La vicepresidenta Victoria Villarruel presentó una denuncia penal contra el diputado Luis Petri luego de las acusaciones públicas que el exministro de Defensa realizó tras la apertura de sesiones que encabezó el presidente Javier Milei en el Congreso.
La presentación judicial fue realizada en los tribunales federales de Comodoro Py e incluye cargos por calumnias, injurias, atentado contra el orden público y amenaza de rebelión, entre otros delitos. La denuncia surge tras una serie de declaraciones de Petri en las que cuestionó el rol de la vicepresidenta dentro del Gobierno.
En una entrevista televisiva, el exministro sostuvo que Villarruel “apostó por el fracaso del Gobierno” y que incluso se habría ofrecido como alternativa política pese a formar parte de la administración de Javier Milei. En ese contexto, también insinuó que la vicepresidenta podría haber tenido aspiraciones de ocupar la presidencia.
Las críticas de Petri se produjeron luego del discurso que el mandatario dio en el Congreso durante la apertura de las sesiones ordinarias. Allí, el dirigente radical interpretó que cuando Milei mencionó a quienes, dentro o fuera del oficialismo, esperaban la caída del Gobierno, hacía alusión directa a la vicepresidenta.
“Ella no ha estado a la altura de las circunstancias”, afirmó Petri en esa intervención televisiva, donde además insistió en que Villarruel no acompañó plenamente la gestión del Presidente.
La respuesta de la vicepresidenta llegó primero a través de las redes sociales. Allí calificó a Petri como un “cosplayer” y lo cuestionó por su desempeño al frente del Ministerio de Defensa. “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”, escribió. El intercambio escaló cuando el propio Petri replicó: “Yo te conozco por golpista”.
Tras ese cruce público, Villarruel decidió avanzar con una denuncia penal en la Justicia federal. En la presentación se invoca, entre otros artículos, el 213 bis del Código Penal, que prevé penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes integren agrupaciones destinadas a imponer ideas o combatir a otros mediante la fuerza o el temor.