Constitución: el desalojo de 70 familias se postergó hasta el jueves 22

Viven en un edificio sobre la cuadra de Solís al 1800, que esta mañana amaneció vallada. Denuncian que no fueron debidamente notificadas y que no les dan ninguna solución habitacional.

Más de 70 familias resisten un intento de desalojo en el barrio porteño de Constitución. El operativo, que iba a desarrollarse este lunes, se postergó hasta el jueves 22 de septiembre por la intervención de la Defensoría del Pueblo.

La organización Consejerías de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires denunció que la cuadra de Solís 1839, entre avenida Brasil y Pedro Echagüe, amaneció vallada. La Policía de la Ciudad actuó en el lugar con la intención de obligar a los vecinos a abandonar el edificio, pero ya se retiró.



Las familias argumentan que no fueron debidamente notificadas y que no cuentan con ninguna solución habitacional. Si el desalojo se concreta, niños, adultos mayores, personas enfermas y otras que necesitan asistencia de oxígeno quedarán en situación de calle.

Según uno de los familiares de las personas que vive en el sitio, el edificio funciona como un hotel y el propietario del edificio serían quien pidió el desalojo. El hombre, identificado como José, tendría otras casas en la zona donde también alquilaría habitaciones.

"10 días nos dan. Pero hay personas que viven hace 25 años acá, que tienen su casa construida, y en 10 días no consiguen nada. Hay una familia con numerosos chicos. No nos dan ninguna solución, sólo va a haber entes reguladores", denunció una de las vecinas.

"El dueño dice que el desalojo está a nombre de un tal César, que él le alquilaba y falleció hace 10 años. Es decir como que César nos subalquilaba a nosotros. La realidad es que acá hay recibos firmados por él todos los meses, y también hay una encargada con un recibo en blanco que dependía de él", agregó.

Otra de las mujeres señaló que "nos están obligando a firmar, nos tienen amenazados que si no nos sacan con la fuerza pública".

Las familias permanecen dentro de sus habitaciones y piden más tiempo para encontrar otro lugar donde vivir. El operativo fue ordenado por el Juzgado Civil N°93 a cargo de la jueza Paula Andrea Castro.

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