El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 4 ordenó al Gobierno de la Ciudad que presente, en un plazo no mayor a 20 días hábiles administrativos, un proyecto que solucione las "falencias y peligros del deficiente servicio de electricidad existente" en el Barrio 21-24 de Barracas.
La Justicia porteña dictó una nueva orden judicial para resolver el riesgo eléctrico en la Villa 21-24
Tras años de reclamos por parte de los vecinos y el Ministerio Público de la Defensa, se intimó al Gobierno de la Ciudad a presentar un plan que garantice la provisión segura y adecuada del servicio eléctrico en el barrio.
El mismo deberá contemplar los informes técnicos elaborados por el ENRE y las recomendaciones efectuadas por el perito ingeniero y el equipo de profesionales del Ministerio Público de la Defensa (MPD) de la Ciudad. Además, la orden dispuesta recientemente incorporó la participación ciudadana.
Los vecinos de la Villa 21-24 vienen denunciando desde 2007 la grave situación de riesgo eléctrico en el barrio que ya tuvo consecuencias fatales, reclamando al Gobierno porteño que tome medidas integrales para garantizar la calidad y seguridad en la prestación del servicio.
“Se da una situación de injusticia y discriminación con respecto al resto de la Ciudad. Los vecinos hace muchos años que se vienen organizando y reclamando cuestiones vinculadas a los servicios públicos y a una urbanización integral del barrio. Porque el riesgo eléctrico se inscribe dentro de ese contexto, donde el Estado de la Ciudad ha estado y está ausente”, indicó el Defensor a cargo de la Unidad Especializada en Procesos de Urbanización e Integración Social, Ramiro Dos Santos Freire.
El largo reclamo de los vecinos de la Villa 21-24 por el riesgo eléctrico
La causa se inició hace 14 años y, ante la falta de respuesta a los reclamos e informes presentados por los vecinos, el MPD y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) iniciaron un amparo colectivo contra el Gobierno de la Ciudad para solicitar que se le ordene diseñar y ejecutar un plan integral que asegure el acceso adecuado, seguro, suficiente y continúo del servicio de energía eléctrica en el barrio.
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad confirmó, a fines de 2018, lo resuelto por la Cámara, ordenó al GCBA elaborar e implementar el plan integral de prestación y mantenimiento del servicio de energía eléctrica para la Villa 21-24, que debía ser cumplido dentro de un plazo de 105 días hábiles administrativo, algo que finalmente no sucedió.
En 2019 se conformó la mesa de trabajo con presencia de la junta comunal, vecinos y vecinas, organizaciones del barrio, ACIJ y el MPD para debatir la grave situación ante los sucesivos siniestros y el fallecimiento de personas. Tres años después, la Defensa Pública volvió a denunciar el incumplimiento por parte del GCBA y la gravedad de la situación de riesgo eléctrico en el barrio.
Un relevamiento del MPD demostró que la intervención de la administración sólo se había centrado en un sector del barrio, denominado Tierra Amarilla. El informe dejó a la vista que, con el ritmo de trabajo implementado, las tareas se terminarían en 47 años.
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