La Justicia le prohibió salir del país a Néstor Ortigoza por no pagar la cuota alimentaria

El exjugador de San Lorenzo Néstor Ortigoza recibió un doble revés judicial esta semana: le prohibieron la salida del país por deber la cuota alimentaria de sus dos hijos menores y ordenaron su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Las demandas fueron impulsadas por la madre de su hija y por Lucila Cassiau -mamá de su hijo-, quien además lo denunció en 2024 por violencia de género.

Las resoluciones fueron dictadas por la sala 2 de la Cámara Civil y Comercial de Morón y por el Juzgado de Familia de Lomas de Zamora, respectivamente. La primera, integrada por los jueces Laura Andrea Moro y Gabriel Quadri, revocó un fallo del Tribunal de Familia N°8 de ese Departamento Judicial, que había rechazado imponer el impedimento a dejar el país por considerar la pauta como de "última ratio", es decir, una suerte de barrera constitucional que evita criminalizar conflictos que pueden resolverse mediante otras áreas del ordenamiento jurídico.

Marcelo Moretti y Néstor Ortigoza

"El interés superior de niñas, niños y adolescentes exige que la respuesta de la Justicia sea no solo justa, sino también oportuna", coincidieron los magistrados. Se trata de un expediente que tiene 4 años de trámite, en el que ninguna de las medidas ordenadas por la Justicia fue eficaz para lograr que Ortigoza cumpla con sus obligaciones.

Por su parte, en la definición del Juzgado de Familia de Lomas de Zamora, las autoridades determinaron que el exfutbolista ignoró múltiples intimaciones judiciales recientes para cumplir con el pago de cuotas correspondientes al hijo que tiene con Lucila Cassiau y definieron la situación como "una conducta irregular", según consignó Infobae. En este sentido, el fallo subraya que el abono de la cuota alimentaria no es una opción sino una responsabilidad legal y humana, por lo que ordenaron su inscripción al Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

En cuanto a la denuncia por violencia de género, iniciada en 2024 por Cassiau, continúa frenada hace un año a pesar de las pruebas contundentes que presentó la víctima, patrocinada por el abogado Roberto Herrera. La fiscal Lorena González, de la UFI N°3 de Ezeiza, en quien recayó la causa, se declaró incompetente.