Ampliaron las sanciones en la Ciudad a los deudores alimentarios

La Legislatura porteña actualizó las sanciones a los progenitores que deben la cuota de alimentos de sus hijos. No podrán ir a eventos masivos hasta que no regularicen sus deudas, entre otras penalidades.

La Legislatura de la Ciudad aprobó una serie de modificaciones a la Ley N° 269 que dio origen al Registro Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) y se ampliaron las herramientas legales para facilitar el cobro de deudas.

En la última sesión del año, los legisladores aprobaron que los morosos no puedan ir a eventos recreativos como ir a la cancha, de modo que destinen ese dinero para pagar lo que es su derecho y obligación parental de alimentos.

El proyecto fue presentado por el legislador Juan Manuel Valdés, de Unión por la Ciudad, y fue aprobado por 48 votos afirmativos, 7 negativos, sin abstenciones. Se opusieron los libertarios Marina Kienast, Ramiro Marra, Lucía Montenegro y Leonardo Saifert y del espacio Vamos por Más Juan Pablo Arenaza, María Luisa González Estevarena y Silvia Imas.

Con la actualización del REDAM, serán parte del listado las personas que adeuden total o parcialmente dos cuotas alimentarias consecutivas o alternadas en un mismo año calendario, sean estas alimentos provisorios o definitivos, homologados o fijados por sentencia firme.

"El 98% de las personas afectadas por la falta de pago de cuotas alimentarias son solas y jefas de hogar", destacó Valdés en diálogo con C5N. Según el INDEC, el 68% de estas mujeres se encuentra por debajo de la línea de pobreza.

Cuando se habla de "Alimentos", la justicia de familia se refiere a "todo lo indispensable para el desarrollo integral del niño y adolescente, como la alimentación, vivienda, vestido, asistencia médica, educación y recreación", entre otros rubros.

Cambios en el REDAM

  • La inscripción o baja en el Registro solo se realizará por orden judicial, de oficio o a petición de parte; será gratuita y se comenzará a registrar a todas las personas que deban más de dos cuotas.
  • Las personas registradas tendrán restricciones específicas, como la imposibilidad de obtener habilitaciones, concesiones, licencias o permisos por parte del Gobierno de la Ciudad.
  • Se restringirá su acceso a ciertos beneficios como planes de pago, quitas o financiaciones.
  • En el ámbito laboral y electoral, se requerirá la presentación de un certificado de no inclusión en el Registro. Aplicará a proveedores estatales, postulantes a cargos electivos o judiciales, y nuevos empleados del Gobierno de la Ciudad.
  • En casos de operaciones notariales que involucren a deudores alimentarios, los escribanos deberán comunicarlo al Registro y al juzgado interviniente. La transacción no se completará hasta que se regularice la situación.
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