteles en diferentes idiomas que advierten: “Aquí no vendemos marihuana”.
“Sería bueno que la reglamentación pudiera abarcar lo que se conoce como turismo cannábico, algo que genera bolsones de mercado negro, y que sería bastante sencillo poder regularlo de manera eficaz”, sugiere Fernández.
“Creo que la tecnología y el avance de las aplicaciones permitirían que pueda haber algún permiso temporal para que los no residentes puedan acceder, lo que eliminaría las posibilidades de un crecimiento de este mercado negro destinado a satisfacer esas demandas”, agrega el abogado de IELSUR.
La regulación integral del mercado de cannabis significó un paso al frente en materia de ampliación de derechos y políticas de salud pública, aunque la reforma parece ser insuficiente en cuanto al objetivo inicial de quitarle mercado al narcotráfico. Si bien el consumo de marihuana “prensada” cayó del 58,2% en 2014 al 11,6% en 2018, hoy los narcos han diversificado su oferta, comercializando unas cuantas sustancias que esta regulación no abarca.
Desde los sectores más reaccionarios de la sociedad y la política uruguaya resuenan permanentemente las voces que califican de “fracaso” esta legislación modelo y pretenden volver al escenario previo. Tal es el caso de Cabildo Abierto, un partido de ultraderecha fundado en 2019, que forma parte de la coalición gobernante junto al Partido Nacional y el Partido Colorado, y que acaba de proponerle a sus socios políticos avanzar en la derogación de la ley. El líder de ese espacio es el senador Guido Manini Ríos, un general retirado del Ejército y negacionista de los crímenes cometidos por la dictadura que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985, a quien algunos medios latinoamericanos bautizaron como “el Bolsonaro uruguayo”.
Hace una semana, Manini Ríos pidió un “combate a las drogas” y una campaña “agresiva” para desalentar el consumo, argumentando que los delitos, el narcotráfico y la cantidad de fumadores no han dejado de crecer desde que se aprobó la ley.
Acerca de los referentes de Cabildo Abierto, Fernández, el abogado del IELSUR, advierte que “están más en el paradigma prohibicionista” e “intentan generar ruido” a partir de sus proclamas.
“Permanentemente se está tratando de poner en tela de juicio esta legislación, que como toda política pública tiene sus falencias y debe ser revisada y ajustada permanentemente. Pero que haya necesidades de ajuste no quiere decir que haya fracasado, tal como postulan estos opositores, contumaces a cualquier política que no signifique la imposición moral de una guerra a las drogas, que sí ha sido un fracaso estrepitoso en todo el mundo y que ha causado muertes, más encarcelamientos y poca atención en salud”, asegura Fernández.
Por su parte, Garat argumenta que Cabildo Abierto “utiliza este tema para hacer campaña política y posicionarse en la opinión pública”.
“Lo que quiere lograr el partido militar no es necesariamente un cambio en la legislación, aunque probablemente les gustaría, sino que estemos hablando de estas cosas en vez de lo que hay que hablar. Las causas de algunos delitos probablemente vinculados a la marginación y la exclusión son asuntos de políticas sociales y no de consumo de drogas”, agrega.
La iniciativa de los ultraderechistas no parece tener demasiadas chances de prosperar en la Asamblea Legislativa. A pesar de que cuenta con apoyo de algunos legisladores oficialistas, cabe mencionar que fue el actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien presentó el primer proyecto para legalizar el autocultivo de marihuana a finales de 2010, siendo entonces diputado. De todas formas, no resultaría extraño que un futuro se lleven adelante algunas modificaciones a la ley, teniendo en cuenta las declaraciones del mandatario uruguayo en mayo de este año durante una entrevista concedida a la BBC.
“No creo en que los estados cultiven y vendan marihuana. Creo en las personas, los clubes de cannabis o lo que sea que tengamos, que producen su propia marihuana y pueden tener sus propios círculos de consumo. Ahora tenemos el sistema funcionando, así que podemos cambiarlo. Pero no podemos cambiarlo de un día para el otro, todo al mismo tiempo”, declaró a la cadena británica.
A través del Decreto 883/2020 firmado por el presidente Alberto Fernández el 11 de noviembre de 2020, la Argentina dio un paso histórico en materia de legislación relacionada al cannabis.
La ley que había sido sancionada por el Congreso en 2017 y finalmente promulgada tres años más tarde, habilitó el autocultivo para uso medicinal. Para poder implementarlo, el Ministerio de Salud creó en 2021 el Registro del Programa Cannabis (REPROCANN), una base de datos diseñada para poder registrar a aquellas personas que cuenten con las condiciones para acceder a un cultivo controlado de la planta.
“Ya somos más o menos 50.000 las personas que tenemos la indicación médica y la aprobación del Ministerio de Salud para poder no solamente cultivar cannabis en nuestras casas, sino también transportarla por todo el país en avión, en micro o en nuestros autos”, cuenta Fernando Soriano, periodista de C5N, especialista en temas vinculados al cannabis y autor del libro Marihuana, la historia. De Manuel Belgrano a las copas cannábicas (2017).
“Esto es un avance importante, pero no es total. Lo que falta, y es lo que sí tiene Uruguay, es la regulación del consumo llamado recreativo o adulto, y esa es la deuda que todavía tiene Argentina. Y especialmente es la deuda que tiene este Gobierno, porque Alberto Fernández en campaña, en 2019, dijo varias veces que para él las personas que tenían cannabis para consumo personal no podían ir presas de ninguna manera. Bueno, eso sigue ocurriendo en Argentina”, concluye Soriano.
Si bien es cierto que, frente a un escenario económico tan delicado como el que atraviesa hoy la Argentina, para el Gobierno puede no ser una prioridad darle un marco legal al consumo recreativo de marihuana, algunos informes publicados por diferentes organizaciones estiman que alrededor de 25.000 personas por año son detenidas por tener insignificantes cantidades de droga para consumo personal, y en la gran mayoría de los casos se trata de cannabis. Para un país que desde la recuperación de la democracia supo dar pasos importantes en materia de ampliación de derechos, atender esta cuestión debería ser ineludible.
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