El escándalo que se desató por el tráfico de bebés argentinos al exterior puso en alerta a las autoridades y obligó a la Justicia a profundizar la investigación. Detrás de la fachada de ayuda reproductiva, se ocultaban operaciones de compraventa de bebés, en las que empresas, estudios jurídicos y clínicas de maternidad explotaban a mujeres vulnerables, convirtiendo la gestación en una transacción económica.
En Argentina, la industria de la fertilización asistida y el turismo reproductivo en algunos países crecieron durante los últimos años y son posibles debido a los grises legales y los huecos regulatorios que permiten estas prácticas poco éticas.
El denominado "Caso 1" surgió en Alemania, donde una madre llevó a su hijo de tres meses al hospital debido a problemas de salud. Este evento destapó una red millonaria de tráfico de bebés en la que participaban personas y organizaciones vinculadas al turismo reproductivo. En este esquema se utilizaban a mujeres gestantes, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad económica, para llevar a cabo embarazos a cambio de sumas en dólares.
La investigación mostró que la beba, que solo contaba con documentación argentina, había sido entregada a una familia a través de un complejo entramado de gestación subrogada ilegal. Esta red involucra tanto a empresas como a estudios jurídicos que facilitan el proceso de gestación, tráfico y entrega de los niños a parejas que no pueden concebir por sus propios medios a través de sumas que llegarían a los u$s50 mil.
INVESTIGAN la RED de "PROGRAMA ARGENTINO": VENDÍAN BEBÉS al EXTERIOR por U$S 50 MIL
Publicidad de los servicios y “Programa Argentina”
Los individuos y empresas jurídicas contra las que se dirige la investigación hacían publicidad de los servicios que brindaban a través de distintas vías de comunicación en el extranjero, mediante el cual parejas que deseaban tener hijos -que no podían llevar adelante un embarazo- los contactaban, a quienes les ofrecían un “servicio” denominado “Programa Argentina” con un valor aproximado de u$s50.000.
Este incluía la selección de la persona gestante, la adquisición de los embriones a implantar, el tratamiento en sí mismo, los controles regulares del embarazo y el posterior parto.
Delito constitucional
La compra venta de seres humanos constituye un delito constitucional inserto en su artículo 15 donde los constituyentes previeron expresamente que “todo contrato de compra venta de personas es un crimen del que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice”.
A estas hipótesis se agregaría, a su vez, la comisión de delitos contra la fe pública por hacer insertar en instrumentos públicos declaraciones falsas, lo que se materializa en los supuestos acuerdos entre la persona gestante y los comitentes presentados por los escribanos públicos ante el Registro Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.