Unión por la Patria convocó al resto de la oposición a rechazar el DNU que habilita canjes de deuda sin pasar por el Congreso

El primero en hablar fue Germán Martínez, titular del bloque peronista en la Cámara baja, quien recordó que con la Ley Bases el Gobierno intentó modificar el marco normativo con respecto a la deuda y finalmente debió quitar ese artículo.

"¿Cuál es el apuro? ¿Por qué lo hacen por DNU?", se preguntó el diputado. Luego, consideró que "esto forma parte de los actos preparatorios; están construyendo el camino jurídico para hacer un canje de deuda formal o informal de espalda al Congreso".

"A nuestro criterio, (el ministro de Economía, Luis) Caputo está queriendo construir un paraguas legal distinto al que tuvo (Federico) Sturzengger en 2001 cuando llevó adelante el megacanje que le valió desfilar varios años por tribunales", agregó.

Luego, Martínez convocó al resto de los espacios opositores a tratar el DNU lo más rápido posible y rechazarlo. Sin embargo, recién se podría tratar a fines de octubre, ya que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tiene plazo hasta el 7 de ese mes para enviarlo al Congreso y a partir de ahí son diez días hábiles (máximo 27 de octubre) para tratarlo.

"El marco legal puede ser atractivo para los bonistas pero va a ser perjudicial para los argentinos. Queremos llevar este tema al recinto lo más rápido posible para rechazarlo. Para rechazar este DNU necesitamos de nuestra vocación pero también la de otros espacios políticos para no dejarse atropellar por este Poder Ejecutivo. Nuestro espacio político no va a reconocer ningún tipo de proceso de canje de deuda que se haga en el marco de este DNU del Ejecutivo y que quiera llevarse por delante a la Ley de Información Financiera y sin la debida participación del Congreso", advirtió el presidente del bloque de UxP.

Por su parte, el senador José Mayans advirtió que la deuda pública nacional pasó de u$s377.000 millones a u$s458.000 millones en la actual gestión.

"Esto es un robo a cara descubierta del país. El ministro de Economía tiene la obligación de venir al Parlamento para que explique qué esta haciendo con la deuda y con la plata argentina, además de cómo la van a pagar a esa deuda", señaló.

El polémico DNU del Gobierno sobre el canje de deuda

El Gobierno flexibilizó las condiciones legales para poder realizar canjes en moneda extranjera en medio de las dudas que tiene el mercado por la acumulación de dólares para pagar los vencimientos. Lo hizo a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 846/2024 publicado en el Boletín Oficial.

El DNU le permite al Ejecutivo hacer canjes de deuda en moneda extranjera eludiendo la Ley de Administración Financiera, lo cual sólo estaba permitido para trueques en moneda local.

Antes de este DNU si se quería reestructurar deuda en dólares se debía cumplir con al menos dos de las siguientes tres siguientes condiciones: 1) alargar plazo, 2) bajar intereses y/o 3) reducir capital. Ahora se pueden hacer canjes en condiciones de mercado sin necesidad de cumplir lo anterior.

El decreto se conoció en momentos en que el ministro de Economía, Luis Caputo, viajó a Estados Unidos para mantener reuniones con inversores, quienes siguen con dudas sobre el pago de los vencimientos del año próximo.

El gobierno de Milei ya había introducido esta habitación en la Ley Bases de diciembre 2023, aunque luego tuvo que retirarlo, e incluso el artículo 54 del Presupuesto 2025 presentado hace 1 semana establece la misma habilitación, sorteando los requisitos de la LAF, art. 65.

Lo que establece dicho artículo de la Ley de Administración Financiera “El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64 mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.” (artículo 65)

Con la eliminación de este artículo no queda establecida ninguna pauta para renegociar la deuda. Esto implica que, ante una reestructuración, pueda producirse un incremento en el monto adeudado, aún respetando el cupo de deuda autorizado por el Congreso.