La Iglesia católica en Argentina dejó de recibir aportes económicos por parte del Estado

La misma, sancionada en 1979 durante la última dictadura militar, estableció que las autoridades clericales en funciones ganaran un aporte mensual equivalente al 80 % de la remuneración de un juez nacional de primera instancia.

El proceso de renuncia progresiva de la Iglesia Católica al aporte del Estado comenzó en 2018, en un contexto de convulsión social debido al debate por la ley de aborto cuando sectores contrarios a la Iglesia militaron fuertemente la apostasía colectiva y la separación entre Iglesia y Estado.

Luego, en 2020, el Episcopado anunció un plan económico para generar financiamiento propio, que se concretó a través del Programa FE que favorece el auto sostenimiento por medio de diversas campañas de donación.

Por otra parte el Episcopado aclaró que, por resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, los arzobispos y obispos que hayan cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez podrán solicitar de manera particular, con una serie de requisitos, recibir el beneficio de la asignación prevista en la ley, cuyo monto actualmente es de $98.000.