El Gobierno deberá pagar una millonaria indemnización a un asesino múltiple

El Gobierno dispuso el pago de una indemnización al múltiple homicida Guillermo Antonio "Concheto" Álvarez luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenara al Estado argentino por violaciones a las garantías judiciales durante uno de los juicios en su contra.

La medida se implementó a través del 577/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Economía, Luis Caputo; y de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein.

La norma establece el pago por un monto total de u$s11 mil en concepto de "indemnización por daño material e inmaterial".

Quién es "El Concheto" Álvarez, el múltiple homicida que será indemnizado por el Estado argentino

"El Concheto" Álvarez fue conocido en los años noventa por liderar, con apenas 18 años, la llamada "Banda de los Chicos Bien", un grupo que cometía asaltos violentos en restaurantes y bares frecuentados por empresarios y figuras del espectáculo, como Chungo, Café de los Incas, La Parolaccia, Camerún, Harry Cipriani y La Biela.

El apodo de la banda se debía a la pertenencia de Álvarez a una clase social acomodada. Vivía en Acassuso, en San Isidro, y su padre era dueño de dos cines y de un local comercial. Había estudiado en colegios privados de la zona, de donde fue expulsado por exceso de amonestaciones. Años después, sería comparado con Carlos Robledo Puch por el contraste entre su apariencia tranquila y la brutalidad de sus actos delictivos.

Es que los atracos podían salirse de control, como ocurrió en julio de 1996, cuando asesinó a Bernardo Loitegui de dos disparos delante de su hijo para robarle su Mercedes Benz. Finalmente, huyó sin el vehículo.

Concheto Álvarez 3

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Al día siguiente, asaltó con su banda el pub Company. Uno de los presentes, Fernando Aguirre, se identificó como policía, ante lo que Álvarez decidió dispararle a quemarropa y rematarlo en el piso. En el mismo episodio mató a la estudiante María Andrea Carballido, de 24 años, quien festejaba con amigos su cumpleaños. Por estos crímenes fue condenado a reclusión perpetua.

En 2000, ya detenido en la cárcel de Caseros, fue nuevamente enjuiciado por matar a golpes y puñaladas a Elvio Aranda, un preso con el que compartía pabellón.

En diciembre de 2015, los camaristas Ángela Ledesma y Alejandro Slokar consideraron que la pena de prisión perpetua no podía exceder los 25 años y le concedieron la libertad. Sin embargo, fue detenido meses después por un intento de salidera.

En abril de 2020, en pleno aislamiento por la pandemia de coronavirus, frenó un motín en cárcel de Devoto a través de la firma de un acuerdo con representantes del Ministerio de Justicia de la Nación. Hoy permanece en ese penal, donde se recibió de abogado.

La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de "El Concheto" Álvarez

En 2023, la CIDH ordenó revisar la sentencia, bajo el argumento de que se habían vulnerado sus derechos fundamentales durante el proceso, como la presunción de inocencia, la posibilidad de contar con tiempo y medios adecuados para preparar la defensa, la designación de un abogado de confianza y el acceso a un recurso efectivo para recurrir la condena. La Corte determinó que, entre otras irregularidades, el tribunal permitió que el acusado permaneciera esposado durante las audiencias y designó de oficio a una defensora pública que representaba a otro imputado, con quien el acusado solo pudo reunirse una hora antes de iniciarse el juicio.

En agosto de 2024, la Cámara de Casación declaró la nulidad del juicio realizado en 1998 que terminó con la condena a perpetua por los homicidios de Carballido y Aguirre, en el pub Company.

Tras la anulación de la perpetua, Álvarez quedó con tres sentencias firmes: 25 años de prisión por el homicidio del empresario Bernardo Loitegui en San Isidro, cometido un día antes del ataque al pub Company; 18 años por el asesinato de un interno en la cárcel de Caseros en 1997; y seis meses por un robo. Fue detenido desde el 8 de agosto de 1996 y tuvo un breve período en libertad en 2016, antes de ser recapturado por un intento de robo en San Telmo.

Ahora, los jueces deberán decidir si le corresponde la libertad por agotamiento de la pena. Y, además, el Estado argentino deberá indemnizarlo por los errores cometidos desde su detención. Según el decreto presidencial, el monto dispuesto incluye u$s1.000 por daño material y u$s10.000 por daño inmaterial, sumas “fijadas en equidad”, en favor del reclamante.