Advierten que cerraron 50 centros de discapacidad por el ajuste del Gobierno: "Ya no se aguanta"

Raúl Woites, presidente del centro de día Cedime, que asiste a personas con discapacidad en Ezeiza, advirtió que ya cerraron cerca de 50 instituciones debido a que el Gobierno no gira los fondos destinados al sector desde hace varios meses.

En diálogo con el móvil de De Una a cargo del periodista Alejandro Moreyra, por C5N, Woites alertó que la administración de La Libertad Avanza no repartió los fondos a las instituciones que asisten a personas con discapacidad: "Está pasando lo que viene pasando desde hace bastante tiempo. Hay una falta de pagos, tanto a nivel Nación como Provincia".

Discapacidad

"A nivel provincia tienen facturas pendientes desde 2024 y no se regulariza. A nivel Nación, desde noviembre que no se reciben pagos. Esto pasa en muchas instituciones y muchas ya cerraron. Calculo que cerraron alrededor de 50", remarcó.

En tal sentido, marcó que Cedime cerrará la próxima semana en caso de que no se gire el dinero: "Esta semana tuvimos que salir a pedir que nos donen comida porque no teníamos. Llegar a esa instancia nos obliga a cerrar. Estamos en un plan de suspensión de dos días por semana para abaratar los costos. El equipo que tenemos puso el hombro y prescinde su salario de los días que suspendemos, pero ya no se aguanta. Ya no tenemos de dónde sacar".

La nueva Ley de Discapacidad que envió el Gobierno al Congreso

El Gobierno envió al Congreso el proyecto "Contra el fraude de pensiones por invalidez" que modifica la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N°27.793 para establecer un reempadronamiento obligatorio, modificar el financiamiento de las prestaciones y eliminar derechos de trabajadores con discapacidad.

El eje central de la ley está en el empadronamiento obligatorio de todos los titulares de pensiones por discapacidad. Los destinatarios deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. De no hacerlo, la pensión sería suspendida de forma automática.

La norma contempla que "el incumplimiento de los plazos y requisitos del reempadronamiento dará lugar a la suspensión y posterior baja del beneficio".

Aún cumpliendo ese paso, la información proporcionada será fiscalizada a partir de un cruce de datos con ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos. Ante casos dudosos, suspenderán igual la pensión de forma "preventiva".

A su vez, la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley Emergencia Nacional en Discapacidad N°27.793 la dejaría sin efecto y retrotraería la situación a meses atrás. El Gobierno ya no tendría la obligación de aplicarla y cumplirla.

El nuevo sistema fija el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero elimina la posibilidad que tiene el Ejecutivo para otorgar aumentos en concepto de invalidez laboral y de zona geográfica desfavorable.

En cuanto a los montos, ata su evolución al haber mínimo jubilatorio y, en el caso de los aranceles de las prestaciones, se ajustan trimestralmente o por IPC en caso de demoras, y se incorpora una compensación de emergencia vinculada también al IPC para prestadores. Con la ley todavía vigente, la actualización estaba atada al IPC y se realizaba de forma mensual.

De forma regresiva, el proyecto establece la "incompatibilidad absoluta" de las pensiones con cualquier trabajo formal o inscripción en regímenes laborales. Así que las personas con discapacidad que trabajen de forma registrada perderán su pensión. Además de eliminar los programas de inclusión de las personas con discapacidad como a la promoción de programas de reconocimiento de empresas.

Además, el texto autoriza convenios entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la administración y distribución de fondos. De esta manera, elimina virtualmente el nomenclador y desregula la negociación por obra social o prepaga.