La Justicia cordobesa liberó a Paola Ortiz tras 13 años presa por la muerte de su beba

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba redujo la pena de prisión perpetua a 13 años, tiempo que ya cumplió en la cárcel, al reconsiderar el contexto de violencia, pobreza extrema y desprotección que atravesó en su parto en soledad.

Después de más de 13 años en prisión, Paola Verónica Ortiz recuperará la libertad. La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba revisó la condena a prisión perpetua que la mujer cumplía desde 2015 por la muerte de su hija recién nacida.

En un fallo con perspectiva de género, los magistrados fijaron una pena de 13 años, 9 meses y 26 días para la mujer, que equivale justamente al tiempo que lleva encarcelada. El hecho ocurrió el 31 de octubre de 2012 en Villa Nueva, cuando Paola atravesó un parto en absoluta soledad.

La causa, recalificada en el juicio como homicidio calificado por el vínculo, derivó en la máxima pena. Sin embargo, por un reclamo de la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir, organizaciones feministas y de Derechos Humanos, entre ellos el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) y la UNC (Universidad de Córdoba), el máximo tribunal cordobés aplicó un enfoque integral de género para reevaluar la sentencia.

El TSJ no absolvió a Ortiz, pero determinó que la condena original ignoró las múltiples causas de vulnerabilidad que atravesaba: se valoró la violencia psicológica y económica de su expareja, sumada al sometimiento de su exsuegro, quien le exigía relaciones sexuales a cambio de un techo. Además, la amenazaba si quedaba embarazada de otro hombre.

Al contemplar las circunstancias extraordinarias de la madre, la Justicia cordobesa aplicó los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre emergencias obstétricas en contexto de pobreza. El TSJ cordobés liberó a Ortiz y sentó un importante precedente en la justicia provincial.

Caso Paola Ortiz: la importancia de las pericias

Las pericias de Ortiz revelaron un nivel intelectual más bajo de la media para su edad (tenía 29 años cuando ocurrió el hecho el 31 de octubre de 2012), antecedentes de abuso y abandono, y un estado de desubjetivización durante el parto que la llevó a actuar como una autómata.

El fallo cuestionó que se la juzgara desde el mandato idealizado de la "buena madre" y que se viera obligada a tener un parto domiciliario sin asistencia médica ni ninguna red de apoyo.

Campaña y apoyos

La causa por la liberación de Paola Ortiz tuvo más de 10 instituciones que se se presentaron como amicus curiae en apoyo al pedido de revisión, entre ellas: Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (Clacai); Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA); Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC; Centro para la Salud y los Derechos Humanos del Instituto O'Neill; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip); Asociación Civil Abogadas por Chaco; Asociación Civil El Telar–Red Feminista Comunitaria de América Latina; Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), y Católicas por el Derecho a Decidir.