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La Ley Ómnibus de Javier Milei habilita a las universidades públicas a cobrarle aranceles a los extranjeros sin residencia

La Libertad Avanza busca modificar artículos de la Ley de Educación Superior para que los extranjeros sin residencia en Argentina empiecen a pagar por sus estudios en el país.

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  • El proyecto de Ley Ómnibus que mandó el presidente Javier Milei al Congreso para que sea tratado en sesiones extraordinarias incluye la posibilidad de que las universidades públicas e "instituciones de "educación superior de gestión estatal" comiencen a cobrarle un arancel a los extranjeros sin residencia en el país que quieran estudiar una carrera.

    Dentro del apartado "Universidades Privadas" del proyecto se plantea la sustitución del artículo 2° bis de la Ley N° 24.521, por uno en el que se indica que los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal serán gratuitos para todo ciudadano argentino nativo o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país, excluyendo a los extranjeros no residentes.

    "Las instituciones de educación superior de gestión estatal y las universidades nacionales en ejercicio de su autonomía, podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos previstos en el párrafo primero", se indica en el texto. No obstante, la iniciativa contempla la posibilidad de que dichos estudiantes puedan ser titulares de becas.

    Otras modificaciones que plantea el proyecto

    El proyecto también establece que las universidades e instituciones de educación superior deberán implementar un examen que permita a los estudiantes ingresar a las carreras directamente "sin complementar el proceso de nivelación y orientación profesional y vocacional". "El estudiante podrá optar entre el mencionado proceso o un examen de ingreso directo”, se especifica.

    También se indica que las instituciones universitarias deberán obtener evaluaciones externas como mínimo cada diez años, en el marco de los objetivos definidos por cada institución. "Abarcaran las funciones de docencia, investigación y extensión, y en el caso de las instituciones universitarias nacionales, también la gestión institucional". Las evaluaciones externas estarán a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria o de entidades privadas constituidas con ese fin.

    La ley Ómnibus que mandó Milei al Congreso

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